Félix Millet, durante su declaración en el juicio del caso Palau

Félix Millet, durante su declaración en el juicio del caso Palau Efe

Tribunales

El TSJC permite aplazar hasta después del 21-D la condena emblemática del caso Palau

La sentencia sobre el expolio de la entidad musical, cuyos exdirectivos han admitido el desvío de comisiones a Convergencia (hoy PdCat), debía estar terminada el 30 de noviembre. 

El PdCat y su lista electoral Junts Per Catalunya -encabezada por el expresident Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española en Bélgica- no van a ver perturbada esta campaña por la irrupción, seguramente incómoda, de la sentencia del caso Palau, que afecta a la financiación irregular de Convergencia. El fallo del asunto, previsto para antes del 30 de noviembre, se ha aplazado un mes más a petición de la Sala encargada de dictar la resolución y con la autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El juicio del caso Palau acabó el pasado 16 de junio después de tres meses y medio de sesiones. Durante la vista, el expresidente de la institución, Félix Millet, admitió que la entidad fue utilizada para canalizar comisiones desde la empresa Ferrovial a CDC (hoy, PdCAT) a cambio de adjudicaciones de obras de la Generalitat.

"Nos repartíamos el 4% de la comisión: el 2,5% para CDC, el 0,5% para Montull y el 1% para mí", declaró Millet ante el tribunal. Gracias a esa confesión, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled rebajó sensiblemente su solicitud de pena para el expresidente del Palau (de los 27 años y medio de prisión que reclamaba en el escrito de acusación provisional a 14 años y 9 meses) y para su mano derecha, Félix Montull, para el que insta 10 años y 10 meses de cárcel (inicialmente solicitó 27 años y medio).

En cambio, para Daniel Osàcar, extesorero de CDC y también de la fundación CatDem, el fiscal elevó en medio año su petición de pena por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales: de siete años y medio a ocho años de prisión.

La bandera y la cartera

Sánchez Ulled reclama a Convergencia "o al partido que la haya sucedido" 6,6 millones de euros como partícipe a título lucrativo por el presunto cobro de comisiones ilícitas. A la formación de Artur Mas y de Carles Puigdemont se refirió el fiscal anticorrupción en su informe final cuando aseguró que el caso Palau ha puesto en evidencia la existencia de "un círculo sociopolítico muy determinado con una dinámica complaciente donde parece ser, y es muy triste, que la bandera justifica cualquier atropello a la cartera". La Fiscalía cifra en cerca de 30 millones el expolio a la entidad musical.

Cuatro meses antes del juicio, el 8 de noviembre de 2016, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior catalán aceptó la propuesta de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, encargada del enjuiciamiento del caso Palau, para que el magistrado ponente, Julio Hernández Pascual, pudiese dedicarse en exclusiva a este asunto con una exención total del reparto de otras actuaciones hasta el 30 de noviembre de 2017

La presidenta de la Sala, Montserrat Comas, y el tercer magistrado, José Antonio Lagares, han tenido, a su vez, una exención de reparto pero sólo parcial. La Sala de Gobierno del TSJC autorizó dos comisiones de servicio para el refuerzo de la Sección hasta que el caso Palau termine.

La medida se justificó por la "especial complejidad" del procedimiento y por su extensión. La instrucción del caso Palau se contiene en 75.910 folios y la causa tiene 38 partes: seis acusaciones, 16 acusados, cinco responsables civiles a título lucrativo y 11 entidades jurídicas como responsables civiles subsidiarias.

Pese a que la sentencia debía estar redactada para antes del 30 de noviembre, la presidenta de la Sección se dirigió a la Sala de Gobierno para comunicarle que "es imposible finalizarla, dado el volumen de la prueba documental que el ponente ha tenido que analizar, la complejidad del caso, el número de acusados y los varios delitos por los que han sido acusados".

La magistrada solicitaba "una prórroga de un mes más", que ha sido concedida por el TSJC y que vencerá el 31 de diciembre, es decir, 10 días después de las elecciones catalanas.