Gobierno, CCAA y renovables buscan fórmulas legales para puentear al Congreso y aplicar el decreto antiapagones

Tanto es así, que empresas, patronales y CCAA con proyectos 'colgados' a falta de enganche a la red, ya se han puesto en contacto con el Gobierno para ver qué partes del decreto se pueden adelantar por otras vías administrativas menores, sin esperar a que se vuelva a meter en el Congreso y reiniciar el ciclo parlamentario de aprobación, sin garantías.

Tanto es así, que algunas patronales han encargado incluso estudios jurídicos para no esperar al trámite de un segundo real decreto e intentar aplicar algunas de las iniciativas que incluía la norma rechazada mediante órdenes ministeriales u otras fórmulas jurídicas, sin vulnerar la legalidad vigente.

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La simplificación administrativa que contemplaba para poner en marcha nuevos proyectos de generación y distribución va a retrasar inversiones a medio plazo que, sólo en el ámbito de las renovables, se estiman en 25.000 millones de euros.

El propio Pedro Sánchez se apresuró a anunciar la presentación del decreto antiapagones de nuevo en el Congreso, por considerarlo fundamental para el desarrollo inversor en redes y en proyectos energéticos, además de las normas de control del sistema que conlleva.

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Fuentes técnicas consultadas tanto en las grandes compañías como en las patronales de renovables aseguran que hay muchas partes de ese real decreto que se pueden avanzar con normas de menor rango, sobre todo las referidas a plazos y trámites administrativos.

Esa agilización de los procesos y las inversiones es fundamental para los miles de millones que hay en proyectos industriales, centros de datos, promociones residenciales y renovación de infraestructuras de movilidad, entre otras áreas, que necesitan puntos de acceso y una capacidad garantizada para llevarse a cabo.

Se estima que la demanda de energía que hay esperando en provincias y CCAA puede multiplicar por cuatro los 25 gigavatios que consume en la actualidad España.

"Con que se haga realidad la cuarta parte de lo que hay previsto, se duplicaría la capacidad energética del país, con lo que eso supone de inversión y creación de empleo", señalan desde una patronal renovable.

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Alguno de los responsables de estas organizaciones estuvieron todo el día siguiente al rechazo del decreto hablando con grandes fondos de inversión internacionales, que no comprendían cómo algo tan beneficioso e importante para el desarrollo del país, sobre lo que había un consenso amplio, se rechazó en el Congreso.

La inversión derivada del desarrollo energético es clave para el Ejecutivo, que se ve en la obligación de buscar otros motores de crecimiento más allá del consumo interno en el que se basa ahora el crecimiento del PIB.

Almacenamiento y precios

La opción de buscar un desarrollo reglamentario paralelo a la segunda tramitación parlamentaria del real decreto puede servir para impulsar el almacenamiento energético, algo que se considera clave, tanto para controlar la tensión y las distorsiones de la red, como para mantener los precios bajos del recibo de la luz a familias y empresas.

La producción renovable es la que permite mantener en España un precio del megavatio hora mucho más bajo que el del resto de Europa, con lo que eso conlleva de ganancia de competitividad para las empresas industriales y de ahorro de costes en los hogares.

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Pero si no se apuesta por la producción 'verde' y el mix energético se ve incrementado por el precio de las centrales de ciclo combinado, como garantía antiapagones (aunque fallaran en abril), esa ventaja se diluye.

Este mismo fin de semana, el megavatio hora consumido se pagaba en España a una media de entre 30 y 40 euros, cuando en países como Francia o Italia ese coste se duplica, y en Alemania o Reino Unido roza los cien euros.

Si se eliminan las trabas para potenciar el almacenamiento híbrido y se ponen baterías en las plantas de generación renovable, con punto de evacuación, los vaivenes de precios por tramos horarios se podrían evitar y la utilidad de las renovables para controlar la tensión del sistema sería mucho mayor.

Fuentes empresariales del ámbito renovable calculan que se pagan unos 2.000 millones de euros al año en la factura de la luz por el recurso a la generación térmica (ciclo combinado de gas), que es más cara y contaminante, como elemento de acoplamiento para garantizar la sostenibilidad del sistema sin apagones.

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Según sus cálculos, ese coste que soportan los consumidores en sus facturas, a nivel doméstico o industrial, se podría quedar en la décima parte, unos 200 millones, si se impulsa el almacenamiento y se aprovechan más las energías 'verdes' en nuestro modelo.

Frente a ello están las grandes eléctricas, que además de productores son distribuidores mayoristas, y necesitan hacer grandes inversiones en redes (8.000 millones de euros al año) para garantizar el suministro a toda la demanda que se ha generado.

Las grandes -Iberdrola, Endesa y Naturgy, sobre todo- también apuestan por el almacenamiento como la base del futuro del sistema, pero piden un trato mejor al Gobierno en la tasa de retribución de sus inversiones en redes, que se ha quedado en el 6,4%, mucho menos de lo que esperaban.