Cándido Conde-Pumpido, Ángel Gabilondo, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
La derecha se acerca a los tres quintos del Congreso que le permitirían cambiar el sesgo del TC y reformar la Constitución
Si PP, Vox y UPN llegan a los 210 diputados, podrían renovar otros órganos como el Defensor del Pueblo o el Consejo de RTVE sin contar con el PSOE.
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PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) sumarían una mayoría absoluta de 207 escaños si hoy se celebraran las elecciones, según la última encuesta de SocioMetrica para EL ESPAÑOL.
El bloque de centroderecha está así al borde de alcanzar los 210 diputados (tres quintos del Congreso) que le permitiría renovar órganos como el Tribunal Constitucional, el CGPJ o el Defensor del Pueblo, sin pactarlo con el PSOE.
El largo período del bipartidismo había obligado hasta ahora a acordar esos nombramientos mediante un pacto entre los dos grandes partidos, PP y PSOE.
Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha roto ese consenso y ha renovado algunos de estos órganos sin contar con la oposición.
Cambió incluso la ley para hacerse con el control del consejo de administración de RTVE y consumó la operación mientras aún se contaban los cadáveres causados por la dana de Valencia.
Alcanzar los 210 escaños permitiría al futuro Gobierno abordar una reforma de la Constitución que no afecte a los pilares básicos del texto, como el Título Preliminar (que alude a la unidad de España y sus símbolos), el Título I de derechos fundamentales o el Título II que se refiere a la Corona.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha planteado en varias ocasiones cambiar el modelo autonómico en la Carta Magna o incluso ilegalizar a los partidos independentistas.
Pero resulta mucho más improbable que Feijóo quiera embarcarse en una reforma de la Constitución, que requeriría la convocatoria de un referéndum, orillando al otro gran partido nacional, el PSOE.
Por el contrario, Feijóo se ha comprometido a recuperar el espíritu de la Transición, que el Gobierno de Sánchez ha hecho añicos, e impulsar medidas de regeneración democrática para acabar con la colonización política de las instituciones.
Tribunal Constitucional
El mandato de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (el presidente Cándido Conde-Pumpido, Ricardo Enríquez, María Luis Balaguer y José María Macías) venció en diciembre de 2025.
Su renovación, en este caso, requiere el apoyo de tres quintos del Senado: es decir, 160 de los 266 senadores que componen la Cámara Alta.
En la actualidad, PP (141), Vox (5) y UPN (1) suman 147 senadores, insuficientes para sacar adelante la votación.
Pero la tendencia que muestra la encuesta de SocioMétrica apunta a que, tras las elecciones, los tres grupos podrían alcanzar la cifra necesaria en el Senado para renovar este tercio del TC sin el apoyo del PSOE.
Con la actual mayoría progresista, el TC ha actuado como una correa de transmisión del Gobierno.
Ha avalado la ley de amnistía a los líderes independentistas y ha anulado las condenas del caso ERE que afectaban a exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía como Manuel Chaves y José Antonio Griñan.
CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está formado por 20 vocales.
Según la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, 10 de ellos deben ser elegidos por el Congreso por una mayoría cualificada de tres quintos (210 votos).
Y los otros 10, por tres quintos del Senado (160 senadores).
El actual CGPJ que preside María Isabel Perelló fue elegido mediante un pacto entre el PP y el PSOE auspiciado por la UE.
Tomó posesión en 2024 y su mandato es de cinco años, por lo que no toca renovarlo hasta 2029.
En principio, el cambio debería producirse, por tanto, durante la próxima legislatura.
Leyes Orgánicas
El pacto auspiciado por Bruselas para renovar el CGPJ incluía el compromiso de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que una parte de sus miembros sean elegidos por los propios jueces, con el fin de evitar su politización.
Una vez lograda la renovación, el ministro Félix Bolaños se ha desentendido de este compromiso, que sí mantiene Alberto Núñez Feijóo.
