Última hora política, en directo | Montero enmarca el plante de Sumar en las "dificultades" de un Gobierno en minoría parlamentaria

Un total de 205 militares españoles, el grueso del contingente de 300 efectivos que fue evacuado desde Irak debido a la guerra de Irán, aterrizarán sobre las dos de esta madrugada de este sábado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión militar procedente de Turquía.

Los efectivos llegarán a bordo de un A330 del Ejército del Aire y del Espacio desde la base aérea turca de Incirlik, tras una "complicada" operación puesta en marcha después del estallido del conflicto en Oriente Medio, ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Teodoro López Calderón, recibirán a los militares españoles a pie de pista.

Organizaciones ecologistas creen que las iniciativas adoptadas este viernes por el Gobierno para responder a la crisis energética ocasionada por la guerra en Irán van en la buena dirección, pero las consideran insuficientes y exigen al Ejecutivo el fin de la financiación de los combustibles fósiles, mayor protección a la ciudadanía y medidas "más contundentes".

En sendos comunicados de prensa, las organizaciones ecologistas Greenpeace y Amigas de la Tierra consideran positivas en su conjunto las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias inflacionarias de la guerra en Oriente Medio, si bien Greenpeace lamenta que algunas de ellas "siguen beneficiando a empresas de combustibles fósiles bajo la justificación de ayudar a la gente".

"Aunque valoramos positivamente la buena dirección de algunas medidas que se han recuperado del escudo social (...) el Gobierno vuelve a tropezar en la piedra de las ayudas indiscriminadas a los combustibles y el gas", ha señalado el portavoz de Greenpeace, Carlos García Paret.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha confirmado que acudirá a la reunión convocada por el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al tiempo que ha recordado la "necesidad" de los 'populares' de lograr una mayoría parlamentaria de 42 escaños, al haber quedado "lejos de ella".

En una carta difundida por el partido de Santiago Abascal, Pollán ha agradecido su convocatoria para la reunión del próximo 25 de marzo, a la que ha confirmado su asistencia.

No obstante, y en respuesta a las declaraciones de Mañueco en las que ha puesto el proyecto del PP como guía de pactos para un gobierno "estable" libre de "espantadas" y "bloqueos", Pollán ha recordado que los pasados comicios arrojaron como resultado la "necesidad" que tienen los 'populares' de "lograr una mayoría parlamentaria de 42 escaños, al haber quedado lejos de ella".

"Desde Vox, formación a la que tuve el honor de representar en dichos comicios, vemos con satisfacción cómo la obtención de nuestros mejores resultados históricos en un proceso electoral consolidan a nuestro partido, también con una mayor representación parlamentaria, en donde más castellanos y más leoneses depositaron su confianza en nosotros", ha expresado.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el portavoz nacional de Economía, José María Figaredo, han criticado la bajada "provisional" del IVA de los carburantes del 21% al 10% anunciada este viernes por el el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tildándola de "insuficiente" y han reclamado que debe ser "permanente".

En declaraciones a periodistas este viernes en Barcelona, Garriga ha dicho que "por cada euro que pagan los españoles de gasolina o diésel, la mitad se lo lleva Pedro Sánchez y María Jesús Montero".

"Llegan tarde, parece que las medidas son insuficientes. Lo que mejor podrían hacer, el mejor escudo social para los españoles, es que, en un contexto no solo internacional sino nacional muy complejo, se convocaran elecciones", ha añadido.

Asimismo, Figaredo, ha criticado que el Gobierno haya propuesto rebajar el IVA a los hidrocarburos después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijese "hace diez días" que era "ridículo" rebajar impuestos.

Familiares de las víctimas mortales y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Huelva) del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas --28 de ellas de Huelva-- junto a cientos de ciudadanos de diferentes municipios, se han manifestado este viernes, pese a la lluvia caída, por las calles de Huelva en memoria de los fallecidos y para exigir "justicia" y para que "se conozca toda la verdad".

Convocada por la recién creada Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, la manifestación bajo el lema 'Memoria, verdad y justicia' arrancó a las 18,00 horas en la Estación de Tren de Huelva, un lugar "cargado de simbolismo" y ha recorrido varias calles de la ciudad bajo la lluvia, que hizo acto de aparición ya bien avanazada la misma, hasta llegar a la plaza de las Monjas en la que el presidente de dicha entidad, Mario Samper, ha leído un manifiesto.

