Decenas de menores inmigrantes en las calles de Ceuta, esta semana.
Marruecos acepta que España le entregue a todos sus menas si quita "obstáculos judiciales". En 6 años, de 28.000 regresaron 41
Según cálculos basados en datos oficiales, del total de menores extranjeros no acompañados llegados entre 2018 y 2024, sólo fueron repatriados el 0,15%.
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El Gobierno de Rabat dice estar dispuesto a acoger a los alrededor de 10.000 menores no acompañados marroquíes que custodia España, para lo que nuestro país debería suprimir "los obstáculos judiciales y administrativos" que lo impiden.
Así lo ha manifestado a la Agencia EFE este jueves una fuente diplomática, y ha podido corroborar EL ESPAÑOL en fuentes próximas al Ejecutivo de Rabat.
De hecho, el ofrecimiento no es nuevo: ya en 2024, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Burita, mostró la voluntad de su Gobierno de aceptar a los menores no acompañados de toda la Unión Europea, señalando que las "lagunas" en la legislación complicaban el retorno.
La aparente mano tendida de Rabat es, en realidad, un timo, porque eliminar los "obstáculos" a los que se refiere, equivale a suprimir las garantías que las democracias occidentales ofrecen a los menores.
Las manifestaciones del diplomático marroquí, una semana después del asalto a Ceuta de más de 70.000 personas, van en la línea marcada por su Gobierno de blanquear el papel que ha tenido en este episodio.
La prensa oficialista de Rabat ha dado pábulo a las tesis conspirativas de que tras la invasión de Ceuta estaba Argelia y ha presentado a los asaltantes como víctimas de grupos racistas de la ciudad autónoma.
En ese sentido, el diplomático lamenta que los medios españoles aborden la cuestión de los menores "como si Marruecos hubiera incumplido un compromiso" y que se atribuya a su país la falta de voluntad para acogerlos, cuando "la realidad es otra". E insiste en las "trabas" que impone la normativa en España.
Pero esas "trabas" a las que se refiere el diplomático están blindadas por la jurisprudencia de los máximos tribunales españoles y europeos.
Resoluciones individualizadas
De entrada, cada retorno exige una resolución individualizada y motivada.
El diplomático lamenta, precisamente, que en España, los menores extranjeros no acompañados "reciben un tratamiento específico" que impide que se beneficien de la "cooperación" con Marruecos. Pero esa condición es esencial en la norma.
El procedimiento establece que hay que escuchar cuál es la voluntad del menor, se exige un informe sobre sus circunstancias familiares que debe aportar la representación diplomática del país de origen, informes del Ministerio Fiscal y de los servicios de protección, antes de llegar a la decisión final de un juez que puede ser recurrida.
Nunca puede hacerse la repatriación si existe el mínimo riesgo de persecución, violencia, trata, abandono o falta de protección efectiva.
Se trata, por tanto, de un proceso largo y costoso. De ahí que sea tan complicado repatriar a los menores.
![Un agente de policía observa a varios niños migrantes que hacen cola frente a una comisaría.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11331103.jpg?p=w:320\/h:240&h=-lwcGfJk"])
De los cerca de 28.000 acogidos en seis años, entre 2018 y 2024, sólo fueron devueltos a sus países 41, según las estimaciones basadas en datos de la Fiscalía General, el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y el Ministerio de Inclusión. Esto es, el 0,15%.
Los últimos datos oficiales disponibles, a 1 de enero de 2025, hablan de un total de 16.000 menas acogidos en España. Ahora bien, el flujo continuo hace difícil ofrecer cifras exactas.
De ese colectivo, la mayoría, más del 60%, son marroquíes. Actualmente se estima que rondarían los 10.000.
Otro debate es si la Ley de Extranjería es susceptible de mejoras, dentro del marco garantista que ofrece al menor la Constitución y la legislación europea.
En ese sentido, los expertos coinciden en que podrían perfeccionarse los procedimientos para las pruebas de edad de los inmigrantes, y evitar así fraudes, o ampliar los criterios para la devolución en frontera; pero poco más.
Otros cambios en la normativa, pero que ya no afectan a los derechos de los menores, tienen que ver con su distribución territorial en España y la financiación de los servicios de acogida.
