El juez deja en libertad a Leire Díez, a Antxon Alonso y al exjefe de la SEPI y les atribuye amaños por importe de 132 millones

Todos ellos fueron detenidos este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y este sábado han pasado a disposición judicial, investigados por, supuestamente, formar parte de una trama corrupta dedicada, entre 2021 y 2023, a cobrar comisiones ilegales a empresas a cambio de desplegar ciertas influencias.

En concreto, según consta en una resolución de la causa, los tres investigados habrían participado en, al menos, cinco amaños, en operaciones que suman un valor total aproximado de 132 millones de euros. Así lo cuantifica la UCO.

Entre otros asuntos, la supuesta red criminal habría influido en un rescate público, concedido a la empresa Tubos Reunidos, por importe de 112,8 millones de euros. También, en la concesión de préstamos, de menor cuantía, por parte de la SEPI y el presunto amaño de otros contratos.

Los tres investigados, además, empleaban un grupo de WhatsApp denominado Hirurok, que se traduce del euskera como "Nosotros tres".

Antxon Alonso, a su salida de la Audiencia Nacional. Javier Corbacho

Este sábado, ante el juez Piña, ni Leire Díez ni Antxon Alonso han declarado. Sí lo ha hecho Vicente Fernández, que ha contestado a todas las partes y ha negado las supuestas irregularidades que se le atribuyen.

En la llamada vistilla, tras los respectivos interrogatorios, la Fiscalía Anticorrupción, representada por Elisa Lamelas Oliván, no ha pedido prisión provisional para ningún investigado.

Tan sólo, la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante la Justicia (los días 1 y 15 de cada mes). Por ello, al no haber sido solicitado por Anticorrupción, el juez no puede enviarles a la cárcel de forma preventiva y les ha impuesto las citadas medidas cautelares.

La investigación, durante la cual se han practicado numerosos registros de entidades públicas y empresas privadas, continúa bajo secreto de sumario.

Los delitos que se investigan son los siguientes: malversación, tráfico de influencias, organización criminal y prevaricación.

Aunque la causa judicial sigue siendo secreta —sólo el Ministerio Fiscal tiene acceso a la documentación—, la asociación Hazte Oír ya ha solicitado personarse como acusación popular.

Los investigados

¿Quiénes son los investigados? Antxon Alonso es el dueño de la pequeña constructora Servinabar 2000 SL. Y, tal y como desveló EL ESPAÑOL, fue él, junto a su amigo Santos Cerdán, el ya exsecretario de Organización del PSOE, quien influyó en el Ministerio para la Transición Ecológica en pro de la compañía privada Forestalia y de otras empresas de renovables que pagaban a ambos.

Además, cuando registró la sede de Servinabar 2000 y el domicilio de su dueño, la UCO halló un contrato, firmado por Cerdán en cada una de sus seis páginas, a través del cual el político adquiría el 45% de la constructora por tan sólo 6.000 euros.

A pesar de su pequeño tamaño, la empresa de Antxon Alonso fue beneficiada con contratos millonarios, como el de la reforma de los túneles de Belate (Navarra) o el de la ampliación del Puente del Centenario de Sevilla.

En ambos casos, Servinabar 2000 concurrió en una UTE (unión temporal de empresas) junto a Acciona. Un informe de la UCO señala que Cerdán habría gestionado comisiones ilegales pagadas por esta constructora a él, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al principal asesor de éste, Koldo García.

Por su parte, Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, ya estaba siendo investigada —a raíz de una denuncia de Hazte Oír— por un Juzgado de Madrid por hechos distintos a éstos.

¿Cuáles? Por sus tejemanejes para conseguir información de, precisamente, Anticorrupción y la UCO para malbaratar sus pesquisas.

Para ello, la mujer llegó a ofrecer beneficios judiciales a sus interlocutores y se presentó como emisaria del PSOE y como "mano derecha" de Santos Cerdán.

Vicente Fernández era un hombre de máxima confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tras abandonar la SEPI, acabó siendo contratado en 2021 por, precisamente, Servinabar 2000, algo que ha reconocido este sábado en la Audiencia Nacional.

El 'caso Aznalcóllar'

El fichaje del expresidente de la SEPI por Servinabar se produjo después de que Fernández fuera imputado en el caso Aznalcóllar, una causa judicial relativa a la concesión de una mina. Hace menos de una semana, ha sido absuelto.

La contratación se efectuó en 2021, tras verse frustrado el plan de la ministra Montero de que el caso fuese archivado de forma rauda para que él pudiese regresar a su puesto. No sucedió así: fue juzgado y la absolución no llegó hasta la semana pasada.

Vicente Fernández era un hombre muy próximo a la hoy ministra Montero, quien, actualmente, reniega de él. Fue la titular de Hacienda quien avaló personalmente su nombramiento en la SEPI tras haber coincidido ambos en la Junta de Andalucía.

Cuando fue interrogado en el Senado, en la llamada comisión Koldo, el PP preguntó a Fernández por el caso Aznalcóllar y a supuestos tejemanejes de Leire Díez para boicotear esta causa.

"¿No nos va a contar usted por qué Leire Díez promovió contactos con periodistas para favorecer una corriente de opinión favorable al cierre judicial del caso Aznalcóllar? ¿O por qué Leire Díez realizó un completo argumentario contra la empresa que había interpuesto una demanda a la Junta de Andalucía, Emerita Resources?", preguntó un senador del Partido Popular.

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con Emerita Resources. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

Lo que este periódico sí que puede confirmar es que Leire Díez visitó numerosos medios de comunicación —entre ellos, este diario— para intentar que se publicaran informaciones favorables hacia Fernández.