Jordi Turull, durante su declaración de este martes./

Jordi Turull, durante su declaración de este martes./ Efe

Tribunales JUICIO AL 'PROCÉS'

Turull dice ante el Supremo que "no sabe" de dónde salieron las urnas que él mismo presentó

Expone una cascada de causas legales que le eximirían de responsabilidad: "El Govern, por ley, se debe al Parlamento de Cataluña".

Jordi Turull, exconsejero de Presidencia y exportavoz del Gobierno catalán en los días críticos que desembocaron en la celebración del referéndum de independencia prohibido por el Tribunal Constitucional, ha manifestado este martes ante el Tribunal Supremo que no tiene "ni idea" de dónde salieron las urnas utilizadas en la votación.

Turull: "A día de hoy, no tengo ni idea de cómo se adquirieron las urnas" Efe

Tampoco sabe dónde se hizo el llamado 'censo universal' que permitió elegir el centro de votación y burlar la vigilancia establecida en algunos puntos por policías y guardias civiles. "Desde mi departamento no se hizo", se limitó a señalar en un intenso interrogatorio del fiscal Jaime Moreno, a veces interrumpido por el presidente del tribunal, Manuel Marchena.

"O sea que usted hace una rueda de prensa, presenta una urna y no sabe cómo llegó", le espetó el representante del Ministerio Público. "A día de hoy no sé dónde se compraron las urnas", insistió Turull.

Urnas chinas a 5 euros para un referéndum ilegal

Ése y su alegado desconocimiento del censo universal que él mismo se encargó de anunciar por sorpresa en la mañana del referéndum fueron los aspectos más endebles de una declaración en la que Turull demostró que se puede entrar en un cuerpo a cuerpo con el fiscal sobre los hechos objeto de acusación y salir airoso.

Cuatro horas, interrumpidas por dos recesos, se prolongó la declaración de Turull, al que se atribuye un papel central en el 'procés' no solo por los cargos ejecutivos que desempeñó y por su ascendiente en el grupo parlamentario de JxS (que presidió antes de ir al Govern) sino también por su supuesta pertenencia al 'comité estratégico' del proceso soberanista.

Sonó inverosímil, por ello, que alegara ignorancia sobre aspectos clave como las urnas, el censo electoral o los documentos sobre implantación de estructuras de estado encontrados en poder de Lluis Salvadó, secretario de Hacienda de la Consejería que dirigía Junqueras. "No sé. ¿Quién dice que tenía esos documentos?", contestó.

En cambio, fue eficaz negando el empleo de fondos públicos para pagar los gastos del 1-O, sin que las acusaciones pudieran pasar de poner de relieve que, como mucho, se comprometieron pagos, pero no se efectuaron.

Un TC que llegaba tarde

Además, sostuvo el exconsejero, algunos de los actos objeto de acusación fueron realizados "antes" de que el Tribunal Constitucional prohibiera el referéndum. Fue el caso del acuerdo del Gobierno catalán por el que se constituyó en administración electoral y autorizó los gastos de los materiales necesarios para la consulta ("lo que no tuvo desarrollo", precisó). Ese acuerdo -propuesto por el propio Turull junto a Romeva y Junqueras- fue adoptado el 7 de septiembre, sólo unas horas antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera la celebración del referéndum.

El exconsejero de Presidencia sostuvo que muchos de los pronunciamientos del TC llegaban tarde, como el que paralizó la comisión parlamentaria de estudios del proceso constituyente "cuando ya había finalizado".

También recordó que el Constitucional tenía mecanismos coercitivos para hacer cumplir sus resoluciones y, sin embargo, "no los usó, así que no serían tan grave", consideró.

En esa línea, Turull desplegó una batería de lo que a buen seguro su abogado, Jordi Pina, utilizará como causas de exención de responsabilidad: el exconsejero de Presidencia sólo recibió un requerimiento personal del Tribunal Constitucional, el 12 de septiembre de 2017, posterior a las leyes de referéndum y de transitoriedad y posterior también a que el Govern convocara la consulta; el referéndum no puede ser objeto de reproche penal ya que el legislador despenalizó en 2005 (época de Rodríguez Zapatero) las consultas ilegales; el Tribunal Superior de Justicia archivó en 2013 una querella de Manos Limpias sobre la declaración soberanista alegando que fue un acto puramente político protegido por la inviolabilidad parlamentaria y la Fiscalía estuvo de acuerdo; la declaración unilateral de independencia fue "la expresión de la voluntad política que reflejaba el sentir mayoritario del pueblo catalán"...

"Ponderación" de legalidades

En definitiva, lo que hizo fue "un ejercicio de ponderación" ya que "los políticos deben ponderarlo todo. Primero, lo que dice la ley. Pero todas las leyes", dijo Turull. Opuso así la legalidad que le obligaba a parar el referéndum prohibido por el TC a la legalidad a la que, según él , se debía el Govern. "El Gobierno, por ley, se debe al Parlamento catalán", manifestó.

"Ponderamos que la convocatoria de referendos estaba despenalizada, ponderamos que votar nunca puede ser delito en una democracia, ponderamos nuestro compromiso con los ciudadanos, el deber de cumplir las diligencias judiciales...ponderándolo todo fuimos actuando", explicó.

Según Turull, desde el Departamento de Presidencia incluso se facilitaron los registros judiciales y se cerraron páginas web. Por supuesto, nunca se promovió la violencia, y el destrozo de coches de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre fue obra de elementos aislados: "Que haya dos, tres o cuatro personas incívicas no hace que la mayoría lo sea, no vamos a generalizar".

La única violencia que hubo durante el procés fue, según dijo, la que se vio el 1-O a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado.