Anna Gabriel  llega al Supremo para declarar.

Anna Gabriel llega al Supremo para declarar. Efe

Tribunales

Anna Gabriel niega ante el juez Llarena que desobedeciera al Tribunal Constitucional

La exdiputada de la CUP, que se puso a disposición del Supremo el 19 de julio, queda a la espera del archivo de la causa o de su envío a Cataluña.

14 septiembre, 2022 12:47

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que regresó de Suiza el pasado 19 de julio, ha vuelto al Tribunal Supremo este miércoles para declarar ante el magistrado Pablo Llarena en relación al presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional que se le atribuye durante el 'procés' catalán de octubre de 2017.

Gabriel, asistida por el abogado Íñigo Iruin, ha negado haber recibido ningún requerimiento personal del TC para que no continuara con la promoción de iniciativas parlamentarias inconstitucionales en relación a la independencia unilateral de Cataluña.

Ha sido una declaración muy breve en la que Llarena no ha preguntado y sólo le ha planteado una cuestión el fiscal Javier Zaragoza, referida a su fue requerida directa y personalmente por el TC.

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A la declaración asistieron los abogados de Vox, personados como acusación popular que creen que Gabriel tuvo que conocer los requerimientos del TC al Parlamento catalán.

Gabriel ha quedado en libertad sin ninguna medida cautelar, que nadie ha solicitado. A su salida, muy emocionada, ha tenido un recuerdo para los "exiliados" y ha sostenido que sus principios siguen incólumes.

Según su entorno, la exdiputada de la CUP piensa volver a Suiza. Mientras tanto, está a la espera de que Llarena decida su archiva el proceso penal contra ella o envía las diligencias a Cataluña, como ha hizo en el caso de Meritxell Serret.

Gabriel puso fin el pasado julio a cuatro años y cuatro meses de huida tras escapar a Suiza en febrero de 2018.

Fue diputada del Parlamento de Cataluña por la CUP hasta su destitución el 28 de octubre de 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

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Procesada inicialmente por rebelión, el juez Pablo Llarena acabó atribuyéndole únicamente un presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.

Esta presunta infracción no lleva aparejada pena privativa de libertad, sino multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta dos años de duración.

Por ello no existía contra ella ninguna orden europea o internacional de detención.