Julio Iglesias, en una imagen de archivo.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo. Efe

Tribunales

Las denunciantes de Julio Iglesias insisten, pese al primer fracaso, y se querellan contra él en España por "violencia sexual"

La Fiscalía ya concluyó en enero que la Justicia española no era competente en este asunto.

Más información: La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva su investigación contra Julio Iglesias por no ser competente

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Las claves

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Dos extrabajadoras de Julio Iglesias han presentado una querella en España contra el cantante por presunta "violencia sexual".

Las denuncias, asesoradas por la ONG Women's Link Worldwide, acusan a Iglesias de delitos sexuales, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021 en las residencias del cantante en Bahamas y República Dominicana.

La Fiscalía española ya había archivado una denuncia anterior por falta de competencia, ya que los hechos ocurrieron en el extranjero y las denunciantes no tienen vínculos relevantes con España.

Las dos extrabajadoras de Julio Iglesias que el pasado enero presentaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia contra él insisten y, ahora, han interpuesto una querella contra el cantante por "violencia sexual".

Así lo ha dado a conocer este viernes Women's Link Worldwide, la oenegé feminista que ya asesoró a estas dos mujeres entonces y que vuelve a hacerlo ahora, cuando, esta vez, ambas han llevado sus acusaciones contra Iglesias a los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

El pasado enero, por contra, las dos extrabajadoras presentaron su denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que acabó concluyendo que este organismo judicial no era competente para investigar los hechos relatados por ambas mujeres.

Sin embargo, ambas mujeres —la ONG las identifica con los alias de Laura y Rebeca— insisten y llevan de nuevo sus acusaciones a la Audiencia Nacional, pese a que la teniente fiscal de este órgano ya concluyó que carecía de competencia para investigar este asunto.

Sin entrar en el fondo de la denuncia, el Ministerio Público determinó la falta de jurisdicción de los tribunales españoles en este caso.

Es decir, la Fiscalía ya concluyó que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los hechos de los que, por entonces, estaba siendo acusado el cantante por parte de sus extrabajadoras.

El relato de las mismas difundido este viernes por Women's Link Worldwide es idéntico al ya formulado en su denuncia de enero ante la Fiscalía. Ambas mujeres le atribuyen supuestos delitos sexuales y contra los derechos de los trabajadores, así como trata de seres humanos.

Los hechos relatados habrían tenido lugar en 2021, en las residencias del cantante en Bahamas y República Dominicana.

Ahora bien, como ya estableció la Fiscalía, los supuestos delitos habrían ocurrido en el extranjero y ni las denunciantes son españolas ni tienen "vínculos relevantes" con nuestro país.

Además, Iglesias, desde hace ya varios años, no pisa España, como recordó la fiscal Marta Durántez —la misma que sí se querelló contra Luis Rubiales por supuesta agresión sexual— a la hora de dar carpetazo a este asunto.

Pese a ello, ambas denunciantes han insistido en interponer una querella y la han presentado ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Por el momento, no ha recaído aún en manos de ninguno de los jueces instructores de este órgano judicial.

En la nota de prensa difundida este viernes, Women's Link Legal relata, como ya hiciera la denuncia de enero, que Iglesias, "presuntamente, se aprovechó de su posición de poder y de su situación de vulnerabilidad para reclutar [a ambas mujeres], transportarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante".

"Rebeca y Laura describen haber sido víctimas de acoso y agresión sexual continuos, así como de condiciones laborales forzosas y degradantes", narra la ONG.

De hecho, en la propia nota de prensa, la organización insta a la Justicia española a, esta vez, "adoptar una interpretación amplia, comprometida con la protección de sus derechos, en consonancia con la opinión de juristas y académicos de reconocido prestigio que confirman la competencia de los tribunales españoles".