María Belén Gualda, presidenta de la SEPI.
El juez Pedraz suma como investigada en el 'caso Leire' a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos
En marzo de 2025, Belén Gualda, como presidenta de la SEPI, permitió a la compañía siderúrgica utilizar casi 10 millones procedentes de la venta de un inmueble en lugar de consignarlos.
Actualmente, Tubos Reunidos, en favor de la que Leire Díez realizó gestiones, está en concurso de acreedores.
Más información: La 'trama Leire' gestionó una reunión de Tubos Reunidos con Ortuzar cuando presidía el PNV para evitar un pago a la SEPI
El juez Santiago Pedraz ha sumado a la lista de investigados del llamado caso Leire a Belén Gualda, la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), debido al polémico rescate concedido por este organismo a la empresa siderúrgica Tubos Reunidos y a determinadas gestiones posteriores, ahora bajo sospecha, que beneficiaron a esta compañía.
Así consta en una resolución fechada este lunes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Pedraz, instructor del caso Leire, toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
El juez concluye que "existen indicios de criminalidad en contra" de Gualda, al igual que sucede con otras 24 personas, entre las que se encuentran Francisco Irazusta, expresidente de Tubos Reunidos, y el consejero de la compañía Jesús Pérez Rodríguez Urrutia.
En esta causa, el instructor investiga las supuestas maniobras con la Administración del Grupo Hirurok —del que formaba parte Leire Díez, la fontanera del PSOE— en favor de determinadas empresas y a cambio de cuantiosas comisiones ilegales.
En 2021, la SEPI rescató a la empresa Tubos Reunidos con 112,8 millones de euros públicos.
Actualmente, esta compañía vasca está en concurso de acreedores.
Según subraya Anticorrupción en un informe dirigido al juez Pedraz, Vicente Fernández —otro de los miembros del Grupo Hirurok; presidente de la SEPI hasta 2019— compartió con Díez un documento con información interna que desvelaba que Gualda había adquirido con el CEO de Tubos Reunidos el "compromiso" de que su solicitud iba a ser aprobada.
Además, en junio de 2021, un directivo de la SEPI, Miguel Ángel Figueroa, informó a Fernández de que "BG", iniciales de Belén Gualda, tenía la firme intención de "sacar" y agilizar varias operaciones la semana siguiente. Entre ellas, la solicitud la de Tubos Reunidos.
Casi un lustro después del rescate, ya en 2025, la dirección de la SEPI autorizó a la empresa siderúrgica a utilizar los casi 10 millones de euros que había obtenido con la venta de un edificio en Sestao (Bilbao), en lugar de consignarlos en la empresa pública.
"Por estas actuaciones, Tubos Reunidos acordó el abono a Vicente Fernández de 40.000 euros (IVA no incluido)", subraya Anticorrupción en su informe.
![Una página de las agendas de Leire Díez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11285622.jpg?p=w:320\/h:240&h=EWcsqgCg"])
Como publicó EL ESPAÑOL, Leire Díez, la fontanera del PSOE, realizó gestiones —en su caso, en el terreno político— en favor de esto mismo, de la propuesta de Tubos de poder utilizar ese dinero a su antojo en lugar de consignarlo.
La llamada trama Leire concertó una reunión entre el CEO de la empresa vasca y Andoni Ortuzar, celebrada en enero de 2025. Es decir, cuando este último aún presidía el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
De hecho, como destaca Anticorrupción, años antes, el 2 de julio de 2021, a través de una app de mensajería segura, Fernández ya conversaba acerca de "la perspectiva del PNV" respecto del rescate de Tubos con otro miembro del Grupo Hirurok, el constructor Antxon Alonso.
La Fiscalía señala que, poco después de aquella charla vía chat, se habrían producido "una serie de reuniones a nivel político en las que habría participado Belén Gualda, con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de la ayuda".
Por otro lado, más de tres años después, Díez convocó una reunión entre la cúpula de Tubos Reunidos y Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE, para abordar la Operación Sestao.
Ese encuentro, fechado el 13 de noviembre de 2024, se produjo en el despacho que este último ocupaba en la sede central del partido, en la madrileña calle de Ferraz.
La cúpula de la SEPI
Además de sumar a Gualda como investigada, Pedraz también toma esta misma decisión respecto de Miguel Ángel Figueroa por, supuestamente, filtrar información interna de la SEPI a Vicente Fernández.
El juez también citará como investigado a Julián Mateos-Aparicio. Se trata del miembro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que firmó, por delegación de Belén Gualda, la autorización para que Tubos Reunidos no tuviese que consignar los fondos derivados de la venta de Sestao.
Anticorrupción señala en su informe que "Vicente Fernández desarrolló múltiples gestiones y contactos con Julián Mateos-Aparicio" en favor de Tubos Reunidos. Ambos se conocían de la época en la que el primero presidía la SEPI.
De forma genérica, sin individualizar, Anticorrupción aprecia en las actuaciones relatadas indicios de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y pertenencia a organización o grupo criminal.
Este último ilícito, "atendiendo al carácter estable, coordinado y con distribución de funciones que presenta la actuación del Grupo Hirurok".
