La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de evitar el juicio por presunto fraude fiscal
La magistrada ve "indicios suficientes" contra González Amador, quien está acusado de defraudar a Hacienda más de 120.000 euros con facturas falsas.
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Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está más cerca de sentarse el banquillo.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha rechazado su intento de evitar el juicio por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza desestima el recurso presentado por la defensa del empresario contra la resolución que acordó, el pasado mes de mayo, continuar con la tramitación del caso por procedimiento abreviado.
La jueza considera que existen "indicios suficientes de participación de los investigados en los hechos imputados", y defiende que no se ha producido "ninguna indefensión", como alegaba la defensa, por la denegación de ciertas diligencias solicitadas. Las califica de "innecesarias" e "inútiles" en esta fase del proceso.
Entre ellas, los abogados de González Amador reclamaban poder presentar una prueba pericial. Sin embargo, la instructora reprocha que no lo hicieran durante los casi quince meses de instrucción. "Ni siquiera se indica una fecha aproximada de aportación del informe", afea la magistrada, que advierte además que su admisión ahora habría supuesto una "dilación indebida del procedimiento".
![Alberto González Amador, novio de Ayuso, a su llegada a Plaza de Castilla.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/02\/24\/actualidad\/926667491_253364423_320x180.jpg"])
El auto también menciona el peso de los informes emitidos por las inspectoras de Hacienda, ratificados en sede judicial, así como de los casi 1.500 documentos incorporados al expediente administrativo.
Un caso que nació en Hacienda
La investigación judicial arrancó a raíz de una denuncia de la Fiscalía, sustentada en un informe de la Agencia Tributaria. Según este documento, González Amador habría defraudado al fisco más de 120.000 euros en el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios de 2020 y 2021.
El fraude se habría cometido mediante el uso de "gastos ficticios" y facturas que no reflejaban servicios reales.
Algunas de ellas habrían sido emitidas por sociedades instrumentales con el objetivo de reducir la cuota tributaria. Entre las entidades investigadas se encuentra Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente.
El empresario negó durante su declaración judicial haber ocultado ingresos, entre ellos los procedentes de Quirón Prevención. Lo hizo después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara ampliar la causa a otros posibles delitos distintos de los investigados inicialmente.
