Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declarando el pasado martes en el Tribunal Supremo.

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declarando el pasado martes en el Tribunal Supremo. E.E.

Tribunales

La Audiencia de Madrid confirma que hay motivos para juzgar a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal

El empresario González Amador se enfrentará a petición de pena de tres años y nueve meses de cárcel por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

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Las claves

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la imputación de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos fiscales y uno de falsedad documental.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de cárcel y una multa cercana a medio millón de euros por fraude en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, con un perjuicio de 350.951 euros.

Se acusa a González Amador de usar facturas falsas y trasladar artificialmente ingresos entre empresas bajo su control para obtener ventajas fiscales indebidas.

La Abogacía del Estado aplica la atenuante de reparación del daño, ya que González Amador devolvió la cantidad defraudada en mayo de 2024.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión de la jueza Inmaculada de Iglesias de imputar formalmente al empresario Alberto González Amador para que pueda ser juzgado por dos presuntos delitos fiscales y uno de falsedad documental.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya presentaron el pasado julio sus escritos de acusación, por lo que el juicio oral contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya puede ser abierto.

La acusación pública y la acusación particular coinciden en pedir tres años y nueve meses de cárcel, además de una multa de cerca de medio millón de euros, por un presunto fraude correspondiente a los ejercicios de 2020 y 2021 en la tributación del Impuesto de Sociedades de su empresa Maxwell Cremona. La cantidad defraudada habría ascendido a 350.951 euros.

En una escueta resolución conocida hoy, la Sección Tercera de la Audiencia madrileña rechaza que se hayan vulnerado los derechos de González Amador a la defensa y a la tutela judicial efectiva por el hecho de que la instructora rechazó convocar a los autores de un informe pericial de parte para que ratificaran este dictamen, que niega el fraude tributario.

Para la Sala, esas diligencias "no resultan estrictamente necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación".

Además, señala que el informe pericial ha sido presentado extemporáneamente.

Según el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, González Amador, "con ánimo de procurarse un ahorro fiscal ilícito, ante la perspectiva de tener que ingresar importantes cantidades al erario público en sede del Impuesto sobre Sociedades como consecuencia del incremento de su cifra de negocios, consignó mendazmente gastos documentados en facturas que no se encuentran sustentados por prestaciones de servicios o entregas de bienes realmente ejecutadas".

En 2020 González Amador ingresó 1,9 millones de euros por su intermediación en la venta de material sanitario por parte de FCE Select Products a Mape Asesores. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, es miembro del consejo de administración de Mape.

La acusación particular sostiene que el empresario era "plenamente consciente de la falta de realidad de las facturas contabilizadas y de los consiguientes gastos indebidamente deducidos en el Impuesto sobre Sociedades, ejecutando la conducta descrita con el ánimo de escapar la tributación correspondiente".

El escrito de acusación se dirige también contra Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera Lobato, Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo, que a través de sus empresas habrían participado como cooperadores necesarios en los delitos fiscales atribuidos a González Amador a través de un entramado de facturación falsa.

A mayor abundamiento, señala el escrito de acusación, en 2021 y con el ánimo de "seleccionar de manera arbitraria la sociedad en que quiere que tributen determinados ingresos", González Amador "trasladó artificialmente parte de la actividad de Maxwell a la mercantil Masterman&Whitaker, sujeta también a su control".

El empresario habría "simulado" que los servicios se prestaban por Masterman cuando en realidad fueron ejecutados con medios personales de Maxwell, "generando de forma indebida créditos fiscales a aplicar en ejercicios futuros en sede de Masterman".

La Abogacía del Estado aplica a los acusados la circunstancia atenuante simple de reparación del daño. Ello se debe a que el 17 de mayo de 2024 González Amador ingresó la cantidad defraudada.

Además de este procedimiento por fraude fiscal, González Amador está siendo investigado en otro por un presunto delito de corrupción en los negocios relacionado con la compra de una sociedad perteneciente a la esposa de Fernando Camino.