La Comisión de Venecia rechaza la tesis de Bolaños para seguir con la elección política del CGPJ y destaca que 'no evita bloqueos'

Las propuestas —una del sector progresista, otra del bloque conservador— son irreconciliables.

El primero propone mantener la actual elección parlamentaria de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces, incluidos los 12 que deben ser jueces. Es la tesis por la que aboga el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El grupo conservador plantea devolver a los jueces la elección de los 12 vocales judiciales, tal como contemplaba la ley antes de su modificación por el Gobierno socialista de Felipe González en 1985.

Desde entonces, PSOE y PP se han repartido el órgano de gobierno del Poder Judicial en función de la aritmética parlamentaria existente en el momento de cada renovación, incurriendo justamente en aquello de lo que previno el Tribunal Constitucional.

"Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma Constitucional [que la composición del CGPJ refleje el pluralismo existente en la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial] si las Cámaras (...), actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, (...) distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos", dijo el TC en una sentencia dictada en 1986, sistemáticamente ignorada.

El dictamen del órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional analiza los argumentos esgrimidos en apoyo de la elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ.

Son las tesis defendidas por Bolaños, aunque el Ministerio ha logrado que se retirara una mención específica al ministro que figuraba en el borrador de dictamen.

Legitimidad vs. corporativismo

El primer argumento esgrimido es que el CGPJ debe poder beneficiarse de la legitimidad democrática que proporciona la participación del Parlamento en la elección de los vocales.

El segundo sostiene que confiar la designación de los miembros judiciales del Consejo a los propios jueces podría desembocar en corporativismo y limitar el alcance del pluralismo.

La legitimidad de los consejos judiciales "emana de la Constitución, del respeto de las leyes, del principio de legalidad y de la confianza pública, y no de acuerdos políticos sobre el nombramiento de los miembros del Consejo", responde la Comisión de Venecia.

En cuanto a la alegación de corporativismo, señala que la composición mixta del CGPJ "incluye a miembros legos [8 juristas que no son miembros del cuerpo judicial] elegidos por el Parlamento, garantizando así el pluralismo y la responsabilidad democrática".

El dictamen también indica que la propuesta del sector progresista, "que no parece estar completamente desarrollada", no establece ningún criterio para que el Parlamento elija a los 12 vocales judiciales entre los 36 candidatos preseleccionados en una votación por los propios jueces, tal como se hace ahora.

Ello "parece equivaler a una decisión discrecional" del Parlamento, que "tampoco debe proporcionar razones adecuadas" sobre su elección.

Bloqueos

Además, este modelo "no ofrece un mecanismo adecuado para evitar el bloqueo en caso de estancamiento parlamentario", constata la Comisión de Venecia.

A la luz de la tardanza (cinco años y medio) de la última renovación, el informe considera que una solución adecuada sería introducir una norma que estableciera que, si los nombramientos de los miembros judiciales no se realizan en un plazo breve pero razonable por el Parlamento, los candidatos preseleccionados sean nombrados automáticamente de acuerdo con la clasificación determinada por los resultados de la votación de la carrera judicial.

La Comisión de Venecia considera que la propuesta del sector progresista "contiene mejoras significativas" para garantizar la participación del Poder Judicial en la elección de los 12 vocales judiciales.

Pero "este objetivo se ve frustrado por la participación del Parlamento en su elección final", afirma.

"La mera nominación y preselección por parte del Poder Judicial no sería suficiente para que este modelo fuera compatible con la norma europea de elección por sus pares", indica.

"Si bien el cumplimiento de esta norma no queda necesariamente descartado cuando se prevé una segunda fase de selección, ésta no debería ser de naturaleza política. Por lo tanto, ese modelo, tal y como está, no puede considerarse conforme con esa norma", concluye.

Por el contrario, la propuesta del sector conservador faculta a los jueces para elegir directamente a los miembros judiciales del Consejo "con el objetivo de eliminar la politización en el proceso parlamentario".

"Este enfoque es bienvenido, ya que cumple con la norma europea de elegir a los candidatos judiciales mediante votación entre pares", indica el dictamen.

El peso de las asociaciones

Sin embargo, añade, "no debe pasarse por alto el riesgo de politización interna, especialmente cuando las asociaciones judiciales pueden ejercer una influencia significativa sobre las nominaciones y las campañas, lo que podría condicionar el proceso electoral".

La Comisión de Venecia subraya que la elección de los vocales "debe protegerse no solo de la injerencia externa, sino también de la politización interna, ya que ambas podrían socavar la independencia judicial".

Se refiere a que "varios interlocutores" de la delegación de la Comisión que visitó España los pasados 15 y 16 de septiembre destacaron que "al menos dos de las principales asociaciones judiciales pueden estar estrechamente vinculadas a las dos principales orientaciones políticas".

El informe no menciona sus nombres, que son notorios en el mundo judicial: Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces y Juezas para la Democracia, próximas al PP y al PSOE, respectivamente.

"Algunos interlocutores temían que solo fueran elegidos [para el CGPJ] los llamados 'jueces conservadores', privando al CGPJ del pluralismo político", añade el dictamen.

"Dicho esto, la Comisión no puede discernir la base sobre la que se podría caracterizar al Poder Judicial español en su conjunto como 'conservador'", indica.

En todo caso, considera que la elección directa de los vocales judiciales por la carrera "por sí sola puede ser insuficiente para abordar por completo el riesgo de politización".

"Las asociaciones judiciales, que desempeñan un papel importante para la comunidad judicial, pueden, en la práctica, actuar como representantes de los actores políticos. Por lo tanto, pueden ser necesarias medidas de protección adicionales para evitar la politización interna", señala.

De este modo, "deberían adoptarse medidas", dice, para animar a los jueces no asociados a presentarse como candidatos "y garantizar que no se encuentren en una situación de desventaja significativa" respecto a los candidatos de las asociaciones.

Sugiere, además, que se reduzca "sustancialmente" o incluso se suprima la exigencia de avales para concurrir como candidato al CGPJ. La propuesta conservadora reclama 25 avales y la progresista, 30.

Otra medida sería reducir el número de candidatos que cada juez puede votar. El planteamiento del sector conservador es que cada votante solo pueda apoyar a un máximo de 8 candidatos.

Para la Comisión de Venecia, es un número "elevado" que "podría tener un efecto mayoritario, lo que reduciría las posibilidades de que los candidatos individuales y minoritarios resultaran elegidos y disminuiría la vocación pluralista" del CGPJ.