Ilustración: Pablo Lanzillotta
Sánchez intenta que Sumar y Junts renuncien a exigencias opuestas para que no le arrolle el tsunami social por la vivienda
Sumar exige prorrogar los alquileres, proteger a vulnerables frente a desahucios, regular pisos turísticos y que Maricarmen recupere su vivienda.
Junts condiciona su apoyo a deducciones para inquilinos, bonificaciones a caseros afectados por prórrogas y ventajas fiscales para pequeños propietarios.
Más información: Sumar amenaza a Sánchez con no acudir al Consejo de Ministros del martes si no se aprueba el 'decreto Maricarmen'
"Lo que puede acabar con su Gobierno es el drama de la vivienda". "O se legisla para que no se especule o la izquierda se va al carajo". "La vivienda arrastrará a este Gobierno"...
Con frases como estas, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lleva años advirtiendo al Gobierno del tsunami o estallido social que se estaba generando a propósito de la vivienda.
Es decir, que por mucho que Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno alardearan de que la "economía va como un cohete", hay una corriente de malestar social a propósito de la vivienda de la que muchos venían avisando desde posiciones de izquierda y próximas al PSOE.
"Está en juego la supervivencia del Gobierno progresista de coalición", ha advertido esta semana Sumar, abanderando esta preocupación coincidiendo con el dolor social de ver a Maricarmen desahuciada de su casa en Madrid.
La corriente social existía antes, pero el desahucio de esta mujer de 87 años ha servido para poner el malestar ciudadano sobre la vivienda en el radar de los medios y también en el radar de la política institucional.
Tanto es así, que el pánico ha llegado al Gobierno, ensimismado en los buenos datos macroeconómicos, pero con poco tiempo ya para reaccionar tras más de ocho años en la Moncloa.
Es la economía, pero no sólo la de los grandes números, sino también la de la vivienda y quizás la de la inflación elevada como consecuencia de la situación mundial.
Por eso han surgido movimientos, del que forman parte sobre todo jóvenes y que ya celebraron protestas masivas hace meses por la vivienda, que están fuera del control de lo que se puede conocer como "izquierda institucional" y, desde luego, del PSOE, que bastante tiene con intentar no ser arrollado por este asunto. Incluso los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han quedado al margen de las protestas.
Ahora, el Gobierno sólo puede reaccionar parcheando con un decreto en el que, antes de Maricarmen, no creía la parte socialista del Gobierno y que, necesariamente, tendrá que ser de mínimos porque tiene que hacer compatibles las posiciones diametralmente diferentes de Junts, Sumar y Podemos.
Sánchez está ahora atrapado y necesitado de volver a cuadrar el círculo. Debe encontrar antes del martes un punto de encuentro entre la posición de Junts, que exige deducciones fiscales para inquilinos,’y la de Sumar que pide medidas que favorezcan a los que alquilan, sobre todo los más vulnerables.
En concreto, Sumar exige la prórroga reforzada de los alquileres, protección frente a los desahucios y los fondos buitre, regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos y los alquileres de temporada o por habitaciones, y que Maricarmen recupere su vivienda.
En cambio, la formación de Carles Puigdemont condicionará su respaldo a que el decreto incorpore buena parte de sus propuestas fiscales, como deducciones para los arrendatarios, bonificaciones para los caseros afectados por las prórrogas y ventajas para pequeños propietarios con hipoteca.
Tanto Junts como Sumar están en pésima situación en cuanto a expectativa electoral y necesitan marcar posición y llevar al límite la fortaleza que les da la necesidad de sus votos. Por eso Sumar hizo este sábado el movimiento de algo similar a un ultimátum con la amenaza de volver a boicotear el Consejo de Ministros.
El acuerdo y el decreto puede salvar al PSOE de la coyuntura, no del peligro de estallido social y también del castigo en las urnas.
Por el momento, el caso de Maricarmen ha conseguido que Junts se siente a negociar, después de un año de dar la espalda al Gobierno, y que el PSOE acepte lo que antes orillaba.
Porque antes estaban dispuestos, en todo caso, a volver a presentar el decreto de vivienda de forma testimonial, para aprovechar políticamente que asuman el coste los que votaran en contra en el Congreso. Por eso, hasta el desahucio de Maricarmen, el PSOE negociaba con Sumar con el freno de mano puesto y ahora necesita acelerar.
Fuentes oficiales de la Moncloa explican que "el feeling para que haya acuerdo es muy bueno, porque la novedad importante es que todo el mundo ha decidido que haya acuerdo", aunque se seguirá negociando hasta el mismo martes, previsiblemente.
¿Programa de vivienda?
En el mejor de los casos se hace frente a los desahucios y quizás se frenan, pero no se puede abordar el problema de la vivienda, según explica un dirigente socialista que se pregunta cómo podrán hacer un programa electoral sobre vivienda para las generales, después de casi nueve años en el Gobierno.
Y recuerdan que el 15-M se produjo por descontento social y contra un Gobierno del PSOE para que, pocos meses después, el PP tuviera una mayoría absoluta con Mariano Rajoy al frente.
Ahora, Sánchez se encuentra cercado por su izquierda y por la derecha, instalado en la dura realidad de un Parlamento de derechas con un Gobierno progresista que no puede sacar adelante sus proyectos, incluidos los que puedan ser más ideológicos o intervencionistas. Es decir, lo que le exigen sus socios de Gobierno y del Parlamento.
Además, llega el presidente del Gobierno al final de la legislatura con una agenda política aparentemente adversa, centrada en dos temas que le resultan muy incómodos, como son la vivienda y la inmigración. Y todo empeora si la extrema derecha logra imponer un discurso que mezcla ambos asuntos, es decir, el que fija el relato de la escasez por la llegada de migrantes, según temen en el Gobierno.
