El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a su antecesor, Artur Mas.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a su antecesor, Artur Mas.

Tribunales CATALUÑA

La corrupción que no puede ocultar ninguna estelada

El desafío independentista procura ocultar los casos de corrupción que asolan al principal partido del Gobierno catalán a pesar del cambio de siglas.

El desafío independentista catalán está ocultando los casos de corrupción que persiguen a quienes fueron los máximos responsables del principal partido en el Gobierno catalán, el PDeCAT, o lo que en su día fue CiU -mismo partido con un cambio de nombre-. Los hombres de máxima confianza del antecesor de Carles Puigdemont, Artur Mas, están investigados por saquear las arcas públicas catalanas a cambio de donaciones al partido.

Pero no sólo eso. El Juzgado de Instrucción número 2 de Girona tiene abierta una investigación sobre irregularidades en la empresa del agua en la época en la que el propio Puigdemont era acalde de la localidad. Este asunto comenzó con una querella de uno de los actuales socios del presidente catalán en su andadura independentista, la CUP.

Sin embargo, el asunto ha cogido fuerza tras un informe de la Agencia Tributaria, adelantado por EL ESPAÑOL, en el que descubre el saqueo del agua en el Ayuntamiento de Girona en la época de Puigdemont como alcalde. La empresa que gestiona el agua tanto en Girona como en otros dos ayuntamientos habría detraído cerca de un millón de euros anuales. Esta operativa, con incalculables irregulares, comenzó hace quince años con los antecesores del actual presidente de la Generalitat y éste lo perpetuó.

Desde el Gobierno catalán se ha puesto el acelerador para aprobar todas las leyes necesarias para convocar el referéndum a favor de la independencia catalana el próximo 1 de octubre y para la gestión de una hipotética Cataluña independiente. Sin embargo, mientras que desde la Generalitat y el Parlamento catalán se sigue haciendo un pulso al Ejecutivo central y a los tribunales, las investigaciones por corrupción siguen su camino y no cesan.

En la causa que salpica al Ayuntamiento de Girona en la época de Puigdemont, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, Manuel Marcello, tiene investigados a quien fuera consejero delegado hasta junio de 2016 de Agissa, Narcis Piferrer, y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos de fondos hacia empresas privadas.

Además, según adelantó Voz Pópuli, el instructor ha activado de nuevo la causa y ha citado al empresario y exconsejero Joan de Llobet, que era dueño del 0,75% de la empresa mixta del agua de Girona, Salt y Sarriá de Ter (Agissa); al exconcejal del PSC y exteniente alcalde de Girona, Tomás Sobrequés; al exconsejero de la sociedad, Manuel Serrano Pardas; al abogado Luis Sibils; y al empresario Ángel Dutras.

Amaños en la era Puigdemont

La causa de las nuevas imputaciones es el informe de la Agencia Tributaria, que refleja el “amaño” para facturar cada año ocho millones de euros públicos y falsear las cuentas de una empresa mixta participada por el Ayuntamiento, Agissa, se perpetuó en la época en la que el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ejercía como alcalde, cargo que ocupó hasta que Mas renunció a la candidatura y fue elegido como sustituto para presidir la Generalitat, en enero de 2016.

El informe, fechado el 23 de marzo de este año, analiza la facturación de la sociedad mixta Agissa, participada tanto por una empresa privada (Girona SA, controlada por el empresario Narcís Piferrer) como por tres ayuntamientos (Girona, Salt y Sarrià de Ter). La empresa nació en 1992 para asumir el suministro de agua de los tres municipios catalanes y según los técnicos de Hacienda, desde entonces, ha falseado sus cuentas para favorecer a la empresa privada y perjudicar, con conocimiento de los propios ayuntamientos, a sus habitantes.

