Ábalos y Koldo a su llegada este jueves al Tribunal Supremo.
El fiscal también pide prisión provisional incondicional para Koldo García, asistente de Ábalos, por riesgo de fuga
Luzón considera que la reciente petición de penas para los dos acusados aumenta el peligro de que se sustraigan a la Justicia antes del juicio por los contratos de mascarillas, que puede celebrarse dentro de tres o cuatro meses.
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido también para Koldo García, asistente del exministro José Luis Ábalos, prisión provisional incondicional. Es la misma solicitud que ha hecho a primera hora de la mañana para el diputado y exnúmero 3 del PSOE.
En sendas comparecencias celebradas ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, Luzón ha argumentado que la reciente presentación de los escritos de acusación, en los que se piden altas penas de prisión para Ábalos y García, aumentan el riesgo de fuga.
La misma tesis ha sostenido el abogado Alberto Durán, que ejerce la acusación popular en nombre del PP y en quien está unificada la representación del resto de acciones populares.
La comparecencia de Ábalos se ha celebrado a primera hora de la mañana, mientras que la de García ha tenido que esperar hasta las 12,30 horas, una vez que su abogada, Leticia de la Hoz, ha podido llegar al Supremo tras asistir en la Audiencia Nacional a la declaración del empresario Víctor de Aldama.
La primera comparecencia ha durado unos 40 minutos, mientras que la segunda se ha prolongado unos 10 minutos más.
Ahora ambos esperan la decisión de Puente en el interior del palacio de justicia, Ábalos "fumando sin parar", según fuentes que le han observado en el patio de naranjos del alto tribunal.
En el caso de Ábalos, el representante de la Fiscalía ha argumentado que el riesgo de fuga, hasta ahora conjurado por medidas cautelares de menor intensidad (la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en un Juzgado), ha aumentado exponencialmente tras la presentación del escrito de acusación en el que la Fiscalía pide para él 24 años de cárcel.
La Fiscalía le atribuye el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos de mascarillas en plena pandemia de la Covid-19, entre otros hechos que constituirían seis delitos de organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos, dos ilícitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Luzón ha argumentado que, a partir de ese momento, Ábalos sabe que va a ser juzgado y corre el riesgo cierto de ser condenado, por lo que la única manera de asegurar que siga sometido al proceso es la prisión incondicional.
Ha añadido que la medida preventiva no durará en exceso ya que el juicio podría celebrarse dentro de tres o cuatro meses.
También ha pedido prisión preventiva incondicional el abogado del PP Alberto Durán, que ejerce la acusación popular y representa al resto de acciones populares. El PP presentó el pasado día 20 un escrito de acusación en el que solicita 30 años de prisión para Ábalos.
El PP ya había pedido el encarcelamiento de Ábalos el pasado 16 de octubre, la última vez que el exministro tuvo la oportunidad de prestar declaración sobre los hechos que se le imputan, aunque se acogió a su derecho a no hablar.
En aquel momento, Puente rechazó privar de libertad al investigado, hoy ya acusado. El instructor del Supremo siempre ha acogido el criterio del fiscal jefe, que en octubre no pidió la prisión de Ábalos.
Durante la comparecencia el exministro ha sido invitado a intervenir y lo ha hecho.
Según fuentes jurídicas, José Luis Ábalos ha asegurado que no tiene ninguna intención de fugarse porque no tiene dónde ir y porque ya lo habría hecho.
Ha alegado también que tiene hijos menores de los que debe ocuparse y que sigue siendo miembro del Congreso y los ciudadanos tienen derecho a que ejerza su mandato representativo.
Luzón se había referido con anterioridad a la condición de Ábalos de parlamentario para argumentar que la pertenencia a un poder del Estado no exime de responsabilidades penales ni elimina el principio de igualdad ante la ley.