El mercado inmobiliario mira esta semana con atención los últimos avances legislativos que van a afectar de manera directa al sector. El tope de los alquileres al 2% y la futura Ley de Vivienda, con Yolanda Díaz jugando un papel clave para destensar el enfrentamiento existente entre los de Unidas Podemos y los socialistas en el Ejecutivo, marcan la agenda.

Con esta premisa, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha organizado en la capital de la Costa del Sol el foro El sector inmobiliario y el nuevo contexto regulatorio: el caso de Málaga. Su presidente, Joan Clos (quien fuera alcalde de Barcelona entre 1997 y 2006 por el PSC y ministro de Industria con Rodríguez Zapatero), ha alabado el rol que está adoptando el municipio andaluz en este campo: “Vengo a aprender de Málaga”, ha subrayado en presencia del alcalde, Francisco de la Torre.

Clos ha incidido en que “siempre” mantuvieron buena sintonía entre ambas ciudades: “Íbamos compitiendo a ver quién hacía las cosas mejores y últimamente estáis ganando la batalla ampliamente”, ha incidido. Pero entrando en el campo de debate, el político catalán ha destacado que la crisis actual no es de vivienda, “sino de accesibilidad a la vivienda”: “Resolver el problema del hogar asequible no es imposible. Málaga, País Vasco y Navarra son ejemplos de que sí se puede hacer con esfuerzo y voluntad”, ha añadido.

"¿Por qué se va a regular todo el mercado? Si hiciésemos una buena cirugía, el problema se circunscribe seguramente a la mitad. Resolver un problema de 250.000 familias no requiere el lío que se está montando, con amenazas y propuestas que desalientan la oferta"

Durante su intervención, ha realizado un recorrido histórico por las políticas aplicadas en los últimos años, incidiendo en los fenómenos adversos a los que ha habido que hacer frente: la crisis de 2008, la Covid, la inflación (y en el caso de Cataluña, el independentismo, ha abundado) han agravado esta situación.

Según su diagnóstico, el principal foco de atención está en aquellas familias cuyos ingresos conjuntos impiden que se pueda cumplir con la recomendación del Banco Central de destinar un 30% al alquiler. A esto hay que sumar que el tamaño medio, en número de personas es bajo, rondando la franja de las dos unidades. Los 2,8 millones de personas que se encuentran en régimen de alquiler están divididas en tres subgrupos; por un lado, los 500.000 más ricos cuyo esfuerzo está por debajo del 20%; por otro, los 500.000 más pobres, con aportaciones que superan en 40%. En medio hay 1,3 millones que oscilan en esa franja, quedando el promedio en el 26%.

“No tenemos un problema de vivienda en sentido general; sí lo tenemos, y gravísimo, en las 500.000 familias que tienen pocos ingresos y pagan más del 40%. Esta imagen condiciona todo el sector del alquiler y pretende poner en marcha la regulación de todo el mercado de la vivienda”, ha explicado.

Contra el tope a los precios del alquiler

Asimismo, Clos se ha preguntado que “por qué se va a regular todo el mercado”: “Si hiciésemos una buena cirugía, el problema se circunscribe seguramente a la mitad. Resolver un problema de 250.000 familias no requiere el lío que se está montando, con amenazas y propuestas que desalientan la oferta”.

Pese a la crítica, ha sido optimista, apuntando que en el plazo de un año y medio podrá solucionarse: “Es francamente resoluble, sin ser extraordinariamente caro, pero necesario de acuerdo”.

Clos ha expuesto que la regulación de los precios del alquiler no va a servir para acabar con la inflación ni la carestía de vivienda: “Es contraproducente. En España, necesitamos que el mercado del alquiler aumente, no que disminuya. Si fuéramos un país europeo normal necesitaríamos 5 millones de viviendas en alquiler. Ahora solo tenemos tres y casi todas, menos 100.000, son de particulares. Nos faltan 2 millones más para que al menos el 50% estuviese protegido por el sector público y se pudiesen dulcificar los vaivenes del mercado”.

¿Por qué no hay vivienda?

La pregunta que surge tras este análisis es la siguiente. ¿Por qué no hay suficiente vivienda? Para poder encontrar una respuesta, hace falta remitirnos a la situación de los últimos años: “Tenemos 23 millones de viviendas, la mayor parte en propiedad. Siempre se ha primado este régimen”, incluso con incentivos como el especial, para personas cuyo sueldo no llegaba al 2,5% de IPREM.

“Casi toda la que se ha hecho es de régimen diferido de la propiedad (primero en alquiler y, tras un tiempo con opción de venta). Esto ha hecho que haya mucho porcentaje en propiedad. Así se han hecho la mayor parte de nuestras ciudades”, ha expuesto. Las crisis vividas a partir de 2008 provocaron que el precio del mercado en muchos barrios fuera más barato que el módulo de protección pública, aconteciendo un fenómeno “muy interesante”.

“Las instituciones dejaron de presupuestar vivienda pública porque no había demanda. Muchas se quedaron con el stock que no pudieron vender y quebraron. Cuando la economía volvió a florecer, nadie se acordó de volver a presupuestar”. Ahora, en 2023, 15 años después de que comenzara esta situación, el excedente ha desaparecido, adquiriendo el peso del alquiler público una posición “irrelevante”.

“Colau ha mostrado tolerancia con la okupación”

No es el único aspecto al que se ha referido el exalcalde de Barcelona. Clos también ha hecho alusión a la okupación, un “grave problema” que en la Ciudad Condal ha tenido especial trascendencia por las políticas de la actual regidora municipal, Ada Colau: “Viene del sector social y ha mostrado cierta tolerancia con ella”, ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que la actual ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, también lo ha relativizado.

“La okupación es importante cuando las administraciones no han hecho el trabajo de promoción de vivienda social”, ha criticado el político del PSC. En el análisis proyectado durante el foro, Clos ha defendido que el okupa, por su carácter más “atrevido y jeta”, acaba cometiendo una injusticia con compañeros en la misma situación económica, saltándose “la cola” y perjudicando al resto de “compañeros”, que ven empeoradas sus posibilidades: “Desde el sector público se ha de perseguir”.