Ilustración: Tomás Serrano
La UE pide desde 2024 que las regularizaciones de inmigrantes 'se coordinen entre Estados' y desde 2008 que sean 'selectivas'
El Pacto de 2008 –aún vigente– ya advertía contra regularizaciones "generalizadas", y el de 2024 exige "informes anuales" de la Comisión para "prevenir movimientos secundarios", temiendo que los regularizados en un Estado se trasladen a otro sin control.
Más información: Podemos se abre a negociar la delegación de la inmigración a Cataluña tras aceptar el PSOE legalizar a 500.000 migrantes.
El Consejo de Ministros aprobó este martes una regularización masiva que, probablemente, se convierta en la más amplia de la democracia española: entre 500.000 y un millón de inmigrantes en situación irregular recibirán papeles con sólo acreditar cinco meses de estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Pero la medida contradice el espíritu de los dos pactos europeos sobre inmigración –el de 2008, aún vigente, y el aprobado en 2024, al final de la última presidencia española del Consejo– que establecen criterios para este tipo de regularizaciones.
Ambos documentos reclaman "coordinación" entre Estados miembros y advierten contra los "movimientos secundarios" de migrantes entre países Schengen. Si bien ninguno de los dos tiene carácter vinculante, este mismo fin de semana Alberto Núñez Feijóo prevé advertir a sus colegas del PP Europeo, en una reunión en Zagreb.
Pedro Sánchez ha optado por esta vía unilateral, sin consultas previas a Bruselas ni a sus socios europeos. Y el Ejecutivo prevé regularizar a una cifra entre el 1% y el 2% de la población española, superando la última gran operación similar, la de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 (700.000 regularizados).
2008: no "generalizadas"
El Pacto de Migración y Asilo de 2008 fue acompañado, el 10 de junio de 2009, de un documento para establecer un método de seguimiento adoptado en plena crisis financiera global... y como respuesta a la operación de Zapatero.
En su anexo, el texto es explícito: los Estados se comprometen a "usar sólo regularizaciones caso por caso, no generalizada, bajo legislación nacional, por razones humanitarias o económicas".
El documento especifica que los países deben informar anualmente a la Comisión sobre "si han cambiado sus políticas de regularización como resultado de la crisis económica".
Alberto Prieto, sobre la regularización de inmigrantes.
Fuentes de la negociación de aquel Pacto, consultadas por este diario, confirman que la distinción entre "caso por caso" y "generalizada" fue clave para lograr el consenso.
Francia, bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, presionó para prohibir completamente las regularizaciones masivas alegando "efecto llamada". Pero los jefes de Gobierno de España, Italia y Grecia lo impidieron.
El compromiso final permitía procesos de gran volumen siempre que cada expediente "fuera evaluado individualmente". La regularización española de 2006 había cumplido ese criterio: exigía contrato de trabajo, alta en Seguridad Social y ausencia de antecedentes, requisitos verificados uno a uno.
Sin embargo, el decreto aprobado este martes por Sánchez relaja esos criterios drásticamente: basta acreditar cinco meses de estancia con documentos como empadronamiento, billetes de transporte o envíos de dinero. No se exige contrato laboral ni arraigo verificable. Sólo la ausencia de antecedentes penales.
2024: "coordinación de los Estados"
Un informe de la Biblioteca del Congreso estadounidense sobre el Nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, aprobado provisionalmente el 20 de diciembre de 2023, y cuya entrada en vigor comenzó en abril de 2024, detalla las novedades significativas respecto al de 2008.
La más relevante: obliga a los Estados miembros a "implementar estrategias nacionales de asilo y migración" que la Comisión supervisará mediante un Informe Europeo sobre Gestión de Migraciones de periodicidad anual.
Ese informe debe "evaluar posibles desarrollos en flujos migratorios hacia la UE, incluida su evolución rápida", y "servir como herramienta de alerta temprana" para prevenir crisis.
Además, la Comisión deberá presentar "recomendaciones anuales" dirigidas expresamente a "prevenir movimientos secundarios" entre los Estados miembros.
El temor de Bruselas era evidente: que los regularizados en un país Schengen se trasladen libremente a otro, aprovechando la libre circulación. Francia, Países Bajos y Alemania denunciaron "el evidente efecto llamada".
