Foro de Profesores elogia la sentencia del 'procés' y cree que la UE "se seguirá alineando con España"

El Foro de Profesores, una asociación española de docentes universitarios y otros profesionales que se definen como "comprometidos con la defensa de la democracia liberal en España", ha emitido un primer informe de valoración de la sentencia dictada por la Sala Penal del Supremo sobre el 'procés', en el que considera que el tribunal ha argumentado "de forma excelente" los aspectos relativos al Derecho Internacional.

A las cuestiones de ese ámbito -'derecho a decidir', Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Derecho de la Unión Europea- se refiere el documento, que rebate los posicionamientos del independentismo catalán relativos al cuestionamiento de España como Estado de Derecho o la alegada inexistencia de garantías procesales. El documento vaticina que "el Derecho europeo, en general, se seguirá alineando con los argumentos del Reino de España en defensa de su ordenamiento constitucional e integridad territorial".

El informe, elaborado por los catedráticos Rafael Arenas, Javier Roldán, Pedro Tent, Helena Torroja y Santiago Ripol (este último ha sido, además, coordinador del trabajo), recuerda que la Comisión Europea, a diferencia lo que ha ocurrido con otros países como Hungría, Polonia y Rumanía, nunca ha puesto en marcha frente a España el artículo 7 del Tratado de Lisboa, un mecanismo que contempla la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por vulnerar los valores comunes de la Unión Europea, entre ellos el Estado de Derecho.

Al contrario, destaca el Foro de Profesores, "cuando el entorno del ex-presidente Puigdemont trató de provocar la aplicación de dicho mecanismo a través de una iniciativa legislativa popular, la Comisión Europea la rechazó de plano por ser radicalmente impertinente en su forma".

Un fracaso igual de rotundo cosechó Puigdemont cuando acudió a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en cuestiones constitucionales, cuando intentó el aval de la prestigiosa institución a la celebración unilateral del "pseudo-referéndum" de independencia del 1-O.

El informe, que también recuerda que España es de los Estados que menos condenas recibe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (al nivel de Alemania y a gran distancia de países como, por ejemplo, Bélgica), manifiesta que España "opera con plena sujeción al principio de Estado de Derecho según se concibe bajo el orden legal de la Unión Europea y ello hace plenamente legítimo, en términos jurídicos, el marco constitucional interno en el que se ha desarrollado el proceso judicial concerniente a los líderes independentistas catalanes".

Quebec

El documento elogia en especial el tratamiento de la sentencia sobre el llamado "derecho a decidir", esgrimido por los acusados como causa de justificación de la celebración del referéndum ilegal del 1-O, y la comparación con el caso de Quebec (Canadá). 

"La Sala Penal aprovecha la oportunidad para fijar el verdadero sentido de la declaración del Tribunal Supremo de Canadá de 20 de agosto de 1998, lejos de la interpretación artificiosa que los procesados han presentado como si 'legitimara la secesión unilateral de una parte del territorio de cualquier otro Estado'", señala el informe.

"Se trata", explica, "de un 'derecho a intentar realizar la secesión', pero no de forma unilateral sino con la participación de todos los cotitulares de soberanía: el Gobierno federal y las demás provincias y territorios de la federación de Canadá".

Los profesores subrayan que "no hay norma internacional alguna que obligue a España a dejar votar la separación de una comunidad autónoma u otra fracción de su territorio. Ninguna. La organización territorial es una competencia soberana discrecional de los Estados. Rige aquí el principio de igualdad soberana y el respeto a la integridad territorial y unidad nacional".

'Fruto de la imaginación'

Tampoco existe, añaden, el 'derecho a decidir' en el marco jurídico internacional. "Ha sido el fruto de la imaginación de los procesados y a ella han atraído a los casi dos millones de catalanes que les votaron en la confianza de que los gobernantes están en la realidad de las cosas, en lo razonable, lo lógico, lo verdadero, esto es, en la adecuación entre el sujeto y el objeto exterior observado. La Sala demuestra muy acertadamente que no es así".

"Cualesquiera que sean las deficiencias de la democracia española, y ciertamente las tiene, no hay motivo para extender de ella, como se ha hecho desde el secesionismo catalán para legitimar su causa y exculpar a sus promotores, una sombra de denigración, de difamación", sostiene el Foro de Profesores, que reproduce un trabajo en el que Javier Roldán indicaba que "si se materializara, con la debilidad o la complicidad del Gobierno de la nación, la conculcación frontal de nuestro Estado democrático de Derecho, la Unión Europea (...) habría de actuar contra el Reino de España. La integración a través del Derecho no puede consentir la desintegración de uno de sus Estados sin y en contra del Derecho. La reforma abrupta, fáctica de la Constitución española, si consentida, supondría una violación frontal del derecho de la Unión, pues ni en uno ni en otro orden constitucional –el español y el europeo- se tolera reformar a las bravas las normas jurídicas, y menos las primarias y fundamentales”.

El documento concluye señalando que "el Derecho europeo, en general, se seguirá alineando con los argumentos del Reino de España en defensa de su ordenamiento constitucional e integridad territorial. La construcción europea no puede cimentarse en la degradación del Estado de Derecho por fuerzas separatistas, movimiento que azuza además el movimiento nacionalista español de signo contrario, también irrespetuoso con los fundamentos democráticos".