Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, este lunes en Madrid.
Dos meses después de la invasión, Vivas dará a la juez detalles clave sobre los avisos que el Gobierno "ignoró"
Este jueves declara como testigo el exjefe de gabinete del dimitido delegado del Gobierno, quien aseguró que sí informó a sus superiores de los avisos del CNI.
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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declarará ante la juez María Tardón que el Gobierno central "ignoró" los avisos que tanto él como funcionarios y cargos de la Administración enviaron a la Moncloa durante los días previos al asalto masivo a la ciudad autónoma, ocurrido el 30 y el 31 de julio de 2026.
El pasado 16 de septiembre, Tardón —la magistrada de la Audiencia Nacional que investiga la avalancha— citó a Vivas a comparecer como testigo este miércoles.
Lo hará, por tanto, cuando se cumplen dos meses exactos de la entrada ilegal de "más de 90.000 personas" en territorio español, según sus últimas cuentas, a través de la frontera marroquí.
Como testigo —obligado a decir la verdad—, Vivas narrará, al igual que hizo en una entrevista en EL ESPAÑOL, que el pasado 27 de julio llamó a la Moncloa para pedir "auxilio" por el incremento de entradas de irregulares en la ciudad, que el día posterior solicitó al Gobierno la declaración del estado de alarma y que sólo 24 horas antes de "la invasión", se lo negaron.
"Lo más grave", lamenta Vivas en declaraciones a este diario, "es que después de dos meses, Ceuta sigue a años luz de volver a la normalidad; que los ceutíes tienen sus derechos ciudadanos mermados".
El Gobierno de Ceuta, además, está personado como acusación particular en la causa judicial que instruye Tardón. Es decir, como perjudicado por los hechos investigados. Por este motivo, Vivas acudirá a la Audiencia Nacional acompañado del letrado mayor de la ciudad autónoma.
Un informe policial, enviado a la juez y avanzado por EL ESPAÑOL, concluyó que agentes marroquíes, uniformados y de paisano, "guiaron" a la masa hacia Ceuta.
Y no sólo eso, sino que tanto el Ministerio del Interior como el de Defensa y la propia Moncloa tenían conocimiento de la creciente presión migratoria y del "riesgo extremo" de una avalancha el día 30.
Tardón sostiene que los hechos investigados no responden a un flujo migratorio normal.
De hecho, la juez señaló en una resolución que se trató de una violación de la "integridad territorial" de España, parafraseando al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante los medios el 31 de julio en Ceuta.
Al mes del asalto, el Gobierno empezó a tomar decisiones: Fernando Grande-Marlaska pidió la asistencia de Frontex para los triajes, aunque sólo 10 agentes; y el Gobierno decretó la situación de interés para la seguridad nacional, nombrando como mando único al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
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En todo caso, pasados ya dos meses de la invasión, Sánchez no ha vuelto a calificar en términos tan duros lo sucedido, y ha pasado a defender la "cooperación" e incluso la "inteligencia" de Marruecos en su gestión fronteriza.
Pero tal como recuerdan fuentes del Ejecutivo ceutí, aún no se sabe "cuántos migrantes permanecen en la ciudad".
Es más, las versiones oficiales de Moncloa han pasado de "menos de 5.000" a reconocer "más de 10.000". Y ni el Gobierno ha avanzado nada en la investigación que dice haber iniciado para identificar "quién está detrás, en la responsabilidad de lo ocurrido".
De hecho, la magistrada no sólo ha solicitado a diversos organismos el listado de alertas recibidas y emitidas antes de la invasión, sino que también investiga quién fue el cerebro financiero de la misma.
Por eso, el propio Vivas lamenta que sus ciudadanos "viven en una olla a presión que, en cualquier momento, puede estallar". Para el presidente de la ciudad autónoma, que este martes preparaba su comparecencia ante la juez, "dos meses después, Ceuta todavía no es lo que era. Y el responsable es el Gobierno de la Nación".
Otro testigo clave
Este jueves declarará como testigo Gonzalo Sanz, quien era el jefe de Gabinete del recién dimitido delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
El pasado 11 de septiembre, Sanz anunció que dejaba su cargo. Y lo hizo entre críticas a quien hasta ese momento era su jefe, Pérez Triano.
El dimitido alto cargo aseguró que él sí informó a su superior de la preocupación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por una posible entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, como así acabó sucediendo.
![Gonzalo Sanz, el hasta ahora jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11351680.jpg?p=w:320\/h:240&h=Uw-o7-Lx"])
Sin embargo, previamente, en varias ruedas de prensa, Pérez Triano había desmentido que hubiese existido ninguna "alerta previa" o "informe" en ese sentido y posteriormente, negó su subordinado se lo hubiese trasladado.
Ahora bien, el delegado del Gobierno acabó dimitiendo el pasado lunes. En una declaración sin preguntas, reconoció, finalmente, que él sí había dado avisos a Interior, pidiendo refuerzos al Gobierno central incluso dos semanas antes de la entrada masiva en Ceuta.
No es descartable, por tanto, que Miguel Ángel Pérez Triano también acabe declarando ante la juez Tardón.
La dimisión de Sanz
La dimisión de Sanz como jefe de Gabinete se produjo sólo dos días después de que el Gobierno desclasificase documentación sobre el conocimiento, por parte de los servicios secretos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre la invasión de Ceuta.
Entre estos 40 documentos, figuraba una conversación de WhatsApp entre un miembro del CNI y Sanz. El primero alertaba al segundo de que dos grupos de Facebook, que aglutinaban un total de 180.000 personas, instaban a entrar en Ceuta saltando la valla fronteriza.
En ese mismo chat, constaba una llamada de 11 minutos entre este agente y el todavía número dos de Pérez Triano. No obstante, este último, en la polémica rueda de prensa en la que se negó a dimitir, aseguró que desconocía tanto el aviso como el contenido de dicha conversación.