Más empresas públicas...
En esta rama del caso Leire, Pedraz investiga supuestos amaños administrativos por un valor total de más de 132 millones de euros, de los que 112,8 corresponden al rescate de Tubos.
No obstante, existen más empresas, tanto públicas como privadas, implicadas en esta causa.
En la resolución de este lunes, Pedraz también ha sumado a la lista de investigados a José Vicente Berlanga, expresidente de Enusa (Empresa Nacional del Uranio), en la que Leire Díez trabajó.
Anticorrupción le acusa de, desde su puesto en esta compañía pública y coordinado con el Grupo Hirurok, haber favorecido los intereses de la constructora Acciona.
De hecho, el juez también citará como investigada a Rosario Arévalo, la directora corporativa de Enusa.
La Fiscalía señala que esta mujer habría participado en reuniones para diseñar unos criterios de selección orientados a beneficiar directamente a Acciona, cuyo exdirectivo Francisco Javier López Buciega también pasa a engrosar la lista de investigados de esta causa.
López Buciega dejó la compañía el pasado mes de enero.
![Fotomontaje con el rostro de Santos Cerdán y un extracto del contrato.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10996386.jpg?p=w:320\/h:240&h=krG4eXbb"])
Pedraz también investiga ya al abogado Juan Antonio Carrillo, al que se atribuye el prestarse para ser adjudicatario de un contrato de Enusa destinado a redactar pliegos y un dictamen jurídico a la medida de las pretensiones de Acciona.
La Fiscalía también describe en su informe supuestos irregularidades en torno a Mercasa, sociedad pública participada en un 51% por la SEPI.
El Grupo Hirurok, junto a miembros de esta compañía estatal, habrían aprovechado para sacar beneficio de la intención de la presidencia de esta sociedad de cambiar de sede y de trasladarse del madrileño Paseo de la Habana.
El supuesto plan delictivo consistía en que Servinabar 2000 SL, empresa de Antxón Alonso de la que Santos Cerdán compró participaciones, obtuviera contratos menores para realizar una valoración técnica del coste de reparación del edificio.
El objetivo no sería otro que inflar sustancialmente dicho presupuesto de rehabilitación para que pareciera "antieconómico", legitimando así el traslado de las oficinas, lo que, a su vez, habría beneficiado, a través de una operación inmobiliaria posterior, al presunto grupo criminal.
Por ello, Pedraz también suma a la lista de investigados a José Ramón Sempere, presidente de Mercasa hasta 2024.
También, a María Teresa Castillo Pasalodos, que fue directora de Desarrollo Corporativo de Mercasa hasta 2025.
La Fiscalía atribuye a esta última el haber planificado, junto a Hirurok, la adjudicación irregular de contratos menores a favor de Servinabar 2000.
... y privadas
A su vez, el juez del caso Leire también citará a declarar como investigado a Fernando Samper Rivas, director del Grupo Forestalia, dedicado a las energías renovables.
Anticorrupción le imputa haber pactado el pago de una comisión de 200.000 euros a favor del Grupo Hirurok a cambio de que sus miembros ejercieran influencias ilícitas ante responsables de Sepides (filial de la SEPI) para lograr una inversión pública de 17,32 millones de euros en la sociedad Arapellet.
![María Chivite durante la rueda de prensa que ofreció el pasado 12 de junio y el escrito de Cerdán y Servinabar.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10990318.jpg?p=w:320\/h:240&h=6bFwbwkj"])
Pedraz también investiga a Félix Azcona, administrador de la mercantil Erri-Berri.
Se le atribuye haber recurrido al Grupo Hirurok para conseguir la anulación ilícita de un concurso público en Avilés que había sido adjudicado a una UTE (unión temporal de empresas) rival.
A cambio de ello, habría abonado 400.000 euros en comisiones ilegales, camufladas en facturas falsas de obra civil.
Fernando Albert Aragón, secretario de Sepides, también engrosa desde este lunes la lista de investigados.
La Fiscalía le achaca el valerse de su cargo para filtrar información confidencial a la trama y dar instrucciones directas al jefe de obra de Erri-Berri para que subsanara sus defectos ventajosamente.
Asimismo, se le acusa de recibir y seguir consejos directos de Vicente Fernández para inadmitir el recurso especial interpuesto por la competencia.
Pedraz también citará a declarar a Concepción Ordiz Fuertes.
Como presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales, se habría alineado con Vicente Fernández para garantizar la desestimación del recurso especial de la competencia.
Como explica Anticorrupción en su informe, "con independencia de las particularidades propias de cada una de las operativas", todas ellas tendrían en común un mismo modus operandi y un "esquema común".
¿Cuál? "La detección de oportunidades de intervención en procedimientos administrativos o societarios de relevancia económica" por parte de la trama, seguida de "la utilización de sus relaciones personales" para acceder a "información privilegiada" para "influir en su tramitación", en su "eventual manipulación" o en el "condicionamiento de decisiones públicas".
¿Con qué objetivo? La "obtención de contraprestaciones económicas, ya sea de forma directa o a través de estructuras societarias interpuestas y operaciones mercantiles de apariencia lícita".
