Bono, llamado a la 'comisión Koldo' por los negocios en Dominicana, los enchufes y favores urbanísticos de Ábalos

El exministro de Defensa, expresidente del Congreso y expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha tendrá que dar cuenta de los favores urbanísticos que pidió al Ministerio de Transportes que entonces ocupaba José Luis Ábalos, cuando también era secretario de Organización del PSOE.

Esas gestiones se hicieron en beneficio de un cliente con el que Bono comparte sede y negocios en la República Dominicana.

Así lo desveló este periódico en exclusiva tras acceder al contenido del móvil de Koldo García, antiguo asesor y mano derecha de Ábalos en Transportes.

Ese teléfono está siendo analizado por la UCO de la Guardia Civil en el marco de las causas judiciales sobre la compraventa de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, así como sobre licencias de obra presuntamente amañadas en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

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En una de esas conversaciones, Bono pide a Koldo que interceda ante Ábalos en favor de los intereses urbanísticos de un empresario, "el de la rotonda", que comparte con él despacho en la misma dirección de Madrid.

Se trata de un cliente con el que el exministro se asocia en proyectos hoteleros y de restauración en la República Dominicana, donde comparten negocios y sociedades.

Los mensajes muestran cómo el veterano dirigente socialista recurre a la vía directa con el equipo de Ábalos para tratar de acelerar o facilitar trámites de licencias en el Ministerio de Transportes. En ellos, Koldo actúa como intermediario y traslada las peticiones a Ábalos, titular del departamento.

En otro hilo de chats, Bono solicita algo distinto pero igualmente comprometido políticamente. Pide a Ábalos que coloque en Ineco, la ingeniería pública dependiente del Ministerio de Transportes, a un joven militante del PSOE al que presenta como "un chaval encantador" y de máxima confianza.

El exministro de Defensa reclama para él una oportunidad laboral en la empresa pública, que acaba materializándose con un contrato apenas unos días después.

En los mensajes, Koldo informa a Bono de la evolución de las gestiones, le confirma la contratación y le comunica los problemas administrativos que se van produciendo.

El tono de confianza entre ambos y la forma en que se solicita el puesto refuerzan la idea de un enchufe directo tramitado por el entorno de Ábalos a petición de un histórico del partido.

Dominicana, centro de operaciones

La tercera gran línea de investigación en torno a Bono, y que la comisión quiere ahora someter a su versión directa, pasa por sus negocios en la República Dominicana. Los registros del móvil de Koldo revelan que el exministro se asoció con un hombre de confianza de Ábalos en ese país caribeño.

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Según la documentación y los mensajes publicados, Bono comparte allí proyectos con un colaborador del entonces titular de Transportes que se convirtió en pieza relevante del 'caso mascarillas'.

En uno de los intercambios, el exministro informa de que ya ha enviado "a Juan los datos de la factura", en referencia a uno de los socios implicados en las operaciones.

La correspondencia refleja que Bono no sólo conocía, sino que participaba activamente en los negocios y en los cobros que se derivaban de ellos. Los chats muestran coordinaciones para facturar, para organizar pagos y para ajustar detalles de una actividad mercantil compartida con un miembro del círculo de Ábalos.

Ese entramado privado se superpone a sus gestiones políticas ante el Ministerio de Transportes y a su capacidad de influencia dentro del PSOE. Es esa mezcla de planos, entre lo institucional, lo orgánico y lo económico, la que ha llevado a la mayoría de la Mesa de la comisión a citarle a comparecer.

Los grupos que controlan los trabajos en el Senado quieren que Bono explique si utilizó su peso político para conseguir favores urbanísticos y colocaciones en el sector público.

Asimismo, pretenden aclarar qué papel exacto tuvo en la sociedad creada en Dominicana con el hombre de Ábalos y si ese vínculo pudo influir en decisiones administrativas o contractuales en España.