Elma Saiz, ministra portavoz del Gobierno, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La portavoz del Gobierno se apoya en medias verdades para defender el rescate de Plus Ultra y la inocencia de Zapatero
Saiz evita aclarar si Moncloa mantiene la confianza en Zapatero y esquiva explicar por qué Plus Ultra sabía dos semanas antes que sería rescatada.
Más información: Julio Martínez declara que Zapatero le presentó a Delcy: ella le decía con quién hablar para hacer negocios.
La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes no era una cita cualquiera.
Y la ministra portavoz, Elma Saiz, salió mal parada con una respuesta preparada llena de medias verdades, ocultaciones y manejos de verdades a medias, en defensa del rescate de Plus Ultra y, por ende, del imputado José Luis Rodríguez Zapatero.
Y es que Moncloa defendía el rescate de Plus Ultra un poco a ciegas.
Porque a esa misma hora, aún estaba por saberse hasta qué punto 'Julito' Martínez ratificaba ante el juez José Luis Calama sus confesiones del escrito del día anterior, que incriminan penalmente al expresidente socialista.
El testaferro de ZP había enviado el lunes un escrito demoledor al juzgado, detallando que el 26 de febrero de 2021 Zapatero le avisó de que la compañía recibiría 53 millones de fondos públicos, 12 días antes de que el Consejo de Ministros aprobara la operación.
Ese dato, clave para la investigación por blanqueo y corrupción, corroboraría el presunto tráfico de influencias de Zapatero con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Y es precisamente el que la portavoz del Gobierno fue incapaz de explicar, pese a que se le preguntó insistentemente por cómo podía ser que Plus Ultra conociera el rescate con dos semanas de antelación.
Tampoco fue clara sobre la "confianza en la credibilidad" del expresidente, tras los escritos de su socio y de los directivos de Plus Ultra, el día anterior. Se limitó la portavoz a "defender la presunción de inocencia", que no es más que un derecho básico.
Silencios básicos
Saiz había llegado a la sala con un argumentario de respuesta tipo: silencio básico sobre las preguntas clave envuelto en un torrente de controles, informes y "avales" encadenados.
Todo para transmitir la idea de que todo estaba "correctamente revisado y avalado" y que, si el modelo de ayudas era legal, no puede haber delito alguno en la actuación de Zapatero.
El problema para el Ejecutivo es que buena parte de esas afirmaciones son medias verdades o directamente falsedades, según se desprende de las resoluciones judiciales, los informes técnicos y testimonios internos de la SEPI.
Cuando se le preguntó a Saiz de forma insistente por si el Gobierno mantenía su confianza en Zapatero, evitó responder. Se limitó a decir que Moncloa "respeta las decisiones judiciales" y que el expresidente tiene derecho a "la presunción de inocencia".
A la cuestión clave —cómo supo Plus Ultra el rescate antes de que se aprobara— la portavoz del mensaje gubernamental tampoco dio respuesta.
Elma Saiz dijo que el Gobierno "no comenta las estrategias de defensa" de los investigados, que "colaborará con la Justicia"... y saltó a su guion sobre los supuestos "avales a la operación".
Pero el caso que instruye la Audiencia Nacional es mucho más grave, versa sobre un presunto blanqueo de dinero venezolano a través de Plus Ultra y la utilización del rescate para ello, devolviendo con esos fondos préstamos procedentes de esa trama.
La declaración de Martínez, pactada con los directivos de la aerolínea y el italiano Roselli, describe como una "comisión" el 1% sobre los 53 millones del rescate —es decir, 530.000 euros— canalizada hacia el expresidente a través de la sociedad Análisis Relevante, que la Fiscalía vinculaba a Zapatero.
Informes internos y externos
En ese contexto, Saiz recitó su respuesta:
“Este expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la SEPI. Contó con un asesoramiento jurídico externo. Fue revisado por el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. De igual manera fue analizado por la Comisión Europea, fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, fue objeto de seguimiento de la propia Comisión Europea. El TJUE también avaló el régimen de ayudas. La actuación del Gobierno de España en ese expediente fue la correcta, no hay ninguna duda”.