Gordó, el hombre fuerte de Mas

Pero este no es el único problema del Gobierno catalán. Internamente, el foco está puesto en lo que ocurra este jueves con la declaración como investigado del ex consejero de Justicia en el Gobierno de Artur Mas, Germá Gordó, ante el magistrado del TSJC Carlos Ramos. Era todavía diputado del Parlament por el partido de Puigdemont cuando tuvo que dimitir tras ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el caso del 3%. Al ser aforado, su investigación no podía llevarse en el Juzgado de Instrucción número 1 del Vendrell (Tarragona), donde se está investigando la financiación irregular de CiU, antecesora de PDeCAT.

Y es en el marco de la investigación a Gordó por lo que el pasado 20 de julio la Guardia Civil acudió al Parlamento catalán y al Palau de la Generalitat en busca de información sobre las reuniones de Gordó y otros dirigentes catalanes con empresarios para negociar el pago del 3% al partido Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de amañar contratos públicos tanto en organismos autonómicos como locales.

Gordó no sólo fue consejero de Justicia. Era uno de los hombres de máxima confianza de Mas y según los investigadores uno de los recaudadores de las donaciones al partido. El tesorero de CiU, Andreu Viloca -también investigado- era la persona que se reunía con los empresarios que debían pagar donaciones al partido a través de las fundaciones vinculadas a la formación y gestionaba este dinero, mientras que Gordó, además de mantener también reuniones con empresarios, era el responsable -según los investigadores- de comunicar a la administraciones -locales o autonómicas- a qué empresa debía favorecer con qué contrato.

La Fiscalía Anticorrupción cuenta con varios testigos protegidos que sitúan a Gordó como uno de los recaudadores. "Tú no obedeces. Ahora a quien no obedeces es president, a ver qué va a pasar". Con esta frase se dirigió el exconsejero de Justicia a un empresario, según el testimonio de éste. Tal y como adelantó este diario, este testigo relató cómo fue amenazado por no seguir las directrices de Artur Mas sobre cómo debía actuar para que se le garantizaran adjudicaciones en obra pública catalana.

"Cuando llego me suben al despacho de Artur Mas donde estaban Germá Gordó y el mismo Mas. Entonces se dirige Mas a mí y me dice: a partir de ahora todas las adjudicaciones han de ser a través de Gordó", recordó este testigo protegido.

Junto a Viloca y Gordó, otro de los hombres fuertes del partido clave para la investigación por la financiación irregular del partido es Francesc Sánchez, el exresponsable de los servicios jurídicos del partido, y que también está investigado por la misma causa.

Todos los presidentes en la lupa

Al actual presidente catalán le persigue su gestión en la Alcaldía de Girona; su antecesor, aparte de estar inhabilitado por el TSJC, está puesto en entredicho por toda la financiación irregular de su partido durante su presidencia; y el antecesor de éste, Jordi Pujol, está señalado por haberse enriquecido de manera personal y haber enriquecido a su mujer y sus hijos con las comisiones ilegales que habrían cobrado de empresarios adjudicatarios de obra pública en Cataluña.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tiene acreditado que todos los miembros de la familia Pujol escondió durante décadas dinero en Andorra, no declarado a la Hacienda Pública. Tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción sospechan que el origen de todo su dinero es la corrupción catalana. En un informe de mayo, la Policía cifraba en 70 millones de euros el dinero acumulado por la “familia”, considerada por el juez como una organización criminal.

Una prueba de estas sospechas es que uno de los hijos de Jordi Pujol i Soley, Oriol Pujol -el hijo destinado a sucederle en política y quien llegó a ser secretario general del partido- ya ha reconocido que cobró comisiones de empresarios afines a cambio de utilizar su influencia política par favorecer sus negocios en el caso de las ITV. El pasado mes de julio, Oriol Pujol aceptó una pena de dos años y medio de cárcel en una vista preliminar ante el titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona. En el acto, el exdiputado de CiU aceptó un acuerdo parcial con la Fiscalía por el que ha aceptado tres condenas que suman estos 30 meses por los delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental.