Manuela Carmena, durante la inauguración de un evento económico en Madrid este verano.

Manuela Carmena, durante la inauguración de un evento económico en Madrid este verano. Gtres

Tribunales

Carmena, a muerte contra los empresarios de la noche: "Nos trata como a defraudadores"

  • Tras las multas de miles de euros y las acciones penales contra ellos, ultima una normativa para impedir que abran nuevos negocios.
  • El concejal de Urbanismo de Madrid confiesa en un acto privado que perseguirán a todo el sector a partir de la sospecha de un caso aislado.
  • El Malasaña de la 'Movida' agoniza a base de multas 

Los empresarios de la noche madrileña, al frente de bares de copas, salas de conciertos o discotecas, denuncian sentirse "permanentemente amenazados" por el Ayuntamiento de Manuela Carmena que, según ellos, quiere convertir el centro de Madrid en un "residencial sin vida nocturna".

Ese "acoso injusto, permanente y arbitrario" del que se quejan en el sector, se materializa en distintas medidas punitivas del consistorio de Ahora Madrid. A las multas de decenas de miles de euros que desde hace años reciben los locales por superar el aforo permitido o el volumen máximo de decibelios (63) de la Ley de Espectáculos Públicos (LEPAR) de 1997, se suma ahora el anuncio de una normativa que dificultará la apertura de nuevos locales y la persecución por la vía penal de quienes no paguen las sanciones: el ayuntamiento ha anunciado acciones judiciales por presuntos delitos de insolvencia punible.

[Más información: El Malasaña de la 'Movida' agoniza a base de multas]

Ordenanza "persecutoria"

El pasado martes, durante una charla en el Colegio de Aparejadores de Madrid, el concejal madrileño de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, anunció a los asistentes (en su mayoría arquitectos y aparejadores) que el consistorio ultima una ordenanza contra todos los negocios de la noche por sus sospechas de que están cometiendo fraude. En lugar de perseguir a quienes considera que están incumpliendo las normas, mete a todos los empresarios en el mismo saco y crea una ordenanza para dificultarles la actividad. "Nos trata como a defraudadores", se queja un empresario que prefiere no desvelar su nombre. 

En dicha intervención de Calvo a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, avanzó que la denominada Ordenanza de Medios de Intervención de Actuaciones Urbanísticas (OMIAU) excluirá a las empresas del ocio nocturno de la Declaración Responsable, un procedimiento por el que la mayoría de empresas constituidas en Madrid evitan pedir licencia al consistorio para comenzar su actividad. Así, no tienen que esperar meses o hasta un año para conseguir las licencias. Una decisión injustificada a ojos de la asociación de empresarios Noche Madrid, desde donde aseguran que la noche madrileña "ha hecho los deberes" y no se merece una "persecución basada en prejuicios".

José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

Durante la alcaldía de Ana Botella se aprobó la Ordenanza de Apertura de Actividades Económicas con la que, siguiendo la senda de otras ciudades europeas, se buscaba agilizar la actividad empresarial. Por medio de ésta, quienes constituían un negocio (desde una pequeña tienda hasta un centro comercial de grandes dimensiones pasando por un restaurante) lo hacía por medio de una Declaración Responsable. Es decir, ponía el negocio en marcha y una entidad colaboradora de urbanismo lo revisaba una vez abierto para comprobar que cumplía con la normativa. No había que pedir licencias al consistorio. Así es como sigue funcionando la activación de empresas en Madrid, salvo los negocios de hostelería y ocio nocturno. 

En estos casos, el Ayuntamiento se reserva el derecho a hacer revisiones de los locales cuando lo considera conveniente y declararlos "ineficaces" porque incumplen las normas, lo que les obliga a cesar su actividad. Dicha medida ya ha llevado a algunos negocios a la ruina, puesto que, después de invertir en algunos casos más de un millón de euros de su puesta en marcha, una revisión del consistorio les ha llevado a cerrar. 

Ahora, Carmena y su equipo van un paso más allá, y pretenden sacar directamente a las empresas del ocio nocturno del procedimiento de la Declaración Responsable. Es decir, toda empresa de este sector que se quiera constituir, debe contar con su permiso. Debido a la persecución contra ellos, los empresarios pronto han visto en el anuncio de Calvo una búsqueda por evitar que se creen nuevas empresas.

Multas millonarias

Llueve sobre mojado contra la noche madrileña. Desde 1997, el sector padece las multas de la Ley de Espectáculos Públicos (LEPAR) cuyas sanciones no responden a criterios de seguridad, sino de urbanismo y medio ambiente. Por ejemplo, establece aforos máximos de 49 personas para locales de más de 100 metros cuadrados, cifras prácticamente imposibles de cumplir para obtener algún beneficio. Por eso, algunos empresarios acumulan multas que superan los 60.000 euros, viéndose obligados incluso a poner en venta sus viviendas para afrontarlas.

Es el caso de los locales de la zona de Malasaña, donde se encuentran algunas de las salas míticas de la ciudad, que surgieron en la denominada 'Movida' madrileña. El Penta, al que Antonio Vega iba a escuchar "canciones que consigan que te pueda amar", y que inspiraron la famosa canción que lleva esa letra, es uno de los locales que han sufrido esas multas. También Tupper Ware o Vía Láctea, otros 'garitos' que ya forman parte de la historia cultural de la ciudad.

Vía penal para cerrar locales

La portavoz del Ayuntamiento madrileño, Rita Maestre, también adelantaba la pasada semana que perseguirían por la vía penal a quienes acumulan multas por exceso de aforo o ruido por un presunto delito de insolvencia punible, castigado con penas de uno a cuatro años de prisión.

"Existen muchos locales en Madrid que tienen denuncias, multas, sanciones, quejas, avisos de cierre...pero debido a diversas tretas administrativas y jurídicas no llegan nunca a cerrar", justificó Maestre en rueda de prensa. Esas "tretas administrativas y jurídicas" a las que se refería la concejal madrileña suponen el legítimo derecho de los empresarios a recurrir las multas.