Juan Carlos I, en una imagen de archivo.
El acto de conciliación por la demanda de Juan Carlos I a Revilla se celebrará el 16 de mayo en Santander
El monarca reclama 50.000 euros al político por las expresiones que éste pronunció sobre él a lo largo de tres años en programas de televisión.
Más información: Juan Carlos I reclama 50.000 euros a Miguel Ángel Revilla por "calumniarle"
El acto de conciliación entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla se celebrará el 16 de mayo en Santander (Cantabria).
Tal y como informó EL ESPAÑOL, el monarca ha demandado al expresidente de Cantabria, al que exige 50.000 euros por las expresiones que dirigió en su contra a lo largo de tres años en diversos programas de televisión en los que participó. La defensa del Emérito considera que atentan contra su honor y son "calumniosas" y difamatorias.
De hecho, el padre de Felipe VI pretende que el expresidente regional se retracte de estas palabras públicamente. Y ha anunciado que, de obtener esa cantidad de dinero, la donará a la oenegé católica Cáritas.
Antes de la celebración de un hipotético juicio, debe producirse un acto de conciliación, un trámite en el que las dos partes tienen la oportunidad de alcanzar un acuerdo. De no ser así, Juan Carlos I podrá entonces reafirmarse en su demanda contra el político, actual diputado autonómico.
No es necesario que ninguno de los dos acuda personalmente al acto de conciliación, que comenzará a las diez de la mañana del próximo 16 de mayo. Basta con que lo hagan sus respectivos procuradores. Comparecerán ante la secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander.
Los escenarios que ahora se abren son varios. Si la representante de Juan Carlos I no acude a este acto, se considerará al monarca como "desistido". Es decir, se archivará este expediente y no habrá juicio.
Si no acude la parte de Revilla, este trámite se considerará como "intentado sin avenencia". El monarca podrá entonces proceder a formalizar su demanda contra el político.
Miguel Ángel Revilla, durante una de sus apariciones en 'El Hormiguero'.
Puede suceder que, simplemente, las dos partes acudan y se constate que no hay acuerdo, lo que quedará registrado en un decreto, un tipo de documento oficial. De nuevo, se considerará que el acto ha quedado "intentado sin avenencia". Juan Carlos de Borbón podrá entonces proseguir con su demanda.
Por contra, si cierran un pacto, que la secretaria judicial debe plasmar en un escrito, se considerará que existe conformidad y tampoco habría juicio.
Como informó este periódico, Juan Carlos I ha contratado a la abogada Guadalupe Sánchez, del bufete Novalex, para interponer esta demanda.
Sánchez también es una de las letradas de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
De hecho, esta abogada es quien firma las reclamaciones económicas que este empresario ha dirigido contra varios ministros y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los que acusa, también, de haber vulnerado su honor. En su caso, por tacharle de "delincuente confeso".
Guadalupe Sánchez también representó a Rafael Marcos, padre del hijo de la activista indultada María Sevilla, quien demandó en 2022 a la entonces ministra Irene Montero por tildarle de maltratador, sin haber sido siquiera juzgado por ello; menos aún, condenado como tal.