Aunque el entorno de Sánchez explica que les parece una buena noticia que la agenda se centre en la vivienda. "Llevamos meses intentando que se hable de gestión y no de otros asuntos, como los escándalos, y podemos felicitarnos por haber promovido iniciativas como fondos para las comunidades y ayuntamientos o una ley de vivienda y varios decretos, aunque como el Parlamento es como es haya habido partidos que los han tumbado, especialmente, el PP", explican.
Añaden que si la derecha no hubiera hecho caer su decreto no se hubiera producido el desahucio de Maricarmen. Y que si la Comunidad de Madrid aplicara la ley de vivienda se habrían topado los alquileres. La tesis oficial es que toda la izquierda sabe que la política social de la derecha y la extrema derecha será en todo caso peor.
El contexto se completa con todos los socios buscando la manera de distanciarse de Sánchez, para evitar que les salpique en las urnas su desgaste. Sufrieron con la corrupción y ahora explican que necesitan fijar posiciones propias sobre la vivienda para sobrevivir y lo harán señalando al PSOE.
En el caso de Sumar, su pugna con Podemos, les obliga a apretar al PSOE sobre asuntos como la vivienda, con la dificultad de tener que hacerlo desde el Gobierno; como socio minoritario, pero en el Gobierno.
Bandera frente al PSOE
Fuentes de Sumar, por ejemplo, describen la situación de pánico en la que viven, conscientes de que no tienen más remedio que hacer cesiones y rebajar sus posiciones para que el decreto que se apruebe pueda convalidarse luego con los votos de Junts.
Hace meses, sus cinco ministros ya protagonizaron un insólito plante al negarse a entrar en un Consejo de Ministros si no se aprobaba un decreto de vivienda, y lamentan que "el PSOE vaya arrastrando los pies siempre sobre este tema". Haciendo lo que en la izquierda llaman siempre "psoear", es decir, resistirse a ir más lejos en determinados asuntos.
No ha ayudado estos días la intervención de Óscar Puente en redes sociales arremetiendo contra Sumar y reivindicando su condición de partido de izquierdas.
El asunto de la vivienda daña en gran medida la estrategia de Sánchez basada en arañar votos a su izquierda, aun a costa de arrinconar a las opciones de ese espacio, como Sumar y Podemos. Con este asunto, les deja hueco para levantar una bandera política potente frente al PSOE.
Es importante que, según admiten los socialistas, los más afectados por el problema de la vivienda son, precisamente, los potenciales votantes del PSOE. Sánchez aspiraba a reunir voto útil de la izquierda para frenar a la extrema derecha y este asunto lo dificulta.
Favorece el contexto, en todo caso, a opciones antisistema como Vox que se nutren de la desafección, de los que entienden que la "política tradicional" no da soluciones a sus problemas más acuciantes. Especialmente, los jóvenes, entre los que el partido de Santiago Abascal tiene muy buenos resultados.
El Gobierno explica que hace tiempo que vio claro que el asunto que más preocupa a los ciudadanos es el acceso a la vivienda. Mucho más que la corrupción o la inmigración, según todas las encuestas, empezando por las del CIS.
Por eso, añaden, puso en gran medida el foco de su gestión en este asunto, aunque siempre con las limitaciones de estar en minoría en el Parlamento y, sobre todo, porque la mayoría de las competencias son autonómicas. Y por eso se creó el Ministerio de Vivienda que antes era una dirección general en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.
"Un Gobierno facha"
El problema es que fuentes socialistas admiten que la propia existencia de ese ministerio, que encabeza Isabel Rodríguez, ha creado una expectativa que el Gobierno no ha podido satisfacer.
Es decir, que no es fácil sostener que es responsabilidad de las comunidades cuando hay una ministra con su equipo con la competencia exclusiva sobre la vivienda y actos del presidente del Gobierno anunciando la construcción de casas y medidas concretas.
Incluido aquel acto solemne presidido por el jefe del Ejecutivo para proceder al derribo de una caseta relacionada con la Operación Campamento, aunque aún no haya ninguna vivienda en pie.
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Moncloa insiste en la tesis de que las competencias son autonómicas, pero la duda es si eso cala entre los ciudadanos o si es el Gobierno el que asume en todo caso la mayor parte del coste de la falta de soluciones.
En las protestas posteriores al desahucio de Maricarmen hubo gritos contra Ayuso, pero también contra el Gobierno central. Ella misma lamentó el trato que le ha dado la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, pero también criticó a Sánchez.
La manifestación espontánea fue ante el ático comprado por la Comunidad de Madrid ("el ático de Ayuso", lo llamaban), pero también hubo consignas contra el Gobierno central.
Y la Policía Nacional que, según los convocantes, actuó con exceso de dureza, depende del Ministerio del Interior de un Gobierno progresista.
Un dirigente de la izquierda del PSOE recuerda que, cuando en tiempos de Mariano Rajoy había protestas contra los desahucios, se gritaban consignas contra el Gobierno central, como "esto nos pasa por un Gobierno facha".
Y este sábado la manifestación ha sido ante el Ayuntamiento, ante la sede de la Comunidad y ante el Congreso de los Diputados, como símbolo de la responsabilidad de todas las administraciones.
Si, como cree Moncloa, el Consejo de Ministros aprueba el martes el decreto para que pueda ser convalidado antes de 30 días, servirá, como mínimo, para parar los desahucios de personas vulnerables, porque los jueces carecen ahora de instrumento legal para no ejecutarlos, y se han acumulado los paralizados durante cinco años, precisamente, por otros decretos.
No habrá este tipo de desahucios, pero el acceso a la vivienda seguirá siendo prohibitivo para muchos españoles.
