Gobierno y PP dispuestos a alargar la vida de las nucleares dentro del plan para paliar los efectos de la guerra de aranceles

Los populares tienen presentada una proposición de ley en el Congreso en este sentido, con los votos "asegurados" para que salga adelante, dado el apoyo garantizado a la iniciativa de Junts, de Vox y de UPN. "El PNV es muy posible que se sume, y lo lógico es que ERC no vote en contra", explican fuentes parlamentarias del PP, "siempre que el Gobierno no bloquee la iniciativa, como suele hacernos".

Ahora, con una difícil negociación del plan para paliar el efecto de los aranceles, no habría motivo. Porque fuentes del PP confirman a este diario que la formación de Alberto Núñez Feijóo podría retirar el texto en el caso de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo en las próximas semanas. "Siempre que el pacto sea serio y nos dieran garantías, claro".

Fuentes de Moncloa, por su parte, confirman a este diario que si la decisión es necesaria para garantizar la energía de soporte para la industria y para cubrir las necesidades de los españoles, "el Gobierno está dispuesto a prolongar la vida útil" de las plantas. Siempre y cuando las empresas energéticas implicadas lleguen a un acuerdo entre ellas y lo presenten al Ejecutivo. 

Además, las citadas fuentes gubernamentales añaden que Pedro Sánchez nunca se ha pronunciado "explícitamente contra esta fuente de energía", señal de que hay voluntad de revertir el apagón atómico.

Lo cierto es que es difícil encontrar declaraciones del presidente en ese sentido, si bien en julio de 2022, ante el comité federal del PSOE sí que se pronunció: "Vamos a avanzar con determinación en la transición ecológica; ni un paso atrás ni, por supuesto, vamos a caer en viejos trampantojos con la vuelta a la energía nuclear".

En España hay cinco centrales con siete reactores activos.

Calendario de cierre de las centrales nucleares en España. MITECO

Hay dos en Almaraz (Extremadura), los primeros en tener agendado su cierre, entre noviembre de 2027 y octubre de 2028. Tres reactores más en Tarragona, dos en Ascó que prevén ser apagados en octubre de 2030 y en septiembre de 2032; y uno en Vandellòs, que dejaría de funcionar en febrero de 2035.

Además, uno más en Cofrentes (Comunidad Valenciana), que se apagaría en noviembre de 2030. Y el que sería el último en cerrar, en Trillo (Guadalajara), en mayo de 2035.

Esperanza fundada

El plazo de "semanas" que impone el PP no es caprichoso. Ni lo es que el asunto más proclive al acuerdo dentro del plan de competitividad planteado por los de Feijóo sean las nucleares.

El decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para paliar los efectos de la imposición unilateral de aranceles a la UE por parte de los EEUU de Donald Trump tiene que ser convalidado en los 30 días posteriores a su publicación en el BOE. Y ya han pasado los seis primeros.

El aplazamiento del último pleno de abril, al que Francina Armengol se negaba, de repente se desbloqueó la semana pasada. Y eso da algo más de margen para negociar lo que sería el primer gran pacto de Estado de la legislatura.

Quedan apenas cuatro semanas, pues, para que en el primer pleno de mayo el Congreso vote si aprueba o no el texto legal urgente acordado por el Gobierno. Y el PP ya ha advertido de que no lo votará a favor, salvo que el Ejecutivo acepte alguna de las propuestas incluidas en el decálogo que envió Bravo a Cuerpo el pasado lunes.

El PP cree que, de entre lo que plantea, "lo más urgente y además lo más sencillo de que nos acepten es la prolongación de la vida de las nucleares".

Así explica un portavoz popular las fundadas esperanzas en que Moncloa rectifique: "Por un lado, porque toda la UE va en sentido contrario a nosotros. Y por otro, porque la vicepresidenta sectaria que lo impuso, Teresa Ribera, ahora subvenciona la energía atómica desde la Comisión Europea ayudando a la extensión de la vida de las centrales belgas".

Además, añade, "porque la UE pactó hace ya más de un año que la atómica es una fuente energética verde de transición. Y finalmente, porque las grandes inversiones que están llegando a España ya están poniendo en duda sus proyectos si no les aseguramos un flujo electrointensivo fiable".

Y el Gobierno es consciente de que sin las nucleares, por muy líderes que seamos en España en renovables, "de momento, no llegamos".

Por ejemplo, Madrid depende en más de un 14% de lo que aporta Almaraz. Aragón ya ha expresado su preocupación porque estarían en riesgo parte de los 44.000 millones de inversión en grandes centros de datos captados para los próximos años si se cierran las plantas de Vandellòs y Ascó, en Tarragona.

Otras dos comunidades alegan que no podrían responder a la demanda actual y, menos aún, a la prevista. Cataluña depende "casi al 60%" de las plantas de Tarragona. Y del consumo energético actual en la Comunidad Valenciana, "en reconstrucción" tras la dana, el 45% proviene de Cofrentes, según el Gobierno de Carlos Mazón.

