Trenes, incendios, apagones, alquileres, médicos: la España colapsada agota la paciencia

Las crisis institucionales y políticas hacen daño a la credibilidad y la convivencia de un país. Sobre todo si no se sabe bien cuándo se ha cruzado el límite del ¡basta ya!

Vivienda, transportes, incendios, inmigración, sanidad, educación, empleo, energía, opa, cupo catalán, presupuestos... ¿Dónde está el final de la España que no funciona?

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El Congreso y el Senado acumulan más de cien iniciativas legislativas pendientes o en tramitación, mientras Pedro Sánchez bate el récord histórico de decretos-ley con 155 en los siete años que lleva en el poder.

Pero esa hiperactividad en los decretos se ha reducido a la mínima en 2025, a medida que el atasco parlamentario y el bloqueo político demuestran que las cosas no funcionan y que los recursos se agotan.

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Todo apunta a un fin de ciclo político que tendrá su gran prueba de fuego este otoño, cuando todo parece indicar que será prácticamente imposible aprobar unas cuentas públicas que pongan orden en el reparto del dinero de todos, algo que está en caos desde 2023.

La oposición 'a fuego' del PP y Vox, unido a la postura chantajista de formaciones como Junts o ERC, han erradicado los pactos de Estado en España y abocan al Ejecutivo a una hambruna legislativa de consecuencias que pueden ser graves para la ciudadanía a medio plazo.

El rechazo al cupo catalán como modelo de financiación autonómica enquista un problema que lleva desde 2013 sin solución.

Incluso 'regalando' dinero con la quita de deuda a las CCAA no logra convencer, a priori, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, a los barones del PP.

Energía en pie de guerra

El logro que supuso bajar el precio de la luz en plena guerra de Ucrania y mantenerlo en niveles bajos ahora se ha quedado eclipsado por un sector energético en pie de guerra, del que depende en gran medida que a todos nos funcione la luz.

El Ejecutivo ha admitido finalmente que hay que poner más redes eléctricas y puntos de salida para la generación de energía, a la vista de que la demanda que viene desde las industrias y las empresas hasta los centros de datos tira del consumo con fuerza.

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Pero son las grandes eléctricas y Redeia quienes deben invertir. De momento, la tasa de remuneración que ofrece el Gobierno se ha quedado 2.800 millones de euros por debajo de las expectativas hasta 2031, y amenaza con ahogar a un sector básico como motor económico.

Transición Ecológica fue incluso incapaz de sacar adelante el decreto cuasi ómnibus para evitar más apagones, que ha terminado de matar la inversión en renovables si alguien no lo remedia.

Miles de proyectos de generación 'verde' han caído por no llegarles a tiempo una adjudicación de capacidad y acceso, mientras las comunidades autónomas se pegan entre ellas por falta de energía para sus proyectos industriales y 'data centers'.

Tampoco sale bien parado el Ministerio de Transición Ecológica en la gestión de la oleada de incendios que ha tenido lugar este verano en España. Una catástrofe que ha sacado a la luz la falta de coordinación en materia de emergencias entre Gobierno y CCAA.

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Choca ver cómo se quema media España en verano, mientras bomberos, agentes de protección civil y forestales salen a la calle porque nadie hace caso a sus demandas, para apagar fuegos en invierno mediante la prevención, y no cuando es imposible.

Eso sí, la crisis de los incendios ha servido para que Sánchez saque de la chistera un nuevo pacto de Estado imposible con la oposición y las CCAA de emergencia climática. Pero presentado sin las compañías del sector ni con el apoyo de quienes pueden hacerlo.

Falla el empleo

El mes de agosto siempre es malo en temas de empleo, pero este año ha dejado casi 200.000 afiliados menos y ha levantado las alarmas sobre un techo en el turismo y un freno en industria y construcción muy preocupantes.

Los inmigrantes acaparan la mayor parte de los nuevos empleos que surgen en España, ya en segunda generación, pero existe un problema grave con 155.000 puestos de alta cualificación para los que no se encuentra a nadie.

Ese dato va al alza y demuestra que se ha tocado techo en un empleo vinculado a mano de obra intensiva en turismo y servicios.

Es decir, se crean al año más de 475.000 empleos (datos de agosto), pero las empresas no encuentran personas cualificadas para trabajos de más formación y calidad.