El propio Samper ha señalado, en declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, que se trata de un día "un poco duro" porque aún se encuentran "mal anímicamente", toda vez que ha comenzado la manifestación en "un lugar muy simbólico" que les hace recordar "aquella fatídica noche".

De este modo, ha explicado que la manifestación constaba de dos partes. Por un lado, el "homenaje a las víctimas, a los fallecidos", y, por otro lado, "la reivindicación, como se está haciendo desde el minuto uno, que se sepa la verdad, que haya una investigación exhaustiva e imparcial, sin contaminaciones importantes" y "el juzgado determinará qué es lo que ha ocurrido realmente", toda vez que ha pedido que "se asuman las responsabilidades políticas.

Manifestación convocada este viernes en Huelva por la Asociación Víctimas del Accidente de Adamuz. Europa Press

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha enmarcado este viernes el plante protagonizado por los ministros de Sumar en el Consejo de Ministros en las "dificultades objetivas" de un Ejecutivo en minoría parlamentaria.

En declaraciones en Cádiz, Montero ha restado relevancia a este episodio, que retrasó más de dos horas la reunión extraordinaria convocada para aprobar el plan anticrisis por la guerra de Irán, y ha defendido la normalidad del debate interno: "Había una dificultad objetiva porque este Gobierno de coalición tiene minoría parlamentaria".

El plante se produjo después de que los ministros de Sumar, encabezados por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comprobaran a su llegada a Moncloa que el texto no incorporaba avances respecto a las negociaciones mantenidas hasta la noche anterior.

Según Montero, la necesidad de recabar apoyos parlamentarios condiciona la elaboración de las medidas: lo que el Gobierno lleve al Congreso, ha señalado, debe contar con el respaldo de la mayoría de los grupos que sustentan al Ejecutivo para poder salir adelante.

El Comité de Garantías de Vox ha abierto un expediente disciplinario al exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y aún afiliado del partido, Juan García-Gallardo, tras ser denunciado por un integrante de la dirección nacional del partido a raíz de sus críticas de los últimos días.

Fuentes del partido han confirmado a la agencia Efe que la apertura del expediente se ha notificado a media mañana, poco después de que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se haya mostrado partidario de expulsar a Juan García-Gallardo, por lanzar "calumnias" y decir "auténticas animaladas", y haya anunciado la "apertura de un expediente".

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo tildó el jueves de "patético" al líder de Vox, Santiago Abascal, al denunciar que ha incitado a cargos del partido a que lo ataquen a través de las redes sociales.

El BNG considera "claramente insuficientes" para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Irán aprobadas este viernes por el Gobierno, pero se reserva el sentido de su voto hasta analizar el texto de los dos decretos que han salido del Consejo de Ministros.

Para empezar, según explican en una nota de prensa, los nacionalistas gallegos echan en falta medidas fiscales, como la bajada del IVA a la cesta básica de alimentación; que no se recuperen los impuestos a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas; que no se adopten medidas para topar hipotecas y alquileres y tampoco se incluya la prohibición de desahucios ni se levanten las reglas fiscales.

Aunque aseguran que algunas de sus propuestas sí han sido recogidas por el Ejecutivo, subrayan que son necesarias medidas en todos los campos: reforma fiscal, vivienda, planes de ayudas para sectores productivos y estratégicos, levantamiento de las reglas fiscales para ayudar a ayuntamientos y otras administraciones, y todo ello combinado con el impulso de "políticas sociales de calado".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España dos décimas -hasta el 2,1%- durante el año 2026, por el impacto adverso del conflicto de Oriente Medio.

UGT ha valorado positivamente el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán, pero echa en falta medidas adicionales en ámbitos como la vivienda, transporte público o el apoyo directo a los hogares vulnerables.

En un comunicado, desde el sindicato han calificado de "insuficiente" la prórroga de un máximo de dos años de los contratos de alquiler que decaerán en 2026 y 2027 y que el Gobierno ha aprobado en un Real Decreto-ley distinto del de medidas como la rebaja del IVA al 10% de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo.

Desde UGT consideran que la respuesta del Ejecutivo llega con la "rapidez" necesaria ante una crisis internacional que ya está teniendo efectos significativos sobre los precios de la energía, los combustibles y los alimentos, afectando especialmente a los hogares más vulnerables, al transporte y al sector primario.

El PP ha aconsejado al Gobierno no dar por hecho su apoyo en el Pleno del Congreso al decreto anticrisis que incluye rebajas fiscales para paliar los efectos de la guerra de Irán porque, según ha señalado, solo votará a favor si se incorporan "todas" sus propuestas, según han indicado a Europa Press fuentes populares.

