Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el Debate sobre el Estado de la Unión, este miércoles en Estrasburgo.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el Debate sobre el Estado de la Unión, este miércoles en Estrasburgo. Efe

Política

La UE permitirá la "suspensión del procedimiento de asilo" de migrantes "instrumentalizados en un ataque híbrido"

Von der Leyen anuncia en el Debate sobre el Estado de la Unión una nueva "ley de emergencia" que retoma un plan del PPE para "devoluciones inmediatas".

Más información: Interior devuelve al primer migrante 47 días después del asalto: un marroquí que entró en Ceuta antes del 30 de julio.

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Las claves
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La UE prepara una nueva ley que permitirá la devolución inmediata de migrantes usados en ataques híbridos contra sus Estados miembros.

El marco de emergencia solo se aplicará en situaciones excepcionales, cuando la migración sea instrumentalizada para desestabilizar a la UE o presionar a sus países.

La propuesta contempla la suspensión temporal de los procedimientos de asilo y refuerza el papel de Frontex en la ejecución de expulsiones.

La iniciativa deberá respetar límites jurídicos, como el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.

La Unión Europea se prepara para dotarse de una nueva ley que permitirá la "devolución inmediata" de los migrantes utilizados en un "ataque híbrido" contra un Estado miembro.

La iniciativa, anunciada por Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, busca dar respuesta a episodios como la crisis de Ceuta de este verano, como la misma presidenta de la Comisión reseñó en el hemiciclo de Estrasburgo.

Según detalla fuentes europeas conocedoras, el futuro marco de emergencia se aplicará sólo en situaciones excepcionales, cuando los movimientos masivos de personas sean "diseñados e instrumentalizados" por terceros Estados y/o actores hostiles para desestabilizar a un Estado miembro y/o presionar a la UE.

En ese contexto, la prioridad declarada es acelerar el retorno de quienes "no tengan derecho a permanecer", reforzando el papel de Frontex en la ejecución de las expulsiones. Además, se podría "suspender temporalmente los procedimientos de asilo", dentro de casos tasados de excepcionalidad.

Con esta legislación de emergencia, Bruselas reconoce de facto que el actual Reglamento de crisis y fuerza mayor del Pacto de Migración y Asilo, se ha quedado corto nada más entrar en vigor, el pasado 1 de julio, para gestionar "ataques híbridos" con migrantes.

Ese texto sólo otorgaba, en realidad, más tiempo y más margen procedimental al país "agredido", pero no le dotaba de herramientas legales para autorizar devoluciones inmediatas ni la suspensión efectiva del asilo para nuevos llegados de manera irregular.

Una vieja batalla

El anuncio de Von der Leyen llegaba pocas horas antes de que la Eurocámara condenara la "invasión" de Ceuta como un "ataque" y exigiera una "investigación independiente", en una mención incluida, a propuesta del Partido Popular Europeo, dentro de un informe sobre el incremento de las amenazas híbridas contra la UE.

Y apenas 24 horas antes de que se vote una resolución muy dura contra Marruecos, producto del debate monográfico del día anterior.

La presidenta comunitaria presentó el European Emergency Response Framework como un "interruptor de emergencia" que se activará bajo criterios estrictos, sólo en escenarios de migración usada como arma.

Fuentes europarlamentarias subrayan que, en realidad, la idea no es nueva.

Ya en 2021, durante la negociación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, los eurodiputados del PPE trataron de impulsar una norma que permitiera suspender procedimientos de asilo y acelerar expulsiones en casos de instrumentalización, sin trámites nominales largos.

Entonces, el ponente del Parlamento para el Reglamento de crisis y fuerza mayor era el socialista Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia español.

La izquierda logró bloquear aquella propuesta de los populares, alegando que "cualquier episodio migratorio podría llegar a considerarse instrumentalización" y vaciar de contenido el derecho de asilo.

El texto "se quedó en nada"

El Reglamento de crisis y fuerza mayor finalmente aprobado define esas "situaciones de crisis, fuerza mayor e instrumentalización" y permite ciertas excepcionalidades en el campo de la migración y el asilo.

Los Estados pueden retrasar el registro de solicitudes, ampliar el procedimiento en frontera y activar un mecanismo reforzado de solidaridad.

Sin embargo, la norma no incluye mecanismos sumarios ni suspensorios cuando los movimientos migratorios se "instrumentalizan": incluso en casos de "ataque híbrido", como el lanzado desde Marruecos a Ceuta o los impulsados por Bielorrusia contra Polonia, Letonia y Lituania en 2021.

Las garantías básicas de acceso al procedimiento de asilo, examen individual de cada caso y posibilidad de recurso se mantienen. Simplemente, se amplían plazos.

