El cierre de campaña de Podemos de las elecciones generales de 2019.

El cierre de campaña de Podemos de las elecciones generales de 2019. Efe

Tribunales CASO NEURONA

Un trabajador mexicano de Neurona dice al juez que la consultora elaboró la propaganda de Podemos

Waldemar Aguado ha confirmado al juez Escalonilla que Neurona prestó los servicios electorales por los que el partido pagó 363.000 euros.

14 junio, 2022 20:52

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Waldemar Aguado, uno de los trabajadores de Neurona en México, ha asegurado este martes al juez que dicha consultora fue la que elaboró la propaganda y demás servicios electorales por los que el partido Podemos pagó más de 360.000 euros en 2019.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes presentes en el interrogatorio, que se ha celebrado este martes, a partir de las 17.00 horas, mediante videoconferencia. El juez Juan José Escalonilla, instructor del caso Neurona, investiga si Podemos se financió irregularmente a través de esta consultora, pagando un precio superior al valor real de estos servicios y embolsándose de manera oculta parte de este dinero.

Una de las últimas diligencias que aún faltan por realizar es un informe pericial que analice y tase, precisamente, los vídeos y demás propaganda que Podemos usó en la campaña electoral de las generales de 2019. El instructor sospecha que parte de estos trabajos fueron, en realidad, simulados.

Este martes, Aguado ha reiterado que Neurona trabajó para Podemos en "múltiples áreas", tanto en diseño como en demoscopia y consultoría estratégica. Incluso, él mismo, según ha declarado, participó en varias de estas funciones y, al igual que otros trabajadores de la consultora, viajó a España para prestar servicios a la formación izquierdista.

El pasado 30 de mayo, Escalonilla interrogó a otro testigo. Germán Cobos, el representante legal de la consultora Neurona en México, negó que Podemos se financiase ilegalmente mediante la compañía latinoamericana.

Y, preguntado por una discrepancia entre el borrador del contrato suscrito entre el partido y la empresa 27 de febrero de 2019 y la fecha de constitución de la mercantil en España —unos días después; el 19 de marzo de ese año—, Cobos señaló que se trató, simplemente, de un error humano, que asumió personalmente.

El pasado febrero, el juez Juan José Escalonilla acordó interrogar por videoconferencia tanto a Germán Cobos como a Waldemar Aguado. La testifical de este último fue aplazada y, finalmente, se ha celebrado este martes.

Antes, en noviembre de 2021, la Audiencia Provincial ordenó al magistrado que cursase una comisión rogatoria a México, tras un recurso del partido Vox una de las acusaciones populares del caso Neurona contra su renuncia a tomar declaración a Cobos y Aguado.

El partido Podemos lleva investigado más de un año y medio por el pago de unos 360.000 euros de dinero público a Neurona para que le prestase servicios electorales en los comicios generales de 2019.

Dicha cantidad, cobrada a través de una filial en España, fue posteriormente transferida a otra compañía con sede en Guadalajara (México), Creative Advice InteractiveGermán Cobos habría ejercido de interlocutor entre el partido y la matriz. Por su parte, Waldemar Aguado recibió, en marzo de 2019, la primera copia del contrato con la formación política.

La instrucción

Tal y como informó este diario, el pasado 27 de enero, en contra del criterio de Fiscalía, el juez Escalonilla amplió la instrucción del caso Neurona seis meses, por lo que podrá prolongarse hasta, al menos, el 28 de julio de 2022. 

El Ministerio Público consideró que ha quedado "acreditado" el trabajo que Neurona realizó para el partido, que continúa imputado como persona jurídica.

A lo largo de la investigación de la causa, ésta se ha desgajado en hasta siete líneas de investigación. La mayor parte de ellas —como la relativa a la reforma de la sede de Podemos o el supuesto cobro de sobresueldos de su Caja de Solidaridad— han sido archivadas.

La que aún sigue abierta es esta línea de investigación, centrada en la contratación de la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, bajo la sospecha de que Podemos hubiese podido pagar más de 360.000 euros a la empresa por labores que nunca llegó a realizar y una parte de esta cantidad fuese desviada a otros fines.