El exjefe de SEPI, la 'fontanera' del PSOE y el socio de Cerdán vendían sus influencias por dinero, coches y propiedades

Los tres han sido detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una investigación que permanece bajo secreto de sumario.

Según revelan fuentes del caso a EL ESPAÑOL, la Audiencia Nacional investiga a los tres por supuestos actos de corrupción a través de una amplia red de contactos en el Gobierno de Pedro Sánchez y en varias Administraciones públicas, tanto autonómicas como locales.

En el caso del expresidente de la SEPI, muy cercano a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la UCO cree que recibió mordidas en efectivo y numerosas dádivas en forma de bienes inmuebles. Algunos de ellos, en Marbella.

Por su parte, la fontanera del PSOE, entre otras comisiones, habría cobrado por sus servicios en especies. Entre ellas, dos coches que habrían sido abonados por las empresas que contrataban a la red.

Antxon y Cerdán influían en el Ministerio de Ribera en pro de Forestalia, Sumelzo y empresas de renovables que les pagaban

Antxon Alonso, socio de Cerdán en la pequeña constructora Servinabar, de la que el político adquirió el 45%, habría usado esta compañía para el cobro de una parte de las mordidas y otras sociedades, para ocultar las comisiones acordadas.

Entre estas sociedades, figura Next Generation Caliope Innova SL. Se trata de una empresa de energías renovables vinculada a las empresas aragonesas Forestalia y Sumelzo y que habría recibido a cambio de emplear sus influencias para favorecerlas.

Esta empresa tiene un activo de más de dos millones de euros y no ha facturado ni un euro en los últimos años.

Las gestiones para Forestalia y Sumelzo, tal y como ha revelado EL ESPAÑOL, incluían los contactos con el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

Además, este diario ha podido comprobar que Antxón Alonso también intermedió para estas dos empresas (y otras) en gobiernos autonómicos y municipales del PSOE, PNV, EH Bildu y Geroa Bai.

Conviene recordar que Antxon Alonso fue quien organizó la reunión de Pedro Sánchez y Santos Cerdán con Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco días antes de la moción de censura a Mariano Rajoy.

Este jueves, la UCO continuó realizando registros en domicilios y sedes de empresas, entre las que se encuentran la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Mercasa, Enusa y la antes citada Forestalia.

La Guardia Civil investiga, en el caso de la SEPI y sus sociedades participadas, supuestas irregularidades en varios contratos públicos, en los que pudo haber corrupción.

En total, hasta el momento, han sido 19 registros los que se han llevado a cabo entre los pasados miércoles y jueves. En ellos, la Guardia Civil se ha incautado de diversa documentación y dispositivos móviles e informáticos.

Este sábado, a las diez de la mañana, los tres detenidos pasarán a disposición judicial para prestar declaración ante el magistrado titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña.

La UCO registra el bar La Bola de Sevilla, propiedad de Vicente Fernández: sospecha que lo usó para blanquear dinero

La red empleaba, según sospecha la UCO, el bar La Bola, en Sevilla, para blanquear buena parte del dinero que lograban de sus trabajos con empresas.

Se trata de un local propiedad de Vicente Fernández, que registró un llamativo incremento en sus cuentas en el ejercicio 2023. Aumentó su facturación en un 29%, hasta los casi 387.000 euros.

Una de las claves que más llama la atención de este local es que el flujo de caja libre aumentó un 700%. De 9.000 euros a 56.000 euros de 2022 a 2023, último año disponible de las cuentas en el Registro Mercantil.

A la espera de que se levante el secreto de las actuaciones judiciales, las empresas implicadas han declinado hacer comentarios sobre el tipo de información que la Guardia Civil les ha requerido.

En el caso de Forestalia, ha emitido un comunicado a última hora de este jueves asegurando que mantiene "plena colaboración" con las autoridades y que "tiene total normalidad en sus actividades profesionales".

La compañía de la familia aragonesa Samper es señalada por haber contratado, junto a la familia Sumelzo, a Antxon Alonso para que ejerciera su influencia con el Miteco, gobiernos regionales y Ayuntamientos para sacar adelante una autopista eléctrica de 270 kilómetros entre Navarra y País Vasco.

Como ha contado este diario, el socio de Cerdán logró que el 6 de noviembre de 2023, hubiera una reunión en el Palacio de Navarra con el vicepresidente Félix Taberna, el presidente de Forestalia, Fernando Samper, y los directivos de esta empresa de renovables Carlos Ontañón, Luis Marruedo y Julio Tejedor.

El objetivo del encuentro, al que acudió también el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, era facilitar los permisos para poner en marcha el proyecto de Forestalia.

También Alonso usó esa influencia para tratar de convencer a los alcaldes que se oponían y a sus vecinos. Según explican fuentes conocedoras de su actuación, el socio de Cerdán, supuestamente, hablaba con ellos y guiaba la cantidad de dinero que debían darles como compensación para acallar sus críticas.

Precisamente, Antxon Alonso contrató a través de Servinabar en 2021 al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. El ahora detenido fue absuelto la semana pasada en el caso Aznalcóllar, en el que fue juzgado por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación, entre otros.

Vicente Fernández, junto a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por este caso, Fernández tuvo que dimitir de su puesto al frente de la SEPI en el año 2019, apenas un año después de su nombramiento y pese a ser uno de los hombres fuertes de María Jesús Montero.

Tanto es así que el puesto estuvo vacante durante dos años, pues la vicepresidenta confiaba en poder restablecerlo si la causa se archivaba para él en un corto espacio de tiempo.

Durante aquella etapa, conoció a Leire Díez. La conocida como fontanera de Ferraz ocupó el puesto de responsable de comunicación de Enusa, la Empresa Nacional del Uranio y que forma parte del entorno de la sociedad pública.

De ahí, Díez pasó a Correos, desde donde hizo una campaña bajo tierra para intentar restablecer el honor de Fernández de las acusaciones vertidas contra él en el caso Aznalcóllar.

Díez visitó numerosos medios de comunicación, entre ellos EL ESPAÑOL, intentando que se publicaran informaciones favorables hacia él.