La elección de Gran Bretaña por Clara Ponsatí para proseguir su huida de la Justicia responde a una estrategia jurídica muy medida. Más problemas para el juez Llarena.

Mientras el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se afanaba esta semana en la redacción del auto de procesamiento de los exmiembros del Gobierno catalán de Puigdemont, Clara Ponsatí contestaba desde los jardines de la Universidad de St Andrews a las incisivas preguntas de un corresponsal de la BBC. Presentada como "ministra catalana exiliada" (periodismo de precisión: para qué vamos a entrar en detalles irrelevantes como que no ostenta cargo público alguno y que su estatus es el de prófuga), el entrevistador planteó a Ponsatí dos arduas cuestiones: "¿qué piensa que le ocurriría si volviera a España?" y "algunos de sus colegas de gobierno llevan en prisión varios meses, ¿cuál es su visión de su situación?". Ni a Fernando VII se las ponían así.

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