El PP rearma su discurso económico: menos IRPF, más viviendas, energía nuclear y sacar al Estado de las empresas

En los cuarteles del PP se va a apostar por un sistema liberal de reformas y mensajes claros a la ciudadanía, ante la debilidad institucional de un Ejecutivo hipotecado por la obligación de pactar todas las iniciativas clave en materia fiscal, energética o laboral con los nacionalistas vascos y catalanes.

Revisión y recorte de impuestos a las clases medias, reglas básicas y comunes en la ordenación territorial, una política energética flexible pactada con las grandes eléctricas, reducción al mínimo del capital público en las empresas y suelo para construir muchas viviendas serán la clave.

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Para Nadal y su equipo de cinco asesores fieles en materia económica, cuestiones como la obligación de atender en catalán para las empresas o la quita de deuda autonómica son ejemplos de la "parálisis" e "incapacidad" que sufre el Gobierno.

En el PP lo entienden como dos concesiones claras a los nacionalistas catalanes ante la necesidad de buscar apoyos para los Presupuestos, por más que Moncloa prácticamente haya tirado la toalla ya en este empeño.

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Frente a un modelo que premia a quienes suben impuestos y son menos eficientes en el gasto, el nuevo mensaje económico del PP plantea una revisión profunda de todos los impuestos, sobre todo el IRPF, para que ciudadanos y empresas hagan el esfuerzo fiscal mínimo necesario.

Es un clásico en el seno del PP la denuncia del "castigo fiscal" de las clases medias en el IRPF, cuyos mínimos y máximos en exenciones, tarifas y retenciones serían sometidos a un escrutinio que justifique su existencia, más allá del simple afán recaudador.

En el partido de Núñez Feijóo son conscientes de que nunca se había obtenido una recaudación tan alta en España, sin descontar la inflación en las tarifas. Pero también de que ese sacrificio de las familias no está sirviendo para tener mejores servicios o reducir deuda.

La economía crece pero las cosas no mejoran. Ese cansancio crónico de la población en materia económica es lo que el PP quiere combatir para devolver la ilusión a quienes se sienten defraudados con la estrategia de Sánchez y sus socios de Gobierno.

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Frente a la polémica inerte sobre la reducción de jornada o la reforma de las pensiones, el problema a resolver está en atajar el envejecimiento de la población y ver cuáles van a ser los empleos del futuro, no agotar los del pasado.

La apuesta es crecer con más tecnología, no solo con turismo. La calidad institucional e independencia de los organismos reguladores es clave incluso para lograr que la productividad se descongele y evitar que el PIB y el empleo se desmoronen de repente.

Y con todo ello, una descarbonización flexible, pactada con el sector, sin atascos en la distribución y sin desechar lo que ya funciona y no contamina, como las nucleares.

Empresas públicas y defensa

A un técnico comercial del Estado como Alberto Nadal, que ha vivido una década en EEUU y conoce bien la realidad geopolítica global, no se le escapa que la inversión en defensa se ha convertido en un caballo de batalla indispensable para no vivir aislados del resto de la humanidad.

El PP siempre se ha alineado en este tipo de problemas complejos con la postura de la UE, sin que eso suponga que haya que invertir en defensa más de lo necesario. Pero es la oportunidad de crear y reordenar una base industrial y tecnológica que no teníamos.

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Pero en el ideario liberal del PP lo que encaja mal, en defensa y en otros sectores como las telecos, la banca y hasta la vivienda, es la injerencia del Estado en las empresas que lideran sectores estratégicos.

Una cosa es proteger a esas grandes compañías, porque son sistémicas para ofrecer servicios básicos al Estado y la población. Y otra muy distinta es mantener participaciones públicas millonarias en Telefónica, Indra o Caixabank, entre otras.

La lucha a muerte contra la intervención pública en el sector privado tendrá como gran campo de pruebas la política de vivienda. Solo si se llegan a construir las 600.000 viviendas que el mercado necesita se solucionará el problema. Lo demás son parches que merman la oferta y suben los precios.

El PP siempre ha abogado por liberalizar suelo y eliminar trabas a la construcción residencial, en una estrategia que está cedida a las CCAA pero de la que depende en gran parte el sostenimiento de la economía a medio plazo.

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El otro reto es recuperar la productividad y mantener la inversión industrial sin que tenga que ser el Estado el que entre a salvar todas las empresas en dificultades.

Este círculo virtuoso de la economía ya lo ha puesto en marcha el PP en otras legislaturas, aunque se viera truncado por la gran crisis financiera. Ahora se trata de adaptarlo a los cambios sociales y la revolución tecnológica que se avecina para evitar que la economía española muera de éxito.