La aprobación y reforma de las leyes orgánicas requiere una mayoría absoluta de al menos 176 votos en el Congreso, algo que estará al alcance del nuevo Gobierno, según la encuesta de SocioMétrica.
Una mayoría parlamentaria formada por PP, Vox y UPN (207 diputados, según el sondeo) también podría impulsar otras reformas, como la de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).
Por ejemplo, para elevar el listón mínimo del 3% exigido para obtener escaño en cada circunscripción.
O para reequilibrar el actual sistema, que sobrerrepresenta a los partidos nacionalistas, al tener concentrado su voto en un pequeño número de provincias.
Defensor del Pueblo
El actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, fue elegido por las Cortes en noviembre de 2021. Su mandato es de cinco años, por lo que vence en noviembre de 2026.
También en este caso, el Gobierno de Sánchez rompió la tradición, según la cual, si el Defensor del Pueblo era elegido por el PSOE, el número 2 de la institución sería designado por el PP.
El nombramiento exige una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso (210 diputados) y del Senado (160 senadores).
![El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presenta el informe sobre denuncias por abusos sexuales en la Iglesia.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10332285.jpg?p=w:320\/h:240&h=k1QHeyBn"])
La ley prevé un mecanismo de segunda vuelta por el que, si no se da esta mayoría cualificada en la Cámara Alta, basta una mayoría absoluta en segunda votación.
De mantenerse la actual tendencia que apunta el sondeo de SocioMétrica, el bloque de centroderecha tendría en su mano alcanzar estas mayorías para nombrar al sucesor de Gabilondo, incluso sin contar con el PSOE
RTVE
La Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, aprobada durante el primer Gobierno de Zapatero, establecía que el Congreso designa a seis miembros del consejo de administración de RTVE y el Senado a los otros seis.
En ambos casos, con una mayoría cualificada de tres quintos.
El Gobierno de Pedro Sánchez cambió esta norma por decreto para hacerse con el control de la TV pública.
Para poder colocar a representantes de todos sus socios, amplió el consejo de administración de RTVE a 15 miembros.
![Los diputados socialistas aplauden, ante Félix Bolaños y Óscar Puente, tras la votación.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10797314.jpg?p=w:320\/h:240&h=M9xwgdOT"])
De ellos, 14 son elegidos por el Congreso y sólo cuatro por el Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta).
El PSOE y sus socios aprobaron estos nombramientos en la Cámara Baja justo al día siguiente de la tragedia de la dana de Valencia, que había dejado 231 fallecidos.
Para ello, estableció también en la norma el procedimiento de segunda vuelta, en la que basta la mayoría absoluta.
La Constitución
Los pilares básicos de la Constitución están blindados con el sistema de reforma reforzado, previsto en el artículo 168.
Esto afecta al Título preliminar (que preserva la unidad de España y sus símbolos), el Título I (de derechos y deberes fundamentales) y el Título II (referido a la Corona).
Modificar cualquier artículo de estos apartados exige una mayoría de tres quintos de ambas Cámaras.
Luego deben disolverse las Cortes y convocar elecciones.
Y de nuevo, la reforma debe ser ratificada luego por las nuevas Cámaras, con la misma mayoría cualificada.
El procedimiento es más sencillo para reformar el resto constitucional. Está regulado en el artículo 167.
En este caso, la mayoría de tres quintos del Senado puede ser sustituida, en segunda votación, por la mayoría absoluta de la misma Cámara.
Pero el 10% de los diputados o senadores pueden exigir que la reforma sea ratificada por los ciudadanos en referéndum.
Aunque Abascal quiera ir más lejos, es mucho más improbable que Feijóo pretenda abordar una reforma constitucional sin el consenso de los dos grandes partidos, PP y PSOE.
Ficha técnica:
Se han realizado 1.690 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 5 y 6 de agosto de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.
El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.
