Marlaska, en una imagen de 2006.
Marlaska, como juez del 'caso Faisán', hizo en 2006 lo mismo que ahora critica: ordenó a la Policía "no informar" a sus jefes
En ese año, el hoy ministro investigaba el chivatazo policial a una red de extorsión de ETA, por lo que extremó las precauciones.
Más información: Perelló defiende a Tardón y para los pies a Marlaska, que criticó a la juez por ordenar a la Policía tener reserva con sus jefes
Cuando era juez de instrucción e investigaba el caso Faisán, el hoy ministro Fernando Grande-Marlaska ordenó a varios policías que informasen "directamente" a su Juzgado del avance de sus pesquisas y que se abstuviesen de avisar a sus superiores en el Cuerpo.
Así figura en una resolución judicial del año 2006, que ahora se le vuelve en contra a Marlaska tras haberse quejado de que Interior no tuvo acceso, hasta el pasado martes, al informe policial sobre la invasión migratoria de Ceuta.
La elaboración de dicho atestado había sido solicitada el pasado 31 de julio por María Tardón, juez instructora de la Audiencia Nacional, mismo órgano de cuyo Juzgado Central de Instrucción número 5 fue titular Marlaska hace 20 años: entre 2005 y 2006.
En ese año, Marlaska investigaba, en el caso Faisán, un chivatazo policial a una red de extorsión de ETA y que frustró una importante operación policial contra la banda armada. Por ello, lógicamente, extremó las precauciones y subrayó a los agentes el deber de reserva.
Ahora bien, este jueves, Interior envió una carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que el hoy ministro fue vocal entre 2013 y 2018, en la que se quejaba de no haber podido leer, hasta un día después de que Tardón lo tuviera en su mesa, el informe policial sobre la invasión de Ceuta.
En su misiva, el titular de Interior planteó que, "ante la evidente gravedad de la crisis que estamos enfrentando", debiera ser "compatible, sin que se resienta la independencia judicial (...), que se informe debidamente a los órganos judiciales (...) a la vez que se facilite al Gobierno y a sus miembros (...) cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes".
El pasado 31 de julio, la juez Tardón pidió a la Policía un informe, con detalles sobre la invasión de Ceuta, a fin de determinar si la Audiencia Nacional tiene competencia para investigarla.
Y a la Guardia Civil, la elaboración de un atestado sobre la información previa disponible que alertase de una posible avalancha migratoria, así como la cuantificación del número de muertos en este suceso, que supera el centenar.
La magistrada recibió este lunes el informe de la Policía, de 55 folios, y este jueves, el de la Benemérita, que, como ha publicado EL ESPAÑOL, sólo tiene tres folios y viene firmado por Luis Peláez Piñeiro, considerado un mando de confianza del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, nombrado por Marlaska.
Desde el pasado martes, Interior se ha quejado de no haber tenido acceso al primero de los informes hasta que no estaba ya en la mesa de la juez Tardón.
No obstante, en respuesta a la carta de Marlaska, la presidenta de CGPJ, Isabel Perelló, defendió con rotundidad la actuación de la instructora del caso Ceuta. Y recordó que el Consejo tiene constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir decisiones judiciales.
Como recoge la ley, todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden ser requeridos por un juez para actuar como Policía Judicial.
Así lo hizo Marlaska en 2006 con los agentes de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. También, con el Servicio de Información de la Guardia Civil, cuyos funcionarios también ejercieron como Policía Judicial en el caso Faisán.
Debido a las circunstancias de aquella causa —las sospechas recaían sobre el Ministerio del Interior—, el magistrado Marlaska subrayó con vehemencia a los agentes el deber de reserva.
Cuando un instructor/a recurre a policías o guardias civiles como Policía Judicial, las órdenes de este jueves sobre los agentes prevalecen frente a la jerarquía policial. Si dicho magistrado ordena extremar la reserva, los agentes deben acatarlo. En esas funciones concretas, sólo rinden cuentas ante él.
En 2006, Grande-Marlaska echó mano, precisamente, de ese precepto. En el caso Faisán, además, era especialmente relevante, ya que se investigaba el chivatazo ocurrido el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), que alertó a una red de extorsión de la banda terrorista ETA. Y las sospechas apuntaban a Interior.
Por ello, el entonces instructor tomó la más que lógica decisión de insistir a los agentes en el deber de reserva y extremó las precauciones.
'Caso Pérez de los Cobos'
En 2020, fue la entonces diputada de Vox Macarena Olona —hoy, abogada del Estado en excedencia— la que publicó en su perfil de Twitter la resolución firmada por Marlaska como juez 14 años antes.
En efecto, como se pueda leer, el hoy ministro encomendaba a la Policía y a la Guardia Civil que informasen "directamente" a su Juzgado "sobre los extremos y las circunstancias en que se han producido los hechos" investigados en el caso Faisán.
Aquel 2020, esta misma resolución también se le volvió en contra a Marlaska, después de que el Gobierno intentase interferir en otra investigación judicial en marcha.
En ese caso, la causa en la que una juez analizaba si constituyó un delito de prevaricación no impedir la multitudinaria manifestación del 8-M en Madrid en plena expansión de la Covid-19.
![Diego Pérez de los Cobos, durante los cursos de verano del CEU | María Cristina, donde habló del peligro de las interferencias orgánicas de la política en las investigaciones judiciales llevadas a cabo por la Policía Judicial.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11315696.jpg?p=w:320\/h:240&h=SB77vXNx"])
En esas diligencias figuró como investigado el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por la no prohibición de la enorme marcha por el Día de la Mujer.
El coronel Diego Pérez de los Cobos, el entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, fue destituido —un domingo por la noche— después de que sus mandos y la entonces directora del Instituto Armado, María Gámez, le pidieran que se enterara de las pesquisas realizadas por dos subordinados suyos, encomendados por la juez como Policía Judicial.
El coronel se negó a ello y recordó que la magistrada instructora, Carmen Rodríguez-Medel, había dado órdenes expresas a los investigadores para que le informaran sólo a ella.
