La paralización de la Ley de Industria en el Congreso pone en riesgo nuevos fondos UE y planes estratégicos en defensa

Siete meses después, nada más lejos de la realidad. El proyecto lleva más de quince prórrogas para introducir enmiendas, las patronales piden más financiación y menos planes sobre el papel, y los partidos políticos no lo marcan ya como una prioridad.

Mucho menos con el Gobierno en plena crisis institucional. Fuentes parlamentarias aseguran que, aunque se dejara de prorrogar el periodo de enmiendas, el debate parlamentario y la falta de apoyos garantizados pueden retrasar la aprobación de esa norma, al menos, hasta final de año.

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Desde el Ministerio de Industria ya se han dado por vencidos en lo que respecta a un visto bueno parlamentario rápido y "confían" en que se pueda abordar en el nuevo periodo de sesiones, a partir de septiembre.

La nueva norma pretende actualizar la legislación marco actual, que se hizo hace 30 años, y reducir trámites burocráticos para las pymes industriales sostenibles, atraer capital extranjero y garantizar la innovación y la autonomía estratégica del sector industrial español.

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En el contexto político actual y el parón que han generado los casos de corrupción del PSOE, esos objetivos se ven muy lejos desde instituciones como Fedea, preocupada por las empresas más pequeñas, y patronales como la química o la energía, con socios de mayor envergadura industrial.

Hasta líderes cercanos al PSOE, como el presidente de Telefónica, pedían menos trámites y más tecnología en la política industrial esta misma semana, si España no quiere quedarse atrás en la autonomía estratégica que se ha marcado como objetivo.

Otros foros implicados, como los de la industria de defensa, consideraban básica la norma para reducir burocracia, coordinar ministerios, controlar la cadena de suministros tecnológicos y lograr autonomía en su producción, como pide Europa en su plan de rearme.

Fuentes del sector aseguran ahora que todo ese planteamiento ha sido ya superado por el sector y la estrategia de la UE, de forma que la ley, además de llegar tarde, llega sin una aportación financiera definida, con lo que "no va a servir para nada".

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La falta de un fondo de financiación con una dotación asegurada (se maneja la cifra de un mínimo de 2.500 millones) es también la principal crítica que se hace desde la industria química o las energéticas, que no ven forma de financiar ni coordinar la innovación para obtener "soberanía industrial", sin dinero.

El 'think tank' de la CEOE, Fedea, ha sido incluso más duro en un reciente análisis del proyecto. Asegura que, además de nacer sin financiación, la falta de definición de los consejos y organismos de control que plantea alejan la participación de pymes y autónomos, como era su objetivo.

A su entender, se imponen además una serie de procesos y certificaciones por obligación que, lejos de reducir la carga administrativa de las pequeñas empresas, la aumentan más.

"La vaguedad en la definición de 'ecosistemas estratégicos' y los 'retos estratégicos' podría marginar a pymes y autónomos", advierte Fedea.

Más PERTEs

A pesar de los retrasos en las enmiendas, desde el Gobierno siguen defendiendo que la norma cuenta con "un amplio respaldo entre los sectores industriales, organizaciones empresariales y sindicatos".

Industria asegura que una de las claves de la ley, que es la continuidad de los PERTEs más allá de la llegada de los fondos europeos, no se ve alterada por los retrasos en el trámite parlamentario, porque son instrumentos que ya existen y se están desarrollando en estos momentos.

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"De igual manera, se sigue avanzando en todas las áreas de política industrial en coordinación con el resto de departamentos ministeriales en materias como la descarbonización o la digitalización de la industria, entre muchas otras", señala el Ministerio de Industria.

Frente a ello, fuentes políticas consultadas en los partidos nacionalistas y la oposición han advertido que hay que hacer todavía mucho trabajo de "depuración", porque entra en competencias que pueden ser exclusivas de los gobiernos autonómicos.

No se descarta que, incluso cuando se acabe con el interminable periodo de negociación con los partidos, se plantee incluso alguna enmienda a la totalidad, lo cual dejaría 'tocada' la aprobación final de una ley que, por ahora, plantea más dudas que certezas.

A los partidos en liza tampoco se les escapa el momento de parón administrativo y parlamentario que supone ahora la debilidad del Gobierno de Sánchez, con lo que una ley marco, como esta, no es la más urgente.

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De hecho, gobiernos como el de Castilla-La Mancha ya han anunciado que aprobarán su propia ley de industria en el plazo de un año, "pase lo que pase", a la vista del "mercadeo legislativo peligroso" que caracteriza el escenario político nacional.

La idea de García-Page es tener una norma que controle y haga seguimiento del dinero público que se dedica a la industria, a la par de ofrecer estabilidad y transparencia a los inversores extranjeros a la hora de apostar por una región concreta.