Ábalos, el pasado 27 de noviembre a su llegada al Supremo antes de ingresar en prisión.
El TS pone en marcha el juicio a Ábalos, que tendrá 7 jueces tras sumar al exfiscal general Melgar y al progresista Hernández
La Sala Penal decide la composición de la Sala que juzgará por presuntos delitos de corrupción a quien fue brazo derecho de Pedro Sánchez en el PSOE.
Más información: Ábalos contrata como abogado a Marino Turiel, quien elaboró su querella contra las autoras de la auditoría de Transportes
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido la composición del tribunal que juzgará por presuntos delitos de corrupción a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, antiguo brazo derecho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El tribunal estará compuesto por siete magistrados. A los cinco que acordaron la iniciación de la causa en noviembre de 2024 se han sumado Julián Sánchez Melgar, que fue fiscal general del Estado entre diciembre de 2017 y junio de 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy, y el magistrado progresista Javier Hernández.
El juicio será presidido por el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, que ya formaba parte del tribunal que abrió el procedimiento a Ábalos y fue el ponente de esa resolución. Arrieta conserva la ponencia, por lo que será quien proponga la sentencia que se dicte tras la vista oral.
Los otros magistrados de la Sala de Admisión, y ahora de enjuiciamiento, son Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo Porres.
Ábalos, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre por "riesgo extremo" de fuga, estará en el banquillo junto a su antiguo asistente, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, cuya confesión apuntala los presuntos hechos delictivos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide para el exministro 24 años de cárcel.
El PP, que encabeza a las acusaciones populares personadas, eleva la petición de pena para el exdirigente socialista a 30 años de prisión.
Las acusaciones le atribuyen presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho continuado, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.
El juicio tendrá por objeto la adjudicación por el Ministerio de Transportes de contratos de mascarillas anti-Covid a la empresa Soluciones de Gestión SL, para la que Aldama actuaba como conseguidor, a cambio de dinero.
También son objeto del procedimiento la contratación irregular de la examante de Ábalos, Jesica Rodríguez, y de Claudia Montes en organismos públicos dependientes del Ministerio. La primera ha admitido que no fue ni un solo día a trabajar.
También se juzgarán las gestiones realizadas en distintos Ministerios por Ábalos y García para favorecer los intereses de Aldama en empresas que le pertenecían o de las que era intermediario, como Air Europa o Villafuel.
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, dio por terminada la investigación el pasado 3 de noviembre en una resolución en la que justificó los indicios para llevar a juicio a los tres encausados. Esta resolución -como todas las que ha dictado este instructor, cuyo trabajo ha sido respaldado por la Sala de Apelación- fue confirmada el pasado 10 de diciembre.
Puente abrió juicio oral al día siguiente, en una resolución contra la que ya no cabía recurso y que determinó, también, que la Mesa del Congreso suspendiera en sus funciones a José Luis Ábalos, que conserva su acta de parlamentario.
La causa, tramitada en tiempo récord teniendo en cuenta su complejidad, se encuentra solo pendiente de algunos recursos de apelación, como el interpuesto contra la prisión de Ábalos y García o contra la negativa a que sea un Jurado popular el órgano de enjuiciamiento.
