Julio Iglesias, en una imagen de archivo.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo.

Tribunales

La Fiscalía otorga a las denunciantes de Julio Iglesias el estatus de testigos protegidas y las cita a declarar

Tras investigar los hechos denunciados, la teniente fiscal Marta Durántez tendrá la opción de archivarla o, por el contrario, querellarse contra el cantante.

Más información: La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata

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Las claves

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha otorgado a las dos denunciantes de Julio Iglesias el estatus de testigos protegidas y las ha citado a declarar.

Las dos mujeres, extrabajadoras de las mansiones caribeñas de Iglesias, acusan al cantante de agresión sexual, acoso, lesiones, trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores.

La investigación se realiza en España debido a la nacionalidad del acusado y al Convenio de Estambul, que permite juzgar delitos de violencia contra las mujeres cometidos en el extranjero por españoles.

Women's Link Legal, la ONG que asiste a las denunciantes, ha solicitado medidas de protección para evitar el contacto con Iglesias y proteger la intimidad y seguridad de las víctimas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha citado a declarar a las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias por los supuestos delitos de agresión sexual, acoso sexual, lesiones, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

Así lo ha dado a conocer en una rueda de prensa Jovana Ríos Cisneros, directora ejecutiva de Women's Link Legal, la oenegé feminista que asiste legalmente a ambas, que son extrabajadoras de las mansiones caribeñas del cantante español.

Asimismo, Ríos Cisneros ha anunciado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha otorgado a las dos denunciantes el estatus de testigos protegidas.

Las dos extrabajadoras de Iglesias presentaron, el pasado 5 de enero, una denuncia contra el famoso intérprete, al que acusan de, entre otros hechos, actitudes de control personal y profesional y de agredirlas sexualmente durante el año 2021.

Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras abrir una investigación reservada, recabará el testimonio de ambas mujeres, a las que Women's Link se refiere con los nombres ficticios de Rebeca y Laura.

Por el momento, no se conoce si la teniente fiscal Marta Durántez las interrogará presencialmente en España o, por videoconferencia desde el extranjero, ya que ambas son latinoamericanas.

Tras culminar su investigación —denominada, técnicamente, como diligencias preprocesales—, la Fiscalía tendrá dos opciones: o archivarla o, por el contrario, presentar una querella contra Julio Iglesias ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

De ser así, sería un juez el que decida si rechaza la querella o, por contra, la admite a trámite y abra una investigación penal contra el intérprete.

Según la ley, la Audiencia Nacional es el competente para investigar los supuestos delitos cometidos por ciudadanos españoles en territorio extranjero, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Durante la rueda de prensa, la directora ejecutiva de Women's Link Legal ha subrayado la "diametralmente distinta capacidad económica y de influencia" de Iglesias y de sus denunciantes.

Por ello, ha desvelado que la denuncia presentada contra el artista solicitaba varias "medidas de protección".

Entre ellas, "que se evite el contacto directo entre las denunciantes y sus familiares y los sospechosos; que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las denunciantes" y el de "impedir información que pueda facilitar su identificación".

También han reclamado "evitar la revictimización de las trabajadoras que actualmente siguen empleadas" por Iglesias.

Fuera de España

Por su parte, Gema Fernández, abogada de la dirección legal de Women's Link, ha manifestado que la "nacionalidad española del presunto autor [de los delitos]" y la vigencia del Convenio de Estambul "justifican que sea la jurisdicción española la que investigue los hechos".

El principio de extraterritorialidad permite a la Audiencia Nacional investigar supuestos delitos cometidos por españoles en el extranjero.

El artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) encomienda a la jurisdicción española la investigación de "los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional", siempre que responsables sean españoles.

Y el artículo 65 e) de la misma norma atribuye a la Audiencia Nacional los "delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando, conforme a las leyes o a los tratados, corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles".

Pero ojo: para ello, deben concurrir ciertos requisitos. En el caso del delito de trata de seres humanos, "que el procedimiento se dirija contra un español".

Ahora bien, el 23.2 de la LOPJ alude a "delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, siempre que el procedimiento se dirija contra un español".

No obstante, esta misma ley recoge la competencia de la Justicia española en el caso de los delitos regulados en el llamado Convenio de Estambul, siempre que el procedimiento se dirija contra un español.

Este convenio, fechado en 2011, mismo año en el que España lo firmó, se orienta a la "prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica". Incluye, por tanto, los delitos sexuales (agresión, acoso...).

Por último, durante la rueda de prensa de este miércoles, Jovana Ríos Cisneros ha confirmado que "otras mujeres" han contactado con Women's Link Legal a raíz de la denuncia ya presentada contra Julio Iglesias, pero la portavoz ha optado por "no comentar" detalles sobre estos nuevos testimonios.