Los tres gobiernos acusaron a España de "violar el espíritu del Tratado de Schengen", que exige consultas previas entre Estados antes de medidas con repercusiones transnacionales.
Ese caso ya se había dado en Italia cuando, en 2011, dio paso libre a más de 28.000 tunecinos huidos en el inicio de la Primavera Árabe. Roma concedió permisos temporales, que permitieron movilidad hacia Francia, cuyo Gobierno respondió cerrando temporalmente la frontera con Italia.
París invocó el "orden público y la seguridad nacional", argumentando que los regularizados no cumplían el requisito de "medios de subsistencia" para circular libremente por territorio Schengen.
Ese episodio demostró dos realidades: que Schengen permite controles temporales ante situaciones excepcionales, y que las regularizaciones nacionales tienen efectos transnacionales inevitables.
De hecho, en la actualidad, 12 Estados Schengen mantienen controles terrestres por razones de migración irregular o seguridad.
Y lo cierto es que el Pacto de 2024 sigue sin establecer mecanismos ejecutivos para frenar regularizaciones unilaterales. Las "recomendaciones" de la Comisión no son vinculantes. Los Estados mantienen soberanía absoluta sobre quién puede adquirir residencia legal en su territorio.
"Contrario al pacto europeo"
Feijóo, líder del PP, prevé llevar la regularización española a la cumbre del PPE en Zagreb los días 30 y 31 de enero. Allí coincidirá con el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
![Alberto Núñez Feijóo, durante la rueda de prensa posterior al fin del luto oficial por el accidente de Adamuz.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/26\/espana\/politica\/1003744104969_261107087_320x180.jpg"])
Fuentes de Génova consultadas por este diario confirman que el PP ve la regularización como "contraria al pacto europeo de inmigración". Según los populares, "el efecto llamada es innegable".
Los populares creen que Sánchez "alimenta a Vox" con este tipo de propuestas y que la medida abunda en los perjuicios de los que ya advertía el Plan Migratorio presentado por el PP, el pasado octubre: barrios tensionados y servicios públicos al límite.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, incluso abundó en que la iniciativa encajaba en un timing político en busca de "tapar la crisis ferroviaria de Óscar Puente".
La postura de Feijóo es clara: "En la España socialista, la ilegalidad se premia". El líder de la oposición promete que, si gobierna, cambiará la política migratoria "de arriba a abajo".
Soberanía sin fronteras
La arquitectura europea carece de fuerza ejecutiva en política migratoria. Aunque la Comisión y el Parlamento llevan desde 2008 reclamando coordinación, los Estados mantienen competencia exclusiva sobre regularizaciones como la aprobada este martes.
La UE ha intentado responder introduciendo "evaluaciones anuales" y "recomendaciones" de la Comisión sobre movimientos secundarios en el Pacto de 2024. Pero esto no vincula a los Estados ni les prohíbe regularizar masivamente.
![Sánchez recurre al “papeles para todos” en plena crisis por los muertos de los trenes y alimenta a Vox ante las urnas](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/26\/actualidad\/1003744104950_261106781_320x180.jpg"])
Sólo se exige transparencia política, que seguirá siendo débil mientras no haya mecanismos sancionadores.
Así, España, como Estado miembro, retiene pleno derecho a regularizar sin autorización previa de Bruselas. El sistema europeo combina libre circulación interna con soberanía migratoria nacional, una contradicción estructural que la UE no ha podido resolver en dieciocho años.
Y probablemente no lo resolverá en los próximos.
Porque la alternativa –armonizar completamente la política de admisión con criterios europeos obligatorios– es políticamente inviable. Hungría y Polonia lo bloquearon durante las negociaciones del Pacto de 2024, y Alemania se lo replantea ahora, con Merz en el poder... mirando a Sánchez.
Mientras tanto, Sánchez ha optado por la vía unilateral. **Medio millón de 'papeles' sin consultas previas, esquivando el Congreso y en plena crisis ferroviaria con 46 muertos.** El PP lo llevará a Bruselas. Bruselas no podrá hacer nada. Y el ciclo se repetirá.
