Edmundo Rodríguez Sobrino, en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros

Edmundo Rodríguez Sobrino, en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros EFE

Tribunales OPERACIÓN LEZO

Edmundo Rodríguez Sobrino, en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros

Es el único investigado que continuaba en prisión provisional por la presunta corrupción del Canal de Isabel II.

21 noviembre, 2017 15:14

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El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha dejado en libertad al empresario Edmundo Rodríguez Sobrino, investigado en el 'caso Lezo', tras depositar los 100.000 euros de fianza que le impuso. 

De esta manera, se convierte en el último investigado del caso que abandona la prisión preventiva, después de que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quedara también en libertad tras depositar una fianza de 400.000 euros. 

Rodríguez Sobrino ha sido investigado por defraudar fondos públicos, presuntamente, cuando estuvo al frente de Inassa, la filial colombiana del Canal de Isabel II. En el auto, el magistrado le impone medidas cautelares como la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en la Audiencia Nacional o el juzgado más próximo a su domicilio. 

El responsable de la filial latinoamericana del Canal de Isabel II pidió declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cuando el anterior instructor, Fernando Andreu, dejó la causa.

Previamente, y según pudo averiguar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por medio de unas escuchas, Sobrino habría intentado saber si había una investigación abierta contra él e intentado paralizarla. Para ello pidió al presidente y director de La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, que presionaran a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El juez imputa a Edmundo Rodríguez Sobrino los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y delito de blanqueo de capitales por su responsabilidad en la gestión de los fondos del Canal de Isabel II en Latinoamérica.