Por eso, estas fuentes describen hoy ese Reglamento como "un texto vago que, en la práctica, ni se aplica ni sirve para facilitar ningún procedimiento".

El hecho de que Von der Leyen anuncie ahora una nueva "ley excepcional" apenas 10 semanas después de su entrada en vigor es visto como "prueba de que el instrumento se quedó en nada".

La 'doctrina Mitsotakis'

La preocupación por la instrumentalización de migrantes tiene más antecedentes, además de los ya reseñados flujos organizados desde Bielorrusia, con personas empujadas hacia la frontera como herramienta de chantaje político.

En 2020, Grecia ya había vivido, en la región fronteriza de Evros, un intento de presión con llegadas masivas desde Turquía.

En aquellos episodios, el encargado de diseñar la respuesta desde la Comisión era Margaritis Schinas, entonces vicepresidente para la para la protección del estilo de vida europeo y responsable de migración.

Bruselas propuso medidas provisionales para permitir registros más tardíos, procedimientos acelerados en frontera y condiciones de acogida limitadas a cubrir necesidades básicas.

Hoy, Schinas es ministro de Desarrollo Rural y Alimentación en el Gobierno del griego Kyriakos Mitsotakis, uno de los líderes que más han defendido un endurecimiento del régimen de emergencia.

Mitsotakis tiene una notable influencia sobre Von der Leyen y mantiene afinidad política con Alberto Núñez Feijóo, por las similitudes entre la presión migratoria en las fronteras griega y española.

El premier griego sostiene que, en casos como Ceuta, Evros o Bielorrusia, no estamos ante simples crisis humanitarias, sino ante "movimientos súbitos, masivos y coordinados" que emplean la migración como "herramienta de coerción geopolítica".

En esos escenarios, la aplicación completa de los sistemas de asilo y acogida para todos los llegados no es difícil, sino "a menudo imposible". Por ello, ya reclamó el pasado 4 de agosto en Politico.eu un marco europeo específico para situaciones de "presión masiva e instrumentalizada", con "criterios objetivos de activación".

Mitsotakis pide que, en esas situaciones "claramente definidas", los Estados puedan "suspender temporalmente las solicitudes de asilo de las personas recién llegadas" mientras proceden a la "rápida devolución de quienes no tienen derecho a permanecer", siempre bajo un régimen de emergencia de la UE.

De la reticencia al giro

Hasta esta legislatura europea, Von der Leyen fue siempre prudente con las propuestas que sonaban a un endurecimiento de los retornos. La Comisión se centró en dar prioridad a mecanismos de gestión y solidaridad y dejando en segundo plano los planes más agresivos del PPE.

Para repetir como candidata de los populares, hubo de asumir un manifiesto, aprobado en marzo de 2024 en el congreso de Bucarest, mucho más radical, según fuentes de Bruselas.

Y ahora, tras la crisis de Ceuta, ha detectado la consolidación de nuevo equilibrio político en la UE. El contexto ha cambiado, los gobiernos de primera línea y los grupos conservadores han intensificado la presión para reconocer la migración como posible "arma híbrida" y dotar a la Unión de herramientas para responder con rapidez.

El anuncio de la nueva ley excepcional refleja ese giro.

La presidenta asume ahora una lógica que le asegura los apoyos internos y externos, y se pone a la cabeza de una legislación que permita, de facto, devoluciones inmediatas de migrantes "instrumentalizados en un ataque híbrido", siempre bajo la promesa de que "se respetarán los valores y tratados europeos".

Las líneas rojas jurídicas

En todo caso, sobre esa futura ley planean límites jurídicos. La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) recuerda que hay derechos que no pueden limitarse ni siquiera en situaciones de crisis.

El primero es el principio de no devolución (non‑refoulement), que prohíbe devolver a una persona a un país donde exista riesgo real de persecución, tortura o tratos inhumanos. Se trata de un principio absoluto del Derecho internacional y europeo, presente en la Convención de Ginebra, el CEDH y la Carta de Derechos Fundamentales.

El segundo es la prohibición de expulsiones colectivas, recogida en el artículo 19 de la citada Carta y en el Protocolo nº 4 del Convenio Europeo. Ninguna norma puede autorizar, formalmente, la expulsión de grupos enteros sin examen individual de cada caso y sin garantías mínimas de recurso.

Por eso, los documentos de la FRA insisten en que las medidas contra la instrumentalización deben dirigirse contra los actores hostiles –Estados o redes criminales– y no contra las personas utilizadas como herramienta.

Y advierten de que cualquier régimen de emergencia debe ser "estrictamente temporal, proporcionado y compatible" con esos principios.