El exjefe de ETA Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', acude a los Juzgados de San Sebastián el 23 de febrero de 2023 para declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional que investigaba el asesinato de Miguel Ángel Blanco./
Cinco exjefes de ETA, a juicio tres décadas después por el asesinato de Gregorio Ordóñez: se enfrentan a 30 años de cárcel
La Fiscalía acusa a 'Iñaki de Rentería', 'Antza', 'Kantauri', 'Isuntza' y 'Pototo', que dirigieron la banda terrorista en la etapa post-Bidart.
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 30 años de prisión para los exjefes de la banda ETA Ignacio Gracia Arregui (Iñaki de Rentería), Miguel Albisu (Mikel Antza), José Javier Arizcuren (Kantauri), Julián Achurra (Pototo) y Juan Luis Aguirre Lete (Isuntza) por haber ordenado el asesinato del líder del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez.
Los cinco etarras, con edades entre los 70 y los 63 años, irán a juicio más de tres décadas después de la muerte de quien entonces era primer teniente de alcalde de San Sebastián.
Ordóñez fue asesinado por el comando Donosti el 23 de enero de 1995. Seis meses antes, el PP había ganado en San Sebastián las elecciones europeas, por delante de Herri Batasuna. Y en octubre de 1994 el PP también ganó en esa ciudad las elecciones autonómicas vascas, a distancia del PNV y de HB.
El escrito de acusación presentado el pasado 27 de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, conocido por EL ESPAÑOL, relata que Ordóñez fue la primera víctima de "relevancia política" elegida por los cabecillas etarras en el marco de la "la estrategia de desestabilización" o "socialización del sufrimiento" diseñada por ETA tras la caída de su cúpula en Bidart (Francia) en marzo de 1992.
Los acusados, dice la Fiscalía, tomaron las riendas de la banda terrorista y optaron por una nueva estrategia orientada a que "todas las formas de lucha provocasen una confrontación constante con el Estado a todos los niveles, para desestabilizarlo con mayor intensidad que la soportada hasta entonces".
Los miembros de la banda consideraban que, "mantener, como hasta entonces, ataques terroristas contra miembros de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas acabaría convirtiendo la 'lucha armada' en una guerra particular contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una guerra que el Estado podía resistir indefinidamente".
De hecho, en los últimos cinco años ETA había matado a más de 120 personas, en su mayoría policías y guardias civiles elegidos por los propios 'comandos' criminales.
La nueva zuba (dirección de la banda) impuso acciones criminales que debían dirigirse hacia víctimas de "especial relevancia" en el ámbito político, académico, periodístico o judicial del país, y no únicamente hacia fuerzas de seguridad del Estado.
"El objetivo de esta nueva línea de actuación era, romper la estabilidad política, alterar el funcionamiento normal de las instituciones democráticas y producir un efecto de intimidación generalizado, esto es, 'socializar el sufrimiento'".
"En caja de pino"
El número 67 del Barne Buletin (un boletín interno de la banda), describía así la nueva estrategia: "El día que un tío del PSOE o PP, PNV va al funeral de un txakurra [perro, en euskera, término con el que los etarras se refieren a policías y guardias civiles] o cien y se le llena la boca de palabras de condena y lágrimas de cocodrilo, no ve en peligro su situación personal y asume ese tipo de ekintzas [acciones] pues están hechos una piña en contra de nuestros derechos como Pueblo. Pero el día que vaya al funeral de un compañero de partido, cuando vuelva a casa quizás piense que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea en caja de pino y con los pies por delante)".
Las nuevas víctimas no serían elegidas por los comandos, sino por el comité ejecutivo de la banda, según el escrito de acusación del Ministerio Público.
Gregorio Ordóñez "fue el primer objetivo, con significación político institucional, seleccionado por la 'cúpula' de ETA en diciembre de 1994", señala.
Era una "figura visible de la vida política de San Sebastián". Miembro del Ayuntamiento y diputado del Parlamento vasco, tenía una "indudable popularidad" y era considerado como "favorito" para las elecciones a la alcaldía que tendrían lugar en mayo de 1995.
