Conmoción y división en el Consejo de Estado: de "una sentencia razonada" a "golpe institucional"

Magdalena Valerio sí seguía en el Consejo de Estado cuando se notificó el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anula su nombramiento como presidenta por no reunir el requisito legal de ser una jurista de reconocido prestigio.

Un consejero que acudió a su despacho la vio "serena". "Me da la impresión de que se lo esperaba".

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Los demás no. Ni letrados ni consejeros apostaban por este desenlace de la demanda interpuesta por la Fundación Hay Derecho.

El fallo llega un año después de que Valerio fuera designada presidenta del Consejo de Estado, donde se ha ganado el aprecio general por su talante amable, dialogante, respetuoso con el trabajo de los demás y por su capacidad de trabar acuerdos.

Nunca antes se había tumbado el nombramiento del presidente del máximo órgano consultivo del Gobierno. Claro que tampoco nunca antes se había elegido para esa función a una exministra cuyo currículum, aparte de sus numerosos cargos políticos, está vinculado a puestos administrativos correspondientes a su rango de funcionaria del cuerpo de gestión de la Seguridad Social. 

"La notoria y sobresaliente trayectoria de Magdalena Valerio -ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde, concejal, entre otras responsabilidades públicas- sin duda alguna acredita su profunda experiencia en asuntos de Estado, pero no sirve para
tenerla por jurista de reconocido prestigio", afirma el Tribunal Supremo en una sentencia unánime y dictada por una Sala ideológicamente plural. 

Los del Consejo de Estado, destaca el alto tribunal, "son dictámenes técnico-jurídicos y con un elevado nivel de especialización que el presidente debe dominar". "Y la circunstancia de que haya consejeros que no tengan por qué ser juristas refuerza la importancia de que lo sea y de que goce de prestigio quien les presida".

En el caso de Valerio, "su 'curriculum vitae' muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido. Nada consta en el expediente en este sentido y tampoco se halla en el procedimiento indicación alguna sobre la misma".

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"Tal como están los magistrados de la Sala Tercera en los últimos tiempos, con una doctrina que reduce cada vez más la discrecionalidad del Gobierno, este fallo es coherente", opina un miembro del Consejo de Estado.

"Pero si se reclama una excelencia jurídica especial, que se pida para todos los cargos a los que se exige el requisito de juristas de reconocido prestigio, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo y los vocales del Consejo General del Poder Judicial", añade.

Al margen del plano personal, en el que la marcha de Valerio causa "disgusto" porque "se trabaja muy bien con ella", otro miembro del Consejo de Estado destaca que la sentencia del Tribunal Supremo "está muy bien razonada, muy argumentada". 

En ello coincide otro consejero, que destaca la unanimidad del fallo y el hecho de que el ponente sea Pablo Lucas, "un excelente magistrado", afirma.

Pero no todos los consultados opinan así. Hay quien considera que se trata de una sentencia "clasista" y quien va, incluso, más allá: "Es un golpe institucional, el Poder Judicial está desmadrado, no es normal esta secuencia de varapalos al Gobierno y a altos cargos tan seguida".