España, uno de los países 'ricos' que menos años de vida laboral usa para calcular la pensión y la OCDE avisa: no es sostenible

Exactamente, ha advertido de que España –junto a Francia– son los únicos países ricos que usan menos de 35 años para el mencionado cálculo. En la lista de la OCDE también se incluyen Colombia y Costa Rica.

Que España use una fracción relativamente pequeña de la vida laboral hace que las pensiones iniciales sean más altas, lo que pone en duda la sostenibilidad del sistema.

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Por ello, la institución dirigida por Mathias Cormann ha aconsejado ampliar el periodo.

Aunque reconoce que ha dado un paso hacia “las mejores prácticas” al extender el periodo de referencia a los mejores 29 años, sugiere ir más allá y llevarlo a 35 años para reforzar la estabilidad financiera del modelo de pensiones.

En España, el cálculo de la jubilación se apoya hoy en dos grandes reformas encadenadas que todavía se están desplegando.

La primera, aprobada en 2011, alarga de forma gradual el periodo de cómputo desde 15 hasta 25 años, una transición que culminará en 2027 y que ya está incorporada en la mayoría de nuevas pensiones.

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La segunda, sellada en 2023, no sustituye a la anterior, sino que se superpone sobre ella y la estira aún más.

Ese paquete introduce desde 2026 un sistema dual que permitirá pasar progresivamente de los 25 años actuales a un máximo de 29, con posibilidad de dejar fuera los meses de peor cotización.

A partir de ahí, la Seguridad Social calculará la base reguladora eligiendo la opción más favorable para cada nuevo jubilado y, una vez fijada la pensión inicial, la actualizará con la inflación medida de cada ejercicio.

Esto garantiza las subidas automáticas de estas prestaciones, pero también incrementa el coste para las cuentas públicas de forma sostenida.

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Como ejemplo, las pensiones contributivas subirán en 2026 un 2,6%. El alza de 2025 fue del 2,8% y el de 2024, del 3,8%.

Siguen a los repuntes del 8,5% de 2023 y del 2,5% de 2022, por mencionar sólo los últimos incrementos.

Otros modelos

En Francia, las pensiones del régimen general se calculan con el promedio de los mejores 25 años de salario. En Costa Rica se toman como referencia los 25 años finales de la carrera laboral.

Colombia es un caso híbrido. La norma permite elegir entre dos opciones: los 10 años finales de cotización o el promedio de toda la vida laboral, aplicándose la opción más favorable al trabajador.

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España es, por tanto, una rara avis. La norma entre los países desarrollados es utilizar toda la carrera laboral como base para el cálculo, ya sea a través de sistemas de puntos o esquemas de contribución definida nocional (NDC).

Es el caso de Austria, Bélgica, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Corea, los países nórdicos o buena parte de Europa del Este.

Cuando no usan la vida laboral completa, suelen utilizarse periodos de cálculo más altos que los de España.

Portugal recurre a los mejores 40 años y Eslovenia y Estados Unidos, a los mejores 35.

Por qué importa

El periodo de cómputo no es un tecnicismo menor, ya que determina qué parte de la vida laboral se tiene en cuenta para fijar la pensión.

Muchas carreras profesionales empiezan con salarios bajos, siguen con una etapa de progresión y suelen culminar con los mejores sueldos en la parte final.

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Es decir, si sólo se miran los últimos 25 años, se ignoran buena parte de los años malos. El resultado es una pensión inicial más elevada que si se calculara sobre 35 años o sobre toda la vida laboral.

En España esto se traduce en una tasa de reemplazo –la proporción del último salario que cubre la pensión– de las más altas de la OCDE, al tiempo que las proyecciones de gasto en pensiones sobre el PIB sitúan a nuestro país a la cabeza del club durante las próximas décadas.

29 años no bastan

La combinación de un cómputo corto, la revalorización de las pensiones con la inflación y una población cada vez más envejecida refuerza la presión sobre las cuentas públicas.

Los avisos no vienen sólo de la OCDE. Fedea ha sido especialmente crítica con la última reforma de las pensiones.

En sus evaluaciones, los economistas de la fundación señalan que ampliar el periodo de cómputo hasta 29 años con posibilidad de descartar 24 meses malos reduce muy poco el gasto futuro.

Lo que plantea es extender gradualmente el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, sin permitir descartes, y endurecer otros parámetros de acceso a la jubilación.

El objetivo explícito es “reducir la actual tasa de prestación”. Esto es rebajar la relación entre pensión y salario medio para que el sistema deje de ser “excesivamente generoso en relación con sus recursos”.

El problema no es sólo cuánto se paga, sino cuánto tiempo. La esperanza de vida al jubilarse sigue aumentando, la edad efectiva de retiro no sube al mismo ritmo y la base de cotizantes se resiente por la demografía y la precariedad laboral.

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En ese contexto, cualquier parámetro que eleve la pensión media –como un periodo de cálculo corto o la revalorización plena con la inflación– actúa como un acelerador de un desequilibrio que ya es estructural.

A esto se suma la tensión sobre la llamada hucha de las pensiones. Tras años prácticamente agotado, el Fondo de Reserva cerró 2024 con unos 9.400 millones de euros gracias a aportaciones adicionales, principalmente del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Aunque la cifra representa una recuperación respecto a años anteriores, sigue siendo insuficiente frente al gasto.

Es la razón por la que la Seguridad Social necesita transferencias del Estado de más de 40.000 millones de euros para cuadrar las cuentas y garantizar el pago de las pensiones.

Este refuerzo se ha convertido en un elemento estructural del sistema, que depende de los presupuestos del Estado para mantener su sostenibilidad a corto plazo.