Su trayectoria "estuvo marcada por una reiterada y pública oposición al terrorismo de ETA".
Los miembros del comando Donosti (Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote'; Juan Ramón Catasatorre, alias 'Zapata', como autores materiales; y Valentín Lasarte, encargado de seguir a Ordóñez y señalar dónde se encontraba) fueron condenados por el asesinato.
Pero hasta ahora no habían respondido ante la Justicia quienes presumiblemente estaban detrás, los que ordenaron disparar.
Ésta es la primera causa contra excabecillas de ETA que llega a juicio de la decena que impulsa Dignidad y Justicia, la asociación de víctimas del terrorismo que preside Daniel Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000.
Los acusados
La Fiscalía es la primera acusación que presenta su petición de pena contra los cinco exjefes de ETA por un delito de asesinato consumado con alevosía.
Todos están actualmente en libertad a excepción de Arizcuren Ruiz, 'Kantauri', a quien el Gobierno vasco concedió el régimen del artículo 100.2 de la ley penitenciaria, por lo que puede salir diariamente de prisión y disfrutar de permisos.
Ignacio Gracia Arregui, condenado a 15 años de prisión en Francia, donde fue detenido en septiembre de 2000, "fue, junto con Miguel Albisu, uno de los principales reorganizadores y conductores de la estrategia global de ETA en la etapa posterior a Bidart", dice la Fiscalía.
Iñaki de Rentería "comenzó a ejercer funciones de dirección tanto en el 'aparato militar' como en el 'aparato logístico'".
"También se encargaba de concertar las 'citas orgánicas' entre miembros de la organización, mecanismo esencial de funcionamiento de la estructura clandestina, destinadas a garantizar la comunicación interna, transmisión de órdenes, entrega de material y coordinación operativa, bajo estrictas normas de seguridad", añade.
Miguel Albisu, condenado a 25 años de cárcel en Francia, donde fue arrestado en 2004, llegó a ejercer el mando del 'aparato político' de ETA, encargado de fijar las líneas de acción política, orgánica y operativa de la banda.
José Javier Arizcuren, condenado a 15 años de cárcel en Francia y con 15 condenas impuestas en España, "asumió la máxima responsabilidad dentro del denominado 'aparato militar' de ETA".
"Ejerció un papel decisivo en la dirección, control y coordinación de los comandos 'ilegales' o 'liberados' desde el 17 de noviembre de 1994, cuando pasó a ocupar el puesto vacante tras la detención de Félix Alberto López de la Calle", señala el escrito de acusación.
"A él correspondía la planificación, supervisión de las actividades operativas de los 'comandos ilegales' y la asignación de objetivos, así como la provisión y distribución de recursos logísticos indispensables para su funcionamiento clandestino", indica.
Julián Achurra, condenado a 13 años de prisión en Francia y con ocho condenas en España, "llegó a ser el máximo responsable del 'aparato logístico'", sostiene la Fiscalía.
En esa posición, se encargaba del abastecimiento y apoyo operativo de los comandos criminales, "gestionando depósitos de armas y explosivos, elaboración y utilización de documentación falsa, la movilidad clandestina de militantes y la provisión de recursos materiales y operativos necesarios para la ejecución de acciones terroristas".
Juan Luis Aguirre Lete, condenado a 17 años de prisión en Francia y con tres condenas en España, "ejerció importantes responsabilidades, concretamente a cargo del 'subaparato de ilegales' como lugarteniente de José Javier Arizcuren". Fue excarcelado en marzo de 2025, tras haber cumplido 28 años de privación de libertad.
Dos testigos protegidos
Entre los testigos que la Fiscalía propone para el juicio están la viuda y la hermana de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar y Consuelo Ordóñez.
También pide comparezcan los dos compañeros de partido que le acompañaban en el bar donde fue asesinado, María San Gil y Enrique Villar.
Valentín Lasarte, etarra arrepentido, y dos testigos protegidos también serán llamados al juicio.