Señal silenciosa de Moncloa

El Gobierno ya ha mandado, además, la primera señal silenciosa de su disposición a rectificar su negativa, hasta ahora, en este campo.

La primera fase de licitaciones para el desmantelamiento de Almaraz se inició en junio de 2024, con la publicación por parte de la empresa pública Enresa de las condiciones para los planes de ingeniería que precisa este proyecto.

La adjudicación tendría que haberse publicado ya. Pero el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen no ha movido un dedo. En el PP dan por hecho que Moncloa está buscando una excusa para rectificar, y que "ésta puede ser su oportunidad, y todos saldríamos ganando; sobre todo los españoles".

Además, con el permiso de Moncloa, Iberdrola va a llevar al consejo de la planta de Almaraz un estudio sobre la propuesta de prórroga para la central. La compañía es la principal accionista de la instalación, junto a Endesa y Naturgy, a las que propondrá el plan de extensión de su vigencia, también en la primera semana de mayo.

La vicepresidenta Aagesen habría comunicado a las eléctricas que, una vez acuerden entre ellas, el Ejecutivo está dispuesto a reunirse para discutir el plan de extensión de vida de las nucleares. Según Moncloa, quedarán dos asuntos a resolver: por un lado, las bajadas fiscales que prevén plantear las compañías; y por otro, el problema de los residuos.

Sin embargo, fuentes de su Ministerio alegan que no hay nada que negociar entre el Gobierno y los populares, que todo depende de las empresas energéticas y de que su plan, en caso de acordarlo, sea abordable. Otras fuentes del PP alegan que el Ejecutivo tendría dificultades para 'vender' esta rectificación a sus socios y que, por tanto, de momento siguen apostando por presionar con su proposición de ley. 

"Un decreto muy flojo"

Cuerpo recibió el documento con las propuestas del PP, junto con una carta de Bravo, el lunes pasado por la tarde.

Se había elaborado a partir del programa político de los de Feijóo, y por eso incluye bajadas de impuestos (deflactar el IRPF y eliminar el de producción eléctrica) y de cotizaciones (a las empresas afectadas por la política de aranceles).

También contempla reducciones de burocracia, en línea con los planes de la Comisión Europea, que preside la popular Ursula von der Leyen (que se reunió con Feijóo el miércoles pasado en Bruselas).

Pero el catálogo está enfocado a las circunstancias económico-comerciales actuales, y elaborado tras consultar con los sectores productivos afectados y las comunidades autónomas, gobernadas en su inmensa mayoría por los populares. Con todos ellos se había reunido la cúpula de Génova esa misma mañana.

Bravo se lo remitió a Cuerpo "con la esperanza" de que el Gobierno incluyera alguna de sus iniciativas en el decreto. "Pero finalmente, sólo introdujeron dos ideas y media. Pura cosmética para aparentar que habían dialogado con nosotros, mientras colaban una disposición sospechosa, pactada con el independentismo, como coartada para echarnos de la negociación", apunta otra fuente popular.

"Si el Gobierno quiere nuestros votos, tendrá que demostrar su voluntad", continúan las fuentes del PP. "Porque el decreto es, por un lado, muy flojo, aportando sólo créditos y avales y apenas 400 millones nuevos de los 14.100 publicitados".

Por otro, alega el PP, "el texto es puramente reactivo y a corto plazo, aporta ayudas ante un mal que nos viene de fuera, pero no replantea qué estamos haciendo mal y debemos mejorar para que nuestra economía sea más competitiva y esté preparada para resistir y ganar posiciones en un escenario que se va a prolongar mucho en el tiempo".

La vía de contactos abierta es, en todo caso, muy frágil y sólo sujeta por la "cordialidad" entre el ministro y su homólogo del PP. Los populares, incluso, dieron por rotas las conversaciones tras saber que Junts presumía de haber pactado un reparto "territorial" de las ayudas.

"Hoy estamos más lejos de apoyar el decreto parche", apuntó Feijóo desde Bruselas, al sentirse "engañado" por un presunto "pacto oculto" con Carles Puigdemont. Una conversación telefónica más entre Cuerpo y Bravo reabrió el canal de diálogo, y ahora todo pasa por las nucleares.

El PP quiere aprovechar la coyuntura para obligar al PSOE a rectificar y, o bien apoyar la proposición de ley que registró en el Congreso el pasado 4 de abril su vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, o bien retirarla siempre que se sustituya por otra conjunta. Foment de Treball, la patronal catalana, lleva meses hablando con ambas partes para lograr un acuerdo.

Feijóo conseguiría, de este modo, un enorme éxito político marcando la agenda legislativa del Ejecutivo. Prolongar la vida útil de las nucleares no tiene ninguna repercusión sobre las cuentas del Estado, razón por la que el Gobierno no estaría más dispuesto a tragar con las bajadas de impuestos, que el PP ve "imposible" que sean asumidas por el PSOE.