El Airbus A340-300 de Plus Ultra Líneas Aéreas
Calama pide a la UDEF que analice el control de Plus Ultra por los venezolanos para saber si podía acogerse al rescate
A petición de la fiscal, los investigadores examinarán los sucesivos cambios en el accionariado de la aerolínea, especialmente a partir de 2017
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía un "estudio exhaustivo" sobre la evolución de la propiedad de la aerolínea Plus Ultra y los sucesivos cambios accionariales.
Calama investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a varios empresarios, entre ellos exdirectivos de Plus Ultra, por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionados con el rescate de la aerolínea.
Plus Ultra se acogió al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) y recibió un total de 53 millones de euros en marzo de 2021.
El encargo a la UDEF es consecuencia de una petición de la fiscal anticorrupción Elena Lorente, que cree necesario investigar el alcance de los cambios de accionariado de Plus Ultra en el rescate.
De acuerdo los requisitos del FASEE, era preciso que la empresa ayudada tuviera su domicilio social y sus principales centros de trabajo en España.
En un escrito dirigido a Calama, la fiscal explica que Plus Ultra se constituyó el 25 de agosto de 2011 fundada por dos españoles, Julio Martínez Sola y Fernando González.
La compañía experimentó cambios "significativos" particularmente a partir de 2017, cuando entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano.
A partir de 2017, la sociedad comenzó a estar controlada por "socios que realizan aparentemente aportaciones de capital", como es el caso de Camilo Ibrahim Issa (amigo de Zapatero), Rodolfo Reyes, María Aurora López (esposa de Reyes), Héctor Antonio Tobía y Flavio Bórquez.
Otros empresarios venezolanos, como Raif El Arigie, ocupó cargos de responsabilidad en Plus Ultra sin detentar participación accionarial, según la fiscal.
Y, finalmente, Alcíades José Carrión "mantuvo significativas relaciones financieras con la compañía".
Para Lorente, el alcance del acceso del capital venezolano a la sociedad "y su eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021" debe ser objeto de análisis, "resultando de gran trascendencia".
La fiscal propuso que por la UDEF "se proceda a realizar un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa de Plus Ultra Líneas Aéreas desde su constitución hasta la fecha actual, a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés".
