Roberto Roselli y Julio Martínez, el CEO y el presidente de la aerolínea Plus Ultra, respectivamente.
La juez investiga blanqueo y fraude de Plus Ultra ligados al petróleo y al oro venezolano procedente del chavismo
Se trata de una ramificación, bajo secreto de sumario, del caso en el que se investigaron posibles irregularidades en el rescate que recibió la aerolínea.
Más información: La UDEF detiene al CEO y al presidente de Plus Ultra, rescatada por la SEPI, e incauta datos fiscales de la aerolínea
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude que habría cometido la aerolínea Plus Ultra en operaciones vinculadas al oro y al petróleo procedente de Venezuela.
Así lo detallan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, después de que este jueves la juez Esperanza Collazos ordenase la detención de Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, y de Julio Martínez, presidente de la aerolínea.
Esta misma magistrada ya investigó, hasta el año 2023, el polémico rescate de la SEPI, por valor de 53 millones de euros, que recibió esta compañía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
No obstante, en enero de 2023, se vio obligada a archivar la causa judicial al haberla prorrogado fuera de plazo.
Según detallan a EL ESPAÑOL las mismas fuentes, la causa en la que han sido detenidos Roselli y Martínez es una ramificación de aquella, derivada de una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.
En un inicio, fue presentada en la Audiencia Nacional. Pero el Juzgado Central de Instrucción número 2 la rechazó, al considerar que este órgano judicial no era competente para investigar lo relatado por Anticorrupción.
La instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, avaló esta postura y recomendó a la Fiscalía presentar su querella en el Juzgado de Instrucción número 15, como así sucedió.
Por el momento, la causa sigue bajo secreto de sumario. Ahora bien, parte de la investigación gira en torno al supuesto blanqueo de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía".
Estas actuaciones delictivas estarían vinculadas a los programas de alimentos del chavismo (los denominados CLAP) y a ventas del Banco de Oro de Venezuela.
Y, según la querella de Anticorrupción, Plus Ultra habría firmado contratos de préstamo con sociedades vinculadas al expolio del oro; acuerdos, que habrían sido, presuntamente, empleados para el blanqueo de fondos ilícitos en fechas próximas a la recepción del rescate por parte de la aerolínea.
La denuncia de la Fiscalía también relata una venta de oro, por importe de 30 millones de euros, a una sociedad de Emiratos Árabes, por parte de una de las empresas que firmaron los mencionados contratos.
A su vez, Anticorrupción aludió a movimientos de dinero hacia Panamá y a la venta de relojes de lujo para el blanqueo de capitales.
El Ministerio Público apuntaba, en su denuncia, a un supuesto fraude en su modalidad de "uso indebido de ayudas públicas" (el conocido como fraude de subvenciones).
Conviene recordar que, en 2020, el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, firmó un acuerdo para intercambiar petróleo (procedente de la petrolera estatal, PDVSA) por alimentos para sus programas CLAP.
Suiza y Francia
Anticorrupción recibió la información sobre las supuestas actuaciones delictivas de Plus Ultra de las autoridades francesas (Parquet National Financier) y suizas (la Fiscalía de Ginebra).
En ambos países, según fuentes jurídicas, la trama investigada tendría ramificaciones y en ella también estaría implicado "un abogado español".
Tal y como ha podido saber este diario, además de a Roselli y a Martínez, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional también ha detenido a, al menos, otra persona más. Se trata de un empresario, cuya identidad no ha trascendido.
De hecho, la querella de Anticorrupción se dirige contra un total de siete personas, seis varones y una mujer.
Los tres arrestados fueron trasladados este jueves al Complejo Policial de Canillas, en Madrid, y pasarán a disposición judicial próximamente. De hecho, no es descartable que lo hagan el próximo sábado, fecha en la que el Juzgado de Instrucción 15 está de guardia de juicios rápidos.
Este jueves, la UDEF también acudió a la sede de Plus Ultra, compañía de capital venezolano, para requisar información fiscal de la misma.
Su controvertido rescate, por valor de más de 53 millones de euros, se produjo en el año 2021. Fue la propia aerolínea la que solicitó esta ayuda a la SEPI (la Sociedad Española de Participaciones Industriales) en plena pandemia de la Covid-19, cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes.
Por otro lado, este miércoles fue detenido, en el marco de otra causa judicial secreta —en este caso, comandada por la Audiencia Nacional—, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.
El rescate a Plus Ultra
El pasado mes de julio, la Comisión Europea anunció que estudiará si el rescate de Plus Ultra, en el que medió José Luis Rodríguez Zapatero, cumple o no con los Tratados de la Unión Europea.
Además, el PP reclamó por aquel entonces una auditoría específica del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso de fondos públicos en esta operación.
La intervención directa del expresidente del Gobierno socialista puso el foco sobre posibles irregularidades y un eventual uso partidista de los recursos europeos.
De hecho, Plus Ultra contaba en 2021 con menos del 0,1% del mercado nacional. Y a pesar de ello, fue una de las 21 beneficiarias del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que el Gobierno español creó durante la pandemia del coronavirus.