Que el expediente se tramitó en la SEPI es cierto, pero el "aval" de sus servicios técnicos no es la certeza que sugiere la portavoz.
![José Luis Rodríguez Zapatero, 'Julito' Martínez y Julio Martínez Solá, presidente de Plus Ultra.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11318808.jpg?p=w:1706\/h:960&h=SzI88wW3"])
Por ejemplo, el vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, reconoció que los departamentos jurídicos, financieros y de planificación se negaron a firmar los informes y que fue él quien los firmó "por todos ellos" tras las reticencias internas, tal como explican fuentes de la corporación.
Además, el director de Participadas, José Ángel Partearroyo, elaboró el informe final de propuesta, pero se negó a rubricarlo, lo que desmonta la idea de que los servicios técnicos respaldaran sin fisuras la operación.
La afirmación de Saiz sobre que el expediente "contó con asesoramiento jurídico externo" es objetivamente cierta, pero la frase oculta elementos clave.
El Gobierno se ha negado a hacer públicos esos informes, y no se conoce qué información se trasladó a esos asesores ni las conclusiones completas que emitieron. Sólo que el análisis financiero plasmó incertidumbres sobre los préstamos participativos usados para maquillar la solvencia de Plus Ultra.
El propio auditor de la aerolínea cuestionó la viabilidad de la compañía y advirtió de que estaba en situación de quiebra antes del covid, de modo que no cumpliría objetivamente con los criterios para recibir ayudas directas.
Distintos tribunales y Bruselas
Respecto a la "revisión" del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, se sugiere una sentencia favorable.
Y aunque es verdad que esa instancia judicial revisó el rescate, no lo es que le diera visto bueno alguno. Es más, el caso penal producto de sendas querellas de Vox y de Manos Limpias se archivó por defectos de forma.
Sobre la Comisión Europea, Saiz mezcló también una verdad y una mentira.
Bruselas sí analizó y autorizó el Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dotado con 10.000 millones para rescatar compañías en dificultades por la covid.
Pero no examinó ni aprobó individualmente el rescate a Plus Ultra por 53 millones, que estaba por debajo del umbral de notificación obligatoria.
![José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez en un acto de campaña en marzo](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10327227.jpg?p=c:2175:1632:nowe:488:252\/w:320\/h:240&h=zHOotlax"])
En cuanto al "seguimiento" por parte de la Comisión Europea, la propia Bruselas ha subrayado que España no necesitó su aprobación específica para Plus Ultra y que no evaluó ese expediente concreto.
Lo que ha seguido es la aplicación general del régimen de ayudas covid.
Tampoco el TJUE ha "avalado" la ayuda a Plus Ultra, únicamente revisó "el régimen de ayudas" español, pero de nuevo en términos generales.
El alto tribunal europeo desestimó el recurso de Ryanair y confirmó que el fondo de solvencia era compatible con los tratados y la excepcionalidad pandémica.
Sólo dijo una verdad completa la portavoz respecto al Tribunal de Cuentas, que sí fiscalizó el funcionamiento del fondo y archivó la denuncia de Ciudadanos al no apreciar responsabilidad contable en la operación de Plus Ultra.
Aunque merece la pena reseñar el matiz de que su foco estuvo en el cumplimiento del procedimiento y la normativa presupuestaria, no en el destino final del dinero ni en las supuestas comisiones vinculadas a la trama venezolana que hoy investiga la Audiencia Nacional.
A la vista de todo esto, la afirmación final de Saiz —"la actuación del Gobierno de España en ese expediente fue la correcta, no hay ninguna duda"— debe inscribirse en el catálogo de los argumentarios que evitan el fondo de la cuestión jurídica o técnica.
La realidad es que sí hay dudas: las que no despejó Elma Saiz a pesar de las preguntas reiteradas de los periodistas presentes en la sala de prensa de Moncloa.
