El exfiscal general, Álvaro García Ortiz, durante el juicio contra él en el Tribunal Supremo./
El novio de Ayuso exige a Peramato que expulse a García Ortiz de la carrera fiscal
La defensa de González Amador solicita personarse en el expediente administrativo abierto contra García Ortiz y poder formular alegaciones.
Más información: Peramato decide que la inhabilitación de García Ortiz no le haga perder la condición de fiscal ni ser suspendido
El empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido a la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que expulse de la carrera fiscal a su antecesor, Álvaro García Ortiz.
Este último fue condenado por el Tribunal Supremo a una pena de inhabilitación por haber filtrado a la prensa un e-mail en el que Carlos Neira, uno de los abogados de González Amador, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
Por ello, ahora, en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el empresario solicita que García Ortiz sea suspendido como fiscal.
En concreto, pide a Peramato que dicte una resolución que decrete la "incapacidad" del anterior fiscal general del Estado para actuar como miembro del Ministerio Público.
No es ésa la postura que mantiene Peramato. El pasado diciembre, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la fiscal general del Estado decidió que la inhabilitación de García Ortiz, pena impuesta por el Supremo, no provocase la pérdida de su condición de fiscal ni que fuese suspendido.
Por ello, la principal petición de González Amador es la de poder personarse en el expediente administrativo abierto contra García Ortiz, al ser "víctima de los hechos protagonizados" por éste. Y poder, así, tanto formular alegaciones como recurrir la decisión de Peramato.
Por el momento, la defensa del empresario no ha tenido acceso a esta documentación. En su escrito, justifica su petición de personación con que González Amador fue "víctima de las conductas delictivas dolosas" cometidas por García Ortiz.
Gabriel Rodríguez Ramos, uno de los abogados del novio de Ayuso, indica en el escrito que éste "posee interés legítimo y el derecho a que la ejecución [de la sentencia del Supremo que condena a García Ortiz] se efectúe administrativamente" por Peramato "conforme a la legalidad".
"O, en caso contrario, a que sea objeto de tutela judicial efectiva bajo su impulso", añade.
Pese a no haber tenido acceso al expediente administrativo, en su escrito, Rodríguez Ramos, de forma subsidiaria, también recurre la decisión de Peramato, conocida a través de los medios de comunicación.
Y pide que las actuaciones se retrotraigan y se conceda a su cliente la posibilidad de formular alegaciones en el trámite de audiencia.
![El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ayer a su salida del Supremo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/11\/12\/actualidad\/1003744009565_259881153_320x180.jpg"])
"Alberto González Amador no ha podido ejercitar ninguno de sus derechos como interesado", lamenta Rodríguez Ramos.
"Especialmente, conocer el expediente, alegar en relación a la resolución a adoptar (...) y conocer la resolución adoptada, por lo que desarrollar en esas condiciones el ejercicio del derecho al recurso frente a la Administración es la perfecta cristalización procesal de la indefensión, no cabiendo mayor intensidad", se queja el abogado.
El pasado diciembre, la Sala Penal del Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados.
Le impuso una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros (en total, 7.200 euros) y el pago de una indemnización de 10.000 euros, por "daños morales".
La sentencia del Supremo le inhabilitaba durante dos años. Tras conocerse ese fallo, García Ortiz dimitió como máximo responsable del Ministerio Público.
No obstante, a juicio de Peramato, dicha pena de inhabilitación no debe derivar en la expulsión de García Ortiz de la Carrera Fiscal.
![Teresa Peramato, en su comparecencia este jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/04\/actualidad\/1003744042760_260317785_320x180.jpg"])
Por otro lado, la Abogacía del Estado pidió recientemente a la Sala Penal del Supremo que declare la nulidad de la sentencia condenatoria, por incurrir ésta "en múltiples y graves vulneraciones de derechos fundamentales".
El abogado del Estado que representó a García Ortiz en el procedimiento judicial en su contra presentó ante el Alto Tribunal un incidente de nulidad, paso previo a recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).
La Abogacía del Estado y la Fiscalía confían en que el TC revierta el fallo que costó el cargo de fiscal general a García Ortiz.