En este sentido, fuentes de Génova han advertido de que "el único voto favorable que el PP podía garantizar al Gobierno de España era a un decreto que incluyera todas y cada una de las medidas recogidas en la proposición no de ley registrada hace dos semana" por el Grupo Popular, y que no incluyera "ninguna una otra propuesta". De heco, han indicado que el texto del Ejecutivo no incluye "nada del IRPF" y, sin embargo, "meten otros temas del escudo social".

"Cualquier decreto que no incluya todas o que incluya alguna extra será analizado por parte de la dirección nacional pero nuestra posición a ese texto que conoceremos mañana se especificará en el momento oportuno", han indicado las mismas fuentes, que están a la espera de ver la letra pequeña del decreto cuando se publique en el BOE.

Las rebajas fiscales suponen más de la mitad de los 5.046 millones del Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, han detallado fuentes del Gobierno.

Entre estas rebajas fiscales destaca la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos -de 14,49 céntimos por litro de gasolina de 98 octanos; 11,37 euros por litro de gasolina de 95 octanos y 4,9 céntimos por litro de diésel-, que mermará la recaudación en 656,5 millones de euros, según cálculos del Ministerio de Hacienda.

A esto hay que añadir el recorte en la recaudación de la bajada del IVA a la electricidad (539,1 millones) y los combustibles (507 millones) o la suspensión del impuesto de generación eléctrica (450 millones), entre otras medidas.

Las medidas enmarcadas en el Ministerio de Agricultura, como la bonificación para los fertilizantes, tendrán un coste de entre 800 y 900 millones; las del Ministerio de Industria, unos 700 millones, y las de los ministerios de Transición Ecológica y Transportes, unos 500 millones cada uno, según fuentes gubernamentales.

CEOE y Cepyme han trasladado su "profunda preocupación" por la aprobación por parte del Gobierno de un Real Decreto-Ley con medidas en materia de vivienda y han asegurado que la inclusión del mismo es "fruto" de una "presión política incomprensible" de una parte del Ejecutivo, en alusión a Sumar.

A la espera de conocer el redactado final de estas, CEOE ha trasladado su rechazo a las medidas que introducen nuevas limitaciones al mercado del alquiler, ya que, a juicio de la patronal, suponen una "injerencia injustificada" en el derecho a la propiedad privada y generan una "preocupante" inseguridad jurídica.

Así, han advertido de que este tipo de intervenciones, incorporadas en un paquete de carácter extraordinario vinculado a la crisis energética y económica derivada del conflicto, desincentivan la oferta, retraen la inversión y agravarán los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos.

En esta línea, CEOE y Cepyme han trasladado la necesidad de políticas públicas que "refuercen" la seguridad jurídica y se centren en los objetivos propios de la situación de emergencia, evitando planteamientos "intervencionistas e ideológicos" que ya han demostrado su "ineficacia".

La bajada del tipo del impuesto de hidrocarburos aprobada este viernes por el Consejo de Ministros supondrá una reducción de la fiscalidad de la gasolina de 98 octanos de 14,49 céntimos de euro por litro y, en el caso del gasóleo, de 4,9 céntimos por litro, según han detallado fuentes del Gobierno.

Esta rebaja del impuesto especial de hidrocarburos al mínimo que permite la normativa europea también se aplicará a otros combustibles, como la gasolina de menos de 98 octanos (11,37 céntimos por litro), el bioetanol y el biometanol, y se verá complementada con la rebaja del IVA para los carburantes, que pasa del tipo general (21 %) al reducido (10 %).

De forma gráfica, fuentes de Hacienda han apuntado que si la gasolina de 95 octanos costaba 1,8 euros el litro, bajará a 1,51 euros el litro; si la gasolina de 98 octanos costaba 1,94 euros el litro, bajará a 1,6 euros el litro, y si el diésel costaba 1,9 euros el libro, bajará a 1,67 euros el litro. EFE

El PP considera que la decisión del juez Peinado de mandar el 'caso Begoña Gómez' a un jurado popular anticipa un "vía crucis" judicial para el entorno de Pedro Sánchez, según han indicado fuentes populares, que han recordado que en abril comenzará el juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García y, en mayo, el juicio contra el hermano del jefe del Ejecutivo.

