La histórica decisión del Ayuntamiento de Málaga de incorporar al actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) un total de 25 diseminados repartidos en el suelo no urbanizable del municipio (hay que sumar otro que se encuentra en suelo urbano no consolidado), con un total de 770 viviendas, recibe un espaldarazo casi definitivo. Y es que la Junta de Andalucía acaba de validar la operación desde el punto de vista medioambiental, paso indispensable para completar una tramitación que se inició en el año 2015. 

La lista de hábitats que se beneficiados son Locotta-San Antonio (190), Costilla (19), Los Arias (11), El Mallorquín (30), El Ciprés (13), Cortijo del Conde (33), Salinas (33), El Cerrillo (19), Cuesta del Cerrado (112), Casas de Lanza (15), Los Vázquez (22), Los Ruices (8), El Mirlo (15), Matagatos (12), Los Negros (22), Molino de San Telmo (9), Los Pintados (22), Cotrina (21), Valladares (19), Venta El Boticario (12), Venta El Detalle (48), Las Maravillas (18), La Pocaria (15), Las Tres Marías (15) y Alto Jaboneros (37).

Aunque en el dictamen emitido se solicitan ciertas adecuaciones, el mismo, firmado el pasado 8 de noviembre por el delegado de Sostenibilidad Medio Ambiente, José Antonio Vazquez, concluye la viabilidad de la revisión del planeamiento urbanístico de la capital de la Costa del Sol.

Entre las peticiones de ajuste realizadas se encuentra la necesidad de modificar el estudio ambiental estratégico para que quede constancia de que los titulares de viviendas o explotaciones de cualquier índole localizadas en terrenos forestales o en la zona de influencia forestal (400 metros o menos de distancia respecto al terreno forestal más próximo, aun cuando éste no sea arbolado), "deberán adoptar las medidas preventivas reglamentariamente establecidas, en orden a reducir el riesgo de incendio forestal".

Se remarca que las empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings e instalaciones o actividades lúdicas en zona de peligro, así como las asociaciones o empresas con fines de explotación forestal que realicen labores de explotación en dichas zonas, "habrán de disponer del correspondiente plan de autoprotección".

En materia de biodiversidad se destaca que no se ha reflejado la presencia de HIC en la tabla donde se analizan las afecciones específicas para el hábitat rural diseminado Cotrina, "lo que deberá corregirse".

Todos estos núcleos rurales nacieron, en muchos casos, de la autoconstrucción y estaban ligados a mínimas explotaciones agrícolas o ganaderas. Sin embargo, estaban fuera ordenación, lo que les ha impedido durante años tener acceso a determinados servicios.

El objetivo del impulso dado por la Gerencia de Urbanismo no es otro que el de incorporarlos a la ordenación urbanística. A ojos de los técnicos municipales, la vinculación de estos diseminados con el medio agrícola está justificada.