La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Europa Press

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Patronales y grandes empresas temen una ofensiva de Trabajo sobre el control horario si fracasa la reducción de jornada

Varios despachos laboralistas y consultoras han recibido una avalancha de consultas sobre el registro digital de jornada obligatorio.

Más información: Voces en Sumar piden que Yolanda Díaz retire la ley de las 37,5 horas para evitar una derrota en el Congreso.

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Todo apunta a que la votación de las enmiendas a la totalidad en el Congreso echará por tierra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas la semana que viene. Un varapalo político a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, que no impedirá que se apruebe por decreto el registro horario digital obligatorio desde enero.

En varias patronales de sectores como la construcción y la distribución, así como en el seno de algunas grandes empresas, se ha deslizado ya un 'aviso a navegantes' ante una posible ofensiva del Ministerio de Trabajo sobre el control horario si la norma estrella del recorte de jornada no sale adelante.

De hecho, las áreas de laboral de varios de los principales despachos y consultoras del país han recibido una avalancha de peticiones para adaptar sus sistemas de 'fichaje' a los nuevos requerimientos telemáticos que contempla la norma.

Esa regulación establece, además, sanciones de entre 1.500 y 10.000 euros por trabajador si no se tiene digitalizado el control de inicio y fin de la jornada laboral. Algo que se comenzará a aplicar a los seis meses desde que se publique la norma en el BOE.

El afán de la vicepresidenta segunda era aprobar la reducción de jornada, el nuevo control horario y la desconexión digital en la misma norma. Pero el rechazo de Junts, unido al de PP y Vox, amenazan con tumbar ese propósito.

La propia ministra de Trabajo ha confirmado este jueves que el nuevo registro horario saldrá adelante, aunque tenga que separarse de la norma general a debate en el Parlamento.

"Puede hacerse con una mera modificación del decreto que obliga a controlar los horarios desde 2019", recuerdan desde un despacho de abogados laboralistas, sin ánimo de identificarse.

En ese contexto, algunos interlocutores y asesores entre Gobierno y empresas han querido recordar que la pasada semana se aprobó ya un aumento de 554 inspectores de trabajo hasta 2027 (actualmente hay alrededor de 2.000) para intensificar el control sobre las empresas.

Algunas compañías intensivas en el uso de mano de obra, como las de distribución, logística, construcción o el sector agrario, han encendido todas las alarmas ante una obligación que supondrá más costes y un riesgo alto de inspecciones laborales.

Control en tiempo real

La nueva regulación del control horario obliga a compartir en tiempo real los datos sobre la jornada laboral y el horario de los trabajadores con la inspección por medios digitales.

La empresa estará obligada a mantener los datos de cada día durante cuatro años por si son requeridos por la inspección. Además, el programa informático a aplicar debe contemplar fórmulas para incluir el teletrabajo y los modelos mixtos, con presencial y remoto.

Desde el Ministerio de Trabajo han recordado en varias ocasiones que su único objetivo es garantizar que se respeten siempre los derechos de los trabajadores, frente a posibles abusos sobre el tiempo de trabajo y las horas extra.

Aseguran, además, que el control horario digitalizado mejorará la transparencia y la productividad en las empresas, al tiempo que se evitarán muchas de las sanciones que ahora se imponen.

Junto a la ampliación de la plantilla de la Inspección de Trabajo, el Gobierno aprobó una dotación de 28,5 millones de euros para las mejoras tecnológicas necesarias que permitan afinar mucho más sus actuaciones.

La idea pasa incluso por crear una especie de "laboratorio" informático con los casos que se analicen en los dos próximos años, que servirán para ajustar mejor las investigaciones con algoritmos y cruces de datos más depurados.