En concreto, Peinado ha insistido este viernes en su decisión de enviar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a un jurado popular si el caso llega finalmente a juicio y ha citado a los investigados, la Fiscalía y las acusaciones el próximo 1 de abril.

En un auto de 47 páginas, el magistrado, que investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, también acuerda la acumulación conjunta de la investigación de los hechos en una pieza separada por un "hipotético delito de malversación de caudales públicos" contra Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

La formación de Carles Puigdemont ha recibido con buenos ojos el decreto del Gobierno con rebajas fiscales, del que se apunta buena parte de las medidas incluidas.

"Junts ha forzado una batería de medidas anticrisis para rebajar los impuestos y paliar los efectos de la guerra sobre la economía", ha celebrado el partido independentista en una nota, en la que ha asegurado que eso le lleva a "valorar el voto favorable a las medidas".

Junts recuerda que ya llevó una propuesta en similares términos al Congreso hace unas semanas, por lo que entiende que el Gobierno ha recogido su posición en el decreto presentado este viernes para hacer frente a la situación económica derivada de la guerra en Irán.

En concreto, valora las rebajas del IVA del 21% al 10% del gasoil, la electricidad y el gas natural, así como la rebaja del impuesto especial de la electricidad del 5,11 al 0,5% y la suspensión temporal del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que era del 7%. Destacan asimismo que también se han incorporado ayudas a las empresas electrointensivas.

No obstante, Junts no se pronuncia sobre la prórroga por dos años de los contratos de alquiler, acordada en un segundo decreto por el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes.

El plan de 5.000 millones para paliar los efectos económicos de la guerra anunciado por Pedro Sánchez tiene letra pequeña. Su fecha de caducidad será el 30 de junio.

Así lo acaba de confirmar el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa en la que da cuenta de algunas de las rebajas fiscales que se van a poner en marcha.

En concreto, señala que "la vigencia de estas medidas se extenderá hasta el 30 de junio de 2026" pese a que el dinero destinado a este plan apenas supone una quinta parte de los 25.000 millones en los que aumentará la recaudación fiscal este año.

El presidente del Gobierno ha presentado este viernes un conjunto de 80 medidas con distintas bonificaciones fiscales para tratar de "abaratar los precios que afectan a la ciudadanía" y tratar de paliar los efectos inflacionistas derivados del aumento de las materias primas.

El PNV se ha mostrado satisfecho por las medidas acordadas este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario para paliar los efectos de la guerra de Irán en los precios de los carburantes y la energía, aunque deben "analizar" todavía las medidas sobre vivienda y los controles sobre los márgenes empresariales.

Fuentes del PNV han destacado que el Gobierno les informó durante la tarde del jueves de las "principales medidas del decreto inicial previsto, con medidas para el control de los precios de los carburantes y la energía".

Para la formación, y tras escuchar a Sánchez, las medidas "siguen la filosofía" de las propuestas lanzadas por el grupo vasco para actuar con ayudas directas e iniciativas fiscales sobre sectores concretos como el transporte, la industria y la ganadería y la pesca.

El partido jertzale recalca que su propuesta era clara: "familias y autónomos no podían ser quienes pagaran las consecuencias de esta crisis, y la industria, motor de la economía en Euskadi, tampoco, especialmente la electrointensiva".

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), dos de las patronales del transporte por carretera, han calificado el plan anticrisis anunciado este viernes por el Gobierno como "poco ambicioso e insuficiente".

La CETM considera que las medidas anunciadas resultan "claramente insuficientes" para hacer frente a la "grave situación" que atraviesa el sector como consecuencia del encarecimiento del combustible.

Por su parte, la Fenadismer ha precisado que las medidas del plan anticrisis carecen de la "ambición necesaria" para el sector.

Aunque valora el restablecimiento de la bonificación de 20 céntimos en el carburante consumido por el sector del transporte por carretera que se aplicó en 2023, si bien apostilla que es una medida de "alcance limitado ante la magnitud de la crisis energética actual".

Sobre la reducción del IVA del 21 % al 10 %, Fenadismer ha puntualizado que tiene "su doble efecto" y lo justifica porque, para el transportista profesional, esta rebaja es neutra en su cuenta de resultados (es un impuesto deducible en su actividad económica).

Medidas laborales:

- Prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.

- Impulso a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible, a lo que estarán obligadas a tener todas las empresas de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno, para facilitar los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo.

Medidas de vivienda:

- Congelación temporal de los precios del alquiler.

- Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, han informado fuentes de Sumar.