Leire, Antxon y Fernández buscaban "el máximo beneficio con el cobro de comisiones" por "influir" en expedientes públicos

Así lo detalla el magistrado en una resolución, fechada este sábado y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Piña investiga a Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, al constructor Antxon Alonso y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por, supuestamente, llevarse mordidas por "intermediar" en favor de las empresas que las pagaban.

Tras ser detenidos por la Guardia Civil el pasado miércoles, los tres han pasado este sábado a disposición judicial y, posteriormente, han quedado en libertad con medidas cautelares.

Antonio Piña afirma que los investigados, a los que atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias, se habrían "aprovechado de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".

"A través de contratación y facturación mendaz", añade, "habrían canalizado los fondos principalmente" por medio de una sociedad limitada, Mediaciones Martínez.

El grupo habría actuado "en distintos puntos del territorio nacional" al menos entre 2021 y 2023 "alcanzando a varias Administraciones públicas", indica el instructor.

Cinco operaciones por 132 millones

El instructor investiga cinco operaciones, que suman un total de 132 millones de euros, en las que se habrían producido amaños o irregularidades

Piña trata de dilucidar si la trama Leire maniobró en el marco de un proyecto protagonizado por la constructora Acciona, interesada en dos explotaciones pertenecientes a la empresa pública Enusa, en la que la fontanera del PSOE trabajó.

Auto del juez, fechado este sábado. EL ESPAÑOL

Acciona ya aparece implicada, por el supuesto pago de comisiones ilegales, en el llamado caso Cerdán.

En esta causa judicial, instruida por el Tribunal Supremo, está investigado Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE de quien, además, Leire Díez se presentaba como su "mano derecha" en la sombra.

El juez sitúa uno de los supuestos amaños "en un contexto en el que Acciona se encontraba interesada en hacerse con dos explotaciones tituladas por la empresa pública [Enusa]". Se trata de una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.

Según la resolución judicial, los miembros del entramado —que usaban el sobrenombre de Hirurok; traducido del euskera como "nosotros tres"— influyeron para que la compañía pública seleccionase al bufete de abogados SDP Carrillo y Montes y este despacho articulase la viabilidad de la operación.

Además, la red Díez-Antxon-Fernández habría inflado el precio de este contrato, con unos sobrecostes del 50% del valor del mismo, para obtener beneficio en forma de comisiones ilegales, presuntamente.

El instructor también detalla pagos, por valor de 17.545 euros, del despacho de abogados a la empresa Mediaciones Martínez, la empleada por los miembros de Hirurok para canalizar las supuestas mordidas.

Leire Díez trabajó en Enusa (Empresa Nacional del Uranio) como responsable de Comunicación entre 2018 y 2021. Este último fue el mismo año en que Fernández, tras haber abandonado la SEPI, pasó a formar parte de Servinabar 2000, la constructora de Antxon Alonso en la que, según la UCO, tenía participación accionarial Santos Cerdán.

Por otro lado, el juez Piña relata que esta trama habría intermediado a favor del rescate concedido a la empresa Tubos Reunidos, por valor de 112,8 millones de euros (la operación de mayor importe). Por ello, habría recibido 114.950 euros "a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez".

Asimismo, el grupo Hirurok habría influido para que la empresa pública Mercasa cambiase su sede, con una justificación también "mendaz".

La compañía adjudicó un contrato a Servinabar 2000, por importe de 18.119 euros, para que la pequeña constructora de Antxon Alonso, actuando como una consultora, avalase el cambio de sede de Mercasa e inflase el precio de las obras de rehabilitación.

A su vez, la trama Leire habría beneficiado a la mercantil Erri Berri en la adjudicación de un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Según la resolución del juez, dicha compañía habría abonado, a cambio, como comisión, 400.000 euros.

Finalmente, el instructor alude a la concesión de una ayuda, por parte de la empresa pública Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial), a la sociedad Arapellet SL. La ayuda ascendió a 17,32 millones de euros.

El supuesto grupo criminal habría influido en cargos de Sepides para su concesión. Arapellet SL pertenece al Grupo Forestalia. Tal y como desveló EL ESPAÑOL, Santos Cerdán y Antxón Alonso intermediaron a favor de esta empresa de renovables ante el Ministerio para la Transición Ecológica, cuando lo encabezaba Teresa Ribera.

Acciona y Cerdán

Leire Díez está siendo investigada por un Juzgado de Madrid por tratar de conseguir documentación sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, a fin de, presuntamente, malbaratar sus pesquisas.

Para ello, se reunió con, al menos, un fiscal y con empresarios (investigados judicialmente) a los que prometía beneficios de distinta índole.

En uno de estos encuentros, la llamada fontanera del PSOE se presentó como emisaria del partido, mencionó su supuesto hilo directo con el Gobierno y se autodefinió como la "mano derecha" de Santos Cerdán, el entonces número tres de la formación política.

En la causa judicial instruida por el Supremo y en la que Cerdán, además de Antxon Alonso, está investigado, la Guardia Civil sitúa al político como el encargado de gestionar supuestas comisiones pagadas por Acciona a cambio del amaño de contratos públicos.

Además de él, las habrían recibido el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el principal asesor de éste, Koldo García.

En el caso Cerdán también figura como investigado el antiguo responsable de Acciona Construcción Justo Vicente Pelegrini, entre otros directivos de la compañía.

Por otro lado, cuando la Guardia Civil registró el domicilio de Antxón Alonso y la sede de Servinabar, halló un contrato, firmado por Santos Cerdán en cada una de sus seis páginas, por el cual adquiría el 45% de la constructora de su amigo por sólo 6.000 euros.

El constructor, no obstante, interrogado en el Supremo, manifestó que dicho documento, fechado en 2016, nunca tuvo validez, pese a haberlo guardado durante casi diez años.

A través de varias UTE (uniones temporales de empresas) junto a Acciona, Servinabar, pese a su inexperiencia y pequeño tamaño, fue beneficiada con millonarios contratos públicos. Entre otros, la reforma del túnel de Belate, en Navarra, o la del Puente del Centenario, en Sevilla.