El Grupo de Estados contra la Corrupción "lamenta" que no haya un nuevo modelo de CGPJ: "Debe ser elegido por los jueces"

La extraordinaria tardanza del Gobierno en autorizar la difusión de los informes del GRECO ha provocado la desactualización en parte de su contenido. El documento relativo a la integridad de quienes desempeñan funciones ejecutivas superiores fue adoptado por el Grupo en diciembre de 2023, por lo que no tiene en cuenta que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de enero el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), que incide en buena parte de las recomendaciones.

Aun así, el informe del órgano del Consejo de Europa que evalúa el trabajo de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción refleja incumplimientos no cubiertos por el SIAGE, como el relativo a una mayor atención a la situación de los asesores de los miembros del Gobierno, a la naturaleza política de su nombramiento y a sus funciones.

Aunque GRECO nunca se refiere a casos concretos, la recomendación no puede ser más oportuna: uno de los mayores escándalos que los tribunales investigan en este momento es una trama de corrupción que gira en torno a las actividades de quien fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021, José Luis Ábalos, y de su asesor Koldo García.

Tampoco se ha avanzado, afirma la evaluación del GRECO, en la introducción de normas sobre la relación entre las personas a las que se confían altas funciones ejecutivas y los lobistas y otros terceros que buscan influir en la labor legislativa y en el Gobierno.

No se ha avanzado en transparencia y objetividad de los procesos internos relacionados con la carrera profesional de policías y guardias civiles. GRECO resalta que las organizaciones profesionales de estos cuerpos "siguen expresando su preocupación por los nombramientos discrecionales y otro tipo de asignaciones (por ejemplo, las adscripciones) que no se cubren mediante concursos". A este respecto, GRECO subraya que "todas las decisiones" relativas a nombramientos "deben estar motivadas, incluyendo detalles sobre el proceso seguido y los criterios aplicados".

En general, el Grupo considera "insuficiente" la respuesta del Gobierno a las recomendaciones formuladas ya en 2019, por lo que ha decidido iniciar el procedimiento de aplicación de medidas por el incumplimiento detectado.

A este respecto, el GRECO ha pedido al presidente del Comité Estatutario que envíe una carta al representante permanente de España ante el Consejo de Europa "llamando la atención sobre el incumplimiento de las recomendaciones pertinentes y la necesidad de adoptar medidas decididas con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible".

Elección del CGPJ

La evaluación relativa a la prevención de la corrupción respecto a los miembros del Parlamento, jueces y fiscales es menos insatisfactoria, pero el GRECO se queja de que algunas de las recomendaciones más importantes siguen sin implementarse.

Es el caso del cambio del modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial. El informe del GRECO fue adoptado el 21 de junio de 2024, pero el Gobierno no ha permitido su publicación hasta ahora. Solo seis días después, el Gobierno y el PP firmaron en Bruselas un acuerdo para la renovación del CGPJ, que llevaba cinco años pendiente.

El dictamen del Grupo de Estados contra la Corrupción no ha podido reflejar el cumplimiento parcial de esa relevante recomendación. En todo caso, una vez lograda la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial queda pendiente otro aspecto importante: el cambio del modelo de elección de los vocales.

"El GRECO se remite nuevamente a las normas del Consejo de Europa relativas a la elección del turno judicial en los consejos judiciales", insiste. "Cuando la composición de los consejos judiciales es mixta [de vocales jueces y vocales juristas, como sucede en España], para la selección de los jueces miembros, las normas establecen que los jueces deben ser elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la más amplia representación del Poder Judicial en todos los niveles)".

La misma recomendación subraya que, de acuerdo con esos estándares europeos, "las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo, no participan en ninguna etapa del proceso de selección" de los vocales del CGPJ que proceden de la Judicatura.

Esta tesis apuntala el criterio de los 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP que el pasado 5 de febrero suscribieron un informe sobre el cambio de la fórmula para elegir a los vocales judiciales.

El CGPJ ha sido incapaz de llegar a un acuerdo sobre un nuevo sistema de elección del CGPJ, por lo que el grupo conservador elaboró una propuesta y el grupo progresista redactó otro informe en el que aboga por el mantenimiento de la fórmula vigente. En la actualidad, el Parlamento designa a todos los vocales, tanto los judiciales como los juristas. Para designar a los primeros, la carrera judicial designa una bolsa de candidatos entre los que los parlamentarios eligen.

Ambas propuestas han sido enviadas a las Cortes, a las que, en definitiva, correspondería reformar el modelo.

El informe del GRECO vuelve a insistir, de otro lado, en la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reconsiderar el método de elección y la duración del mandato del fiscal general, de manera que no coincida con el del Gobierno, como sucede en la actualidad.

El Grupo también ha recomendado establecer requisitos y procedimientos claros en la legislación para aumentar la transparencia de la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno, así como lograr una mayor autonomía en la gestión de los recursos del Ministerio Público.

El informe hecho público hoy constata que nada de esto se ha cumplido, por lo que "insta a las autoridades a tomar medidas decididas en este ámbito, incluyendo una consulta a la propia profesión", en referencia a la carrera fiscal.