Sánchez renuncia a más de 3.000 millones de créditos Next Gen para vivienda social alegando "falta de demanda"

Entre los programas que saldrán más perjudicados por este descarte se encuentra la línea de préstamos ICO para la Promoción de la Vivienda Social, cuya dotación inicial ascendía a 4.000 millones.

Justo cuando la crisis de vivienda alcanza en España niveles sin precedentes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha comunicado a Bruselas que la medida se ha vuelto "parcialmente inviable" por la "falta de demanda". Por ello, ha solicitado reducir la financiación en más de 3.000 millones, dejando la línea en apenas 750 millones.

Sánchez se inventa un "fondo soberano" con los Next Gen para no perder 10.500 millones que tendría que haber invertido

El objetivo de estos créditos, canalizados a través del ICO, era "incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación para la construcción y renovación de viviendas sociales asequibles y eficientes desde el punto de vista energético, así como para desarrollar mercados de capitales en estos ámbitos".

El mecanismo funciona concediendo préstamos directamente o a través de intermediarios a promotores privados, así como a entidades del sector público que realicen actividades similares.

Lo paradójico es que, al mismo tiempo que renuncia a tres cuartos de los créditos Next Generation para vivienda social, Pedro Sánchez ha pedido a la Unión Europea crear un fondo específico para fomentar la construcción de pisos protegidos.

La última adenda del Plan de Recuperación de España incluye también otros recortes en las actuaciones en vivienda. En primer lugar, el Gobierno reduce la ambición del programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, escudándose en el impacto de la inflación.

En su versión anterior, el plan preveía destinar 950 millones de euros en subvenciones para "la finalización de al menos 20.000 viviendas para alquiler social o a precios asequibles que cumplan los criterios de eficiencia energética". Tras la revisión, la cifra se rebaja a 17.365 unidades y ya no se menciona ninguna cantidad específica de ayudas.

Finalmente, el Gobierno de Sánchez ha descafeinado el programa de rehabilitación de edificios residenciales para reducir el consumo de energía alegando "limitaciones en las cadenas de suministro y dificultades técnicas imprevistas".

Mientras que el plan original contemplaba al menos 231.000 actuaciones en, como mínimo, 160.000 viviendas individuales, la nueva adenda establece objetivos mucho más modestos: un total de 32.390 certificados de eficiencia energética para viviendas o edificios residenciales y una deducción acumulada de 700 millones en declaraciones de la renta por obras de rehabilitación energética.

Al mismo tiempo que renuncia a créditos europeos que ya tenía adjudicados para vivienda, Sánchez ha señalado al sector de la construcción como una de las prioridades del Fondo Soberano que tiene previsto crear (llamado España Crece), con una inyección inicial de 10.500 millones de créditos Next Gen.

Mientras que todas las actuaciones del Plan de Recuperación deben concluirse obligatoriamente para agosto de 2026, la ventaja de este Fondo Soberano es que permitiría seguir movilizando financiación en el largo plazo y sin las condiciones que exige la UE.

En esta última revisión, el Ecofin ha aceptado modificar un total de 162 hitos y objetivos del Plan de Recuperación, no sólo para tener en cuenta la renuncia a 60.000 millones en créditos, sino también para facilitar el cumplimiento de las condiciones para recibir los 25.000 millones pendientes en subvenciones.

En este sentido, la adenda suprime un total de 17 reformas con rango de ley que el Gobierno de Sánchez no podía sacar adelante por falta de mayoría parlamentaria.

El ministro Cuerpo asegura que en la mayor parte de los casos (12 de 17) estas leyes no estaban relacionadas con problemas estructurales identificados por Bruselas, como la Ley del Cine o la Ley de Modernización de la Pesca. El resto han sido sustituidas por soluciones de rango normativo inferior.

Tras el visto bueno del Ecofin, el Gobierno tiene previsto presentar en los próximos días la sexta petición de pago de 6.000 millones de euros, que será la penúltima.

Al mismo tiempo, en febrero concluye el plazo de seis meses que ha dado la UE para cumplir dos reformas pendientes de pagos anteriores: la subida de los impuestos al diésel y la reducción de temporalidad en el sector público. Si el Gobierno no logra sacarlas adelante, España perdería de forma definitiva los 1.000 millones de euros que se le congelaron en julio.