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Es cierto que el nivel de ocupación es alto (21,6 millones de personas), pero el ritmo de subida de las afiliaciones está en poco más del 2%, el más bajo de la década, y amenaza con tumbar el mejor dato que avalaba el modelo económico del Gobierno.

El verano despierta también el drama del empleo estacional. Puede haber más indefinidos y muchos fijos discontinuos, pero no funciona bien una economía que echa a más de 200.000 profesores a la calle en verano para volver a contratarlos en octubre.

Tampoco está acorde el triunfalismo de los datos macroeconómicos en un país en el que faltan entre 5.000 y 6.000 médicos para cubrir los estándares europeos de atención sanitaria, y más de 120.000 enfermeros.

Esa carencia en la dotación de la sanidad pública dispara el atasco en los hospitales. Sanidad reconocía la existencia de más de 840.000 personas en listas de espera quirúrgica a finales del año pasado, con una media de cuatro meses para acceder a una operación.

La vivienda, atascada

La vivienda, señalada por el propio Pedro Sánchez como prioridad, tampoco consigue salir del atasco en el que se ha sumido desde que estalló la burbuja en 2008, dejando en el congelador durante años la obra nueva.

Pero en ese tiempo no han dejado de crearse nuevos hogares. Un incremento que se debe en parte al cambio en los modelos de familias, con menos miembros, pero que también está asociado al aumento de población.

Lo reflejan los datos del INE. Entre el último trimestre de 2019 y el segundo de este año, la población española se ha incrementado en unos 2 millones de personas, de las que 1,8 millones eran extranjeras.

El resultado de todo ello es que en la pasada década comenzó a formarse un déficit de viviendas que, como una bomba de relojería, ha explotado tras la pandemia, llevando a los precios de la vivienda nueva y de segunda mano a nuevos récords.

En cascada, quien no ha podido comprar ha intentado refugiarse en el alquiler, que consecuentemente también se ha disparado. La Ley de Vivienda, alumbrada para intentar poner coto a los aumentos, en realidad acabó por reducir la oferta: muchos propietarios han preferido mover sus viviendas al mercado de la compraventa para sacar más rentabilidad.

¿Solución? Los expertos del sector insisten desde hace años en que hay que construir más, y más deprisa. Porque esa brecha entre creación de hogares y construcción de casas sigue ampliándose: si cada año hay 180.000 nuevas familias en busca de hogar, la previsión es que este 2025 se registren 140.000 visados de obra nueva.

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Se estima que solo entre 2021 y 2024 se ha generado un déficit de hasta 750.000 viviendas. La construcción, que anticipa con varios años sus proyectos, recuerda que levantar un proyecto de viviendas tarda entre 18 y 24 meses. Un plazo que sólo empieza a contar cuando ya están todos los permisos concedidos, un proceso que a su vez puede demorarse años en función del territorio.

Porque hay que hacer trámites ante ayuntamientos y gobiernos autonómicos, no siempre condenados a entenderse. Se exige simplificación administrativa.

Trenes

Otro gran quebradero de cabeza es el transporte en tren, especialmente la alta velocidad. Los fallos se han convertido en el día a día de los viajeros, dejándoles en ocasiones durante más de diez horas tirados en mitad del recorrido.

Son unos viajeros que baten récord tras la liberalización del servicio en 2021, que ha permitido que entren a competir con AVE y Avlo –la low cost de Renfe– Iryo y Ouigo.

El año pasado se registraron en total 39,6 millones de viajeros, una cifra nunca vista que supone un 22,3% más que lo anotado el año anterior y un 75% más que en 2019, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con ellos, ha llegado una considerable cantidad de tráfico que ha mostrado las costuras del mantenimiento de las vías, señalada como escasa por los sindicatos ferroviarios.

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Pero también desacompasada con respecto a las necesidades: aunque la liberalización comenzó en 2021, no es hasta 2026 cuando se estima que concluyan las obras de renovación integral de la línea Madrid-Sevilla, la primera con la que contó España e inaugurada en 1992.

Este trayecto ha pasado de ser emblemático por su origen a serlo por sus fallos. Transportes ha invertido 700 millones de euros para su renovación integral desde 2021, de los que ya se ha ejecutado el 97%. Pero siguen produciéndose incidencias graves.

En los últimos años, Adif ha tenido como prioridad alumbrar nuevas líneas de alta velocidad. En 2024, realizó inversiones por valor de 2.459 millones de euros, y según destaca, de ellos, 356 millones fueron para líneas ya en explotación, es decir, el 14,4%.