El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, este martes, en la Audiencia Nacional.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, este martes, en la Audiencia Nacional.

Tribunales CASO PUJOL

El fiscal: "Es contradictorio invocar el 'Espanya ens roba' con la ocultación de fondos y la elusión tributaria de los Pujol"

"Este proceso no trata de perseguir a una familia por su ideología política, como se ha querido plantear. Es algo más grave: la existencia y comportamiento estable de una organización criminal", defiende Anticorrupción.

Más información: La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de penas de entre 8 y 29 años de cárcel para los hijos de Jordi Pujol

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Las claves

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El fiscal Fernando Bermejo critica la contradicción entre el discurso independentista 'Espanya ens roba' y la ocultación de fondos y elusión tributaria por parte de la familia Pujol.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de penas de entre 8 y 29 años de cárcel para los hijos de Jordi Pujol por delitos como fraude fiscal y organización criminal.

Bermejo destaca la desproporción entre los ingresos lícitos de Jordi Pujol y el patrimonio oculto durante décadas en el extranjero por el clan familiar.

El fiscal sostiene que el proceso no es un ataque a Cataluña ni a una ideología política, sino un juicio por la existencia y funcionamiento de una organización criminal.

Tras más de seis meses de sesiones, el juicio del caso Pujol toca a su fin y este martes, en la Audiencia Nacional, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha pronunciado su informe final. Pero las palabras de Bermejo, un alegato de más de cuatro horas, han sido más que eso. Han sido, en sí mismas, un repaso a una época, el pujolismo.

Porque, como ha recordado, Jordi Pujol i Soley, "aunque ahora parezca un hombre frágil por su edad" —tiene casi 96 años—, "no lo fue durante décadas".

Lejos de eso, su poder en la Cataluña que presidió entre 1980 y 2003 "era manifiesto, así como el de las personas de su familia y su entorno social".

De forma enérgica, Bermejo ha criticado que "quien defrauda a la Hacienda pública no perjudica a un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a una comunidad, incluida Cataluña".

En el caso Pujol se enjuician delitos de fraude fiscal y organización criminal, entre otros.

Por ello, el fiscal anticorrupción ha subrayado que "el análisis" de este procedimiento judicial "obliga a confontar el discurso público sostenido durante años, el Espanya ens roba, con los hechos investigados en este procedimiento".

"Mientras se ha afirmado [por parte del nacionalismo catalán] que la falta de recursos del Estado impedía financiar adecuadamente colegios y hospitales [en Cataluña], [aquí se enjuician] conductas de ocultación de ingresos [en el extranjero] y elusión de obligaciones tributarias. Esa contradicción...", ha destacado el fiscal.

Bermejo ha insistido que este proceso judicial "no ataca a Cataluña, sino que pretende lo contrario: defender a todos aquellos ciudadanos catalanes".

"Tanto los nacidos en Cataluña, como los que acudieron de fuera y que formaron parte de esa Cataluña de los años 90 hasta, por lo menos, 2012", ha precisado.

¿Por qué esas fechas? El fiscal ha señalado que el primer ingreso en la cuenta andorrana de la familia Pujol se produjo en 1990. El último, hace 14 años.

Bermejo también ha criticado que quienes mantuvieron dinero oculto en el país vecino —según su tesis, proveniente de supuestas comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos— fueron los mismos que, "durante décadas, ostentaron la máxima representación de Cataluña": los Pujol.

"Resulta especialmente contradictorio invocar un discurso de agravio por falta de recursos cuando, de forma dolosa, se elude la contribución que debe generar esos mismos recursos", ha insistido el fiscal.

Anticorrupción sostiene que el dinero que los Pujol ocultaron en Andorra y que posteriormente fue regularizado provenía del cobro de mordidas.

Bermejo ha subrayado este martes la "desproporción patrimonial" entre el sueldo de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat catalana, con siete hijos a su cargo, y los fondos que el clan ocultó en el extranjero.

"Hay una absoluta falta de correspondencia entre los ingresos lícitos acreditados y su volumen de patrimonio. Hubo una ocultación prolongada: los fondos estuvieron escondidos, con opacidad financiera, durante 20 años y en el extranjero, fuera del control tributario", ha recalcado el fiscal.

La familia, no obstante, defendió que todo ese dinero corresponde a la herencia de Florenci Pujol, padre de Jordi Pujol i Soley. Frente a eso, el fiscal ha señalado que parte del dinero era enviado a Andorra "en bolsas" e ingresado en efectivo allí. "No se ha aportado explicación coherente sobre el origen de esos fondos...", ha reprochado Bermejo.

"Este proceso no trata de perseguir a una familia por su ideología política, como se ha querido plantear. Tampoco trata de de unos errores contables o desórdenes administrativos. Es algo más grave: la existencia y comportamiento estable de una organización criminal", ha defendido el fiscal.

"La Sagrada Familia. En la cúspide, Jordi Pujol i Soley, que fue presidente de la Generalitat. [La fallecida] Marta Ferrusola era la madre superiora, que repartía dinero en las distintas cuentas", ha descrito.

"El segundo nivel: el gestor de los fondos en estructuras offshore, el centro operativo del sistema, el coordinador con los bancos de Andorra. ¿Quién? Jordi Pujol Ferrusola. Con él, todo se mueve. Sin él, nada funciona. Diseñó movimientos entre hermanos y la creación de fundaciones fiduciarias", ha detallado Bermejo, que solicita 29 años de prisión para el primogénito del clan.

"El resto de hermanos desempeñan un papel activo: abren y cierran cuentas juntos, creaban y cancelaban fundaciones juntos... Su sincronía fue perfecta", ha proseguido.

El fiscal también ha criticado que las defensas de los acusados hayan solicitado al tribunal que aplique en las hipotéticas condenas, para reducirlas, la atenuante de , debido a la tardanza en llegar hasta este juicio.

Como ha indicado Bermejo, fueron los abogados de los hijos Pujol los que se opusieron a que Andorra enviase documentación a la Justicia española. "¿El resultado? Retraso", ha afeado el fiscal, quien solicita penas desde los ocho a los 29 años de cárcel para los descendientes del expresident.