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La regularización de Sánchez será un coladero: el inmigrante quedará 'limpio' si en un mes no recibe los antecedentes penales
Si el país de origen no responde en 30 días, bastará la "declaración responsable" del solicitante para que se "entienda" que nunca ha cometido delitos.
Más información: La UE pide desde 2024 que las regularizaciones de inmigrantes 'se coordinen entre Estados' y desde 2008 que sean 'selectivas'.
El Gobierno ha diseñado una regularización extraordinaria que, sobre el papel, filtra con los antecedentes penales, pero que en la práctica abre un enorme coladero de seguridad. Si el país de origen no contesta "en un mes", bastará con que el solicitante firme una "declaración responsable" para que España "entienda" que nunca delinquió.
La presunción de inocencia se convierte así en presunción administrativa de 'limpieza' en el historial penal, sin pruebas y con un margen de tiempo mínimo.
La clave está en la letra pequeña del decreto aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros para regularizar, al menos, a 500.000 inmigrantes. La norma rebaja sustancialmente las cautelas que contenía el reglamento aprobado en 2024.
Ahora, lo que antes era una excepción "en circunstancias excepcionales debidamente acreditadas" se convierte en una regla general aplicable a toda la regularización masiva.
Hasta ahora, el reglamento de extranjería exigía que el extranjero acreditara la ausencia de antecedentes penales en los países donde hubiera residido en los últimos cinco años. Sólo cabía "excepción" en casos muy tasados y acreditando siempre de forma sólida la imposibilidad de obtener el certificado por parte del solicitante.
La carga de la prueba recaía en el interesado y la excepción estaba pensada para contextos extremos: Estados fallidos, guerras, persecuciones.
Con el nuevo reglamento, esa cautela salta por los aires. Ahora, el texto establece que, si en el plazo de un mes el país de origen no responde, la Administración española avisará al interesado.
A partir de ahí, el propio inmigrante "podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales". Y esa sola firma bastará para que se entienda que "carece de antecedentes penales" en esos países. No se exige acreditación, ni se menciona un análisis caso por caso, como exige la UE.
Requisito laboral relajado
En España, además, el proyecto facilita la cancelación de antecedentes penales existentes. Si el extranjero tiene condenas cancelables, la responsabilidad se desplaza del inmigrante a la propia Administración. Será el órgano que tramite la regularización quien comunicará el caso al Ministerio de Justicia.
Los defensores del decreto alegan que muchos Estados no expiden certificados de penales en plazos razonables.
Argumentan que un sistema rígido dejaría "atrapadas en el limbo a personas integradas de facto en España". Sus detractores advierten de que este esquema es un coladero potencial y que no se puede "tratar a los inmigrantes como paquetes a repartir".
El diseño del resto de requisitos empuja en la misma dirección. Sobre el papel, el decreto exige tres condiciones para optar al "proceso extraordinario": un vínculo laboral, una unidad familiar o una situación de vulnerabilidad.
Pero en la práctica, el tercero vacía de contenido a los dos primeros, pues se entiende que todo migrante sin papeles está en situación vulnerable.
![Irene Montero e Ione Belarra este lunes durante el anuncio de la regularización de migrantes.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/27\/actualidad\/1003744105298_261110774_320x180.jpg"])
Además, bastará con acreditar haber trabajado alguna vez durante la permanencia en España (sin especificar duración mínima) o presentar un contrato de trabajo (sin especificar ni duración ni jornada).
Y si eso no se cumple, queda la puerta de la "vulnerabilidad", que se podrá acreditar mediante informes de servicios sociales o entidades del Tercer Sector. Pero el propio decreto introduce otro coladero, porque la mera irregularidad administrativa se convierte en llave de acceso.
Otras facilidades
En el régimen vigente hasta ahora, el arraigo social pedía dos años de permanencia y medios económicos de entre 600 y 1.200 euros mensuales según la composición familiar. El arraigo sociolaboral exigía un contrato de al menos seis meses, 20 horas semanales y salario conforme al SMI.
Esa arquitectura se justificó como filtro para seleccionar a quienes ya estaban integrados.
El nuevo decreto rebaja ese listón. La autorización única se concede con sólo cinco meses de permanencia antes del 31 de diciembre de 2025. Sin necesidad de demostrar capacidad económica ni exigencias laborales específicas, ya citadas.
El procedimiento también se aligera al máximo.
La Administración diseñará un formulario simplificado que se podrá presentar en numerosas oficinas públicas, no sólo en Extranjería.
Además, la admisión a trámite tendrá "un plazo máximo de 15 días". Desde ese momento, el solicitante obtendrá una autorización provisional para residir y trabajar, por cuenta propia o ajena, en todo el territorio y en cualquier sector. Y el plazo máximo de resolución será de tres meses, con tramitación preferente.
Asimismo, la mera presentación de la solicitud suspenderá automáticamente cualquier procedimiento de retorno o decisión de expulsión hasta que se resuelva el expediente.
Y aunque este permiso de un año se presenta como puente temporal hacia el sistema ordinario, la realidad es que, si no se accede a otra figura, el decreto permite prorrogarlo sin límite claro.
![Moncloa cree que empiezan a encajar de nuevo las piezas para retomar el bloque de investidura y llegar hasta 2027](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/27\/actualidad\/1003744106285_261122579_320x180.jpg"])
La protección alcanza también a los familiares. Los hijos menores o mayores con discapacidad podrán regularizarse de forma simultánea a sus progenitores, sin requisitos adicionales de permanencia, medios económicos ni vivienda, y con autorizaciones de hasta cinco años.
Lo mismo ocurrirá con los ascendientes de primer grado que convivan con el beneficiario.
A favor y en contra
El Gobierno defiende que se da "una respuesta ordenada a una realidad existente": cientos de miles de personas que ya viven en España. Argumenta que la regularización permitirá que coticen, paguen impuestos y salgan de la economía sumergida.
Y subraya que la iniciativa responde a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 700.000 firmas... aunque los criterios selectivos, en realidad, se han modificado significativamente a la baja.
El PP, en cambio, habla de "decisión irresponsable" y de "traición" a los socios europeos. Porque el voto favorable de los populares a la tramitación de la ILP, en abril de 2024, buscaba garantizar una regularización "caso por caso" y añadiendo los antecedentes policiales a los penales.
"Esto va a afectar a nuestros socios de la UE, porque los regularizados podrán circular por toda la UE. Es además una traición al Pacto de Migración y Asilo, que ha firmado España", denuncia la dirigente del PP Ester Muñoz.
La portavoz popular en el Congreso recuerda que "gobiernos del PP hicieron regularizaciones, sí", pero insiste en que "cuando la hizo Aznar fue conforme a la ley, y no había un Pacto vigente en la UE". Entonces, además, en España vivían menos de un millón de extranjeros, "y ahora estamos cerca de los ocho millones".
Muñoz avisa del impacto sobre los servicios públicos. "¿Se ha hecho un estudio de cómo están nuestros servicios públicos y de cómo van a colapsar? Porque se van a jubilar 5.000 médicos en los próximos años".
Y alerta del efecto llamada: "Decirle a la gente que venga sin control también es inhumanidad. Van a hacer a más gente jugarse la vida en el mar".
Muñoz sostiene que la decisión del Ejecutivo, en realidad, responde a cálculo electoral. "No lo hacen por ideología, sino por interés político: nada ha cambiado desde 2024 salvo que han perdido la mayoría parlamentaria... es deleznable este uso de las personas más vulnerables".
