La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, este miércoles en el Congreso.
Revolcón del PP a Sánchez con la vivienda: el Congreso apoya tramitar una nueva ley que enmienda la del Gobierno
Los populares logran el respaldo de Junts y Vox, y la abstención del PNV, para empezar a tramitar en el Congreso una norma que elimina las zonas tensionadas y facilita la desokupación.
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El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al embrión del PP para una nueva ley de vivienda, un texto que viene a ser una enmienda a la totalidad a la aprobada por el Gobierno en 2023.
La iniciativa de los populares supone un nuevo revolcón para Pedro Sánchez en un asunto del que su Ejecutivo ha hecho bandera y vuelve a revelar su minoría parlamentaria.
El resultado de la votación fue de 178 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), 6 abstenciones del PNV y 163 en contra de PSOE, Sumar y sus socios.
Ahora, comenzará el trámite de esta iniciativa, con la ventaja añadida para los populares de que la comisión de Vivienda y Agenda Urbana está presidida por María Borrego, diputada del PP, lo que limita el objetivo de la izquierda de obstaculizarla.
El texto que presenta el PP viene a corregir la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, y promete "desbloquear" suelo y licencias, en plena crisis de acceso a la vivienda.
La propuesta reforma el Texto Refundido de la Ley del Suelo con la finalidad de diferenciar vicios graves –que anularían planes enteros– de defectos "menores", subsanables, que permitirían no tener que descartar el planeamiento municipal.
También agiliza informes sectoriales obligatorios, con silencio positivo tras tres meses en licencias para nuevas viviendas, y se limita a cuatro años la impugnación indirecta de planes urbanísticos, blindando actuaciones ya ejecutadas frente a recursos tardíos.
El documento elimina las zonas tensionadas de alquiler, los índices de precios de referencia y la prórroga obligatoria de contratos . También rebaja umbrales de vulnerabilidad para facilitar desahucios –de 6 meses a menos en casos no extremos– y permite a cualquier persona jurídica recuperar al instante viviendas ocupadas ilegalmente, sin esperas judiciales.
Además, Ceuta y Melilla ganarían autonomía para aprobar sus instrumentos urbanísticos con mero informe estatal previo, y la acción pública se restringiría a entidades sin ánimo de lucro con dos años de trayectoria ambiental o territorial.
El PP asegura que la ley que impulsa supondrá "rescatar" al sector inmobiliario frente al "experimento fallido" del Gobierno en materia de vivienda, que ha "disparado precios y frenado promociones".
El revolcón de este miércoles al Gobierno llega una semana antes de que se celebre el debate sobre la convalidación del Real Decreto sobre la prórroga de los alquileres. Una votación que evidenciará otra vez la soledad del Ejecutivo, ya que Junts mantiene que votará en contra.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha remitido una carta al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que "reconsidere" su voto en contra de ese derecho. "No podrán explicar ir contra el sentido común y más de 2,6 millones de compatriotas", sostiene.
El Gobierno ha vuelto a anunciar esta semana la inversión de 2.800 millones para vivienda pública en el Nuevo Plan Estatal 2026-2030. Una promesa que se suma a los 34.000 millones anunciados en los últimos años para construir 276.000 viviendas protegidas, pero de las que sólo se han entregado